Un estudio de la Universidad de Las Palmas ha ideado un nuevo método para ponerle una cifra al coste de la corrupción en España. La cifra en concreto es de 40.000 millones de euros al año (precios del 2008) y se ha obtenido, según los autores del estudio, con una nueva metodología que “permite reducir los problemas de subjetividad en la percepción de la corrupción cuando se usan encuestas a expertos o a ciudadanos”. Con este método se incluiría la corrupción que no sale a la luz, por ser desconocida o no haber pasado por un juicio, así como costes que no se incluyen en el resto de los medidores, como el desánimo a invertir a causa de la corrupción.
Es difícil juzgar si esta cifra es acertada o no por el mero hecho de aquello que mide, lo que sí se puede afirmar es que la corrupción conlleva toda una serie de costes que van más allá de la cifra que sale a la luz en los casos que se destapan cada día. Sin ir más lejos, puedo hablar de costes de oportunidad: el dinero que entra en el circuito de la corrupción desaparece de la economía real. Como ejemplo, una empresa que conocí de primera mano, que necesitaba una serie de ayudas para las que cumplía los requisitos adecuados y de las cuales dependía su supervivencia. El dirigente de la Consellería de Industria del gobierno autonómico correspondiente concedió que entendía la situación, que la cantidad solicitada era adecuada y que la ayuda era pertinente; pero que no había fondos. Recientemente este dirigente ha sido juzgado y condenado por desvío de caudales públicos de hasta 8 millones de euros. La empresa cerró en 2009 y los 35 trabajadores de esta empresa están en la calle; algunos (con más de 50 años) nunca volverán al mercado laboral.
