IRPH

La cruzada de los hipotecados al índice de referencia IRPH ha sido muy larga y dura ya que durante muchos años han visto como pagaban unos intereses claramente abusivos, muy superiores al Euribor. Afortunadamente el Tribunal Europeo les ha dado la razón y ha determinado que para que la cláusula IRPH sea transparente para el consumidor debe disponer de información clara y suficiente para que le permita conocer las condiciones y consecuencias económicas que implica.

Ahora toca que los bancos muevan ficha demostrando que han cumplido con las obligaciones de información y transparencia exigidas algo que no ha sucedido en muchos casos con lo que gran parte de los clientes pueden acudir a los tribunales.

Ante este panorama muchos serán los bancos que ofrezcan a los clientes una propuesta para llegar a un acuerdo amistoso y no llegar a juicio, en estos casos conviene de momento no firmar nada si no lo ha examinado un experto ya que una vez se firme se pierden todas las posibilidades de emprender acciones legales.

La doctrina establecida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en su último auto sobre el índice IRPH, de noviembre de 2021, dice que es el juez nacional el que debe dar a elegir al consumidor entre revisar su contrato sustituyendo la cláusula abusiva que fija un tipo de interés variable por otro índice previsto por la ley con carácter supletorio (generalmente el Euribor) o proceder a la anulación del contrato hipotecario en su conjunto, cuando este no pueda subsistir sin esa cláusula.

Por ejemplo, para una hipoteca de 170.000 euros a devolver en 25 años, con tipo de interés variable de IRPH con un +0,8% de diferencial, una familia podría recuperar hasta 38.000 euros.

La litigiosidad bancaria en los tribunales descendió un 22% en 2020, pero los pleitos por las hipotecas ligadas al IRPH casi triplicaron su número en el ejercicio (+141%), según recoge el ‘Estudio Jurisprudencial de 2020’ elaborado por Asufin.

El resultado del estudio está marcado por la sentencia que tuvo lugar en 2020, el dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en marzo, que estableció que son los jueces los que deciden en cada caso si las hipotecas ligadas al IRPH son abusivas -pero la cuestión no se ha aclarado por completo y existe división entre muchos tribunales de primera instancia y determinadas audiencias provinciales

La base de datos de la asociación suma 10.568 sentencias a cierre de 2020, de las que 690 se registraron en 2020, un 22% menos que las 790 sentencias de 2019. Se ha mantenido invariable la tasa de éxito a favor del consumidor, que vuelve a situarse en el 90%, y el producto que acapara la mayor parte de las sentencias sigue siendo la hipoteca multidivisa, con 326 fallos, frente a los 404 del año anterior.

El estudio destaca el aumento de sentencias relacionadas con hipotecas IRPH, que pasaron de 12 litigios en 2019 a 29 en 2020.

La presidenta de Asufin, Patricia Suárez, ha resaltado que el consumidor “sigue ganando en tribunales por los pleitos derivados de malas prácticas en el mercado”. “Las entidades deben ser conscientes de esta realidad y fomentar de manera más decidida los acuerdos extrajudiciales que eviten al consumidor el elevado gasto y la difícil travesía de afrontar procedimientos judiciales que, en ocasiones, se extienden hasta tres y cuatro años”, ha apuntado.

Sigue el follón en los tribunales sobre las hipotecas referenciadas al Euribor y al paso que vamos quizás lo mejor sería una solución como la que sugirió el Defensor del Pueblo, algún tipo de mecanismo extrajudicial como ocurrió con las hipotecas suelo.

Mientras tanto siguen cayendo con cuentagotas las sentencias favorables a los hipotecados al IRPH las dos últimas que conocemos vienen de Navarra, concretamente del Juzgado de Primera Instancia Nº 7 BIS que ha anulado el índice IRPH aplicado a hipotecas por considerar que las entidades financieras no habían sido transparentes en la información dada al cliente.

En las sentencias señalan que la cláusula que contiene el IRPH no supera el control de transparencia ya que “no consta que se ofreciera al prestatario la información exigida por la normativa de transparencia bancaria y, en particular, que se le advirtiera cuál había sido la evolución del índice elegido en los dos años anteriores a la suscripción del contrato de préstamo y del último valor disponible”.

La cláusula también es “abusiva, porque en contra de las exigencias de buena fe, causa en perjuicio del consumidor un desequilibrio de los derechos y obligaciones de las partes”. La sentencia remarca que la entidad no facilita al cliente toda la información de la que dispone e impide que compare el índice con otros existentes en el mercado, de forma que pueda decidir qué es más ventajoso.

Una vez anulado el IRPH se ofrecen dos alternativas, o declarar la nulidad de todo el contrato  o la subsistencia del contrato, pero sustituyendo la referencia IRPH por el Euríbor a un año, además de que el banco debe recalcular el cuadro de amortización del préstamo y abonar al consumidor el exceso de intereses pagado de más en la aplicación del índice abusivo en el contrato.

Todo el culebrón de las reclamaciones de las hipotecas al IRPH cada vez se parece más al que vivimos en su día con las cláusulas suelo que finalmente tuvieron un buen desenlace para los hipotecados.

Esta vez ha sido el Defensor del Pueblo el que se ha manifestado señalando que es “necesario” que se establezca un sistema extrajudicial para evitar el colapso de los tribunales ante una posible avalancha de demandas de afectados por las hipotecas referenciadas al IRPH, según expone en su informe de gestión de 2020.

El defensor del pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, recuerda en el documento entregado este jueves en el Congreso de los Diputados que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), aunque dejó en manos de los jueces nacionales estudiar estas hipotecas caso por caso, aún debe pronunciarse acerca de las nuevas preguntas planteadas por varios juzgados españoles sobre este tema.

Fernández Marugán se refiere a la sentencia dictada por el TJUE en marzo de 2020, la cual no declaraba nulo este índice oficial, pero determinaba que para que la cláusula fuera transparente no solo tenía que ser comprensible desde el punto de vista “formal y gramatical”, sino que debía aclarar al consumidor medio cómo se calcula el tipo de interés y sus consecuencias.

A raíz de aquel veredicto, explica, el Defensor del Pueblo propuso de oficio a la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa que se estableciera un sistema extrajudicial para evitar el colapso de los tribunales.

Economía “manifestó una positiva valoración de principio” al estimar que este tipo de mecanismo “puede suponer una mejora tanto para los clientes financieros como para el resto de partes afectadas”.

Sin embargo, consideraba que la evolución de las demandas en los tribunales hacía pensar “que la litigiosidad no resulte tan alta como en principio podría preverse”.

Con todo, la Administración se mostró a favor de buscar soluciones regulatorio-institucionales, como la ya anunciada Autoridad de Protección del Cliente Financiero, para los casos judicializados con carácter masivo.

A LA ESPERA DE EUROPA

Meses después de la sentencia de Luxemburgo, el Tribunal Supremo descartó, en cuatro sentencias, que las hipotecas estudiadas fueran abusivas, a pesar de detectar que hubo falta de transparencia en la contratación, cuando el banco no informó de la evolución del índice en los dos años anteriores.

Esta decisión llevó al juez de Primera Instancia número 38 de Barcelona, Francisco González de Audicana -el mismo que elevó a Europa la legalidad de estas hipotecas por primera vez hace casi tres años-, y a la titular del juzgado de Primera Instancia número 2 de Ibiza, Carmen Robles, a solicitar aclaración.

Entre los aspectos cuestionados está determinar si la publicación del índice en el Boletín Oficial del Estado (BOE) “salva las exigencias de transparencia”, y si resulta contrario a la directiva que la entidad “que impone que un índice de implantación minoritaria como el IRPH no incorpore al contrato su definición completa o no entregue, previo a su suscripción, un folleto con su evolución”.

A esta circunstancia se remite Fernández Marugán en su respuesta a la secretaría de Estado de Economía, a la que insiste en que “habrá que aguardar a la decisión judicial europea para poder estimar el impacto sobre la litigiosidad”.

Poco se habla en los medios del infierno al que están sometidos los hipotecados al IRPH que ven como injustamente se les está cargando unos intereses mucho más elevados de los que el mercado dicta. Pese a los numerosos varapalos judiciales que se han llevado últimamente estamos viendo muchas sentencias que les dan la razón y ordenan a los bancos a sustituir su índice de referencia (IRPH) por el Euribor.

La última viene de Valencia en donde en medio de una ejecución hipotecaria la audiencia provincial ha declarado la nulidad de la cláusula IRPH anunciando lo siguiente:

“Acordamos que la ejecución siga adelante por el principal reclamado y los intereses calculados conforme al Euribor, sobre lo que deberá detraerse la suma ya pagada por el propio ejecutado en tal concepto, debiendo presentarse liquidación por la ejecutante en tal sentido”

Recordemos que hasta el momento la sentencia del Tribunal Supremo apreciaba falta de transparencia pero no abusividad con lo que esta sentencia da vía libre al resto de audiencias provinciales para aplicar esta doctrina.

Actualmente los hipotecados al IRPH pagan de media cerca de 1.500€ más cada año por el tipo de interés que se le aplican, que lejos de acercarse a los valores negativos del Euribor se encuentra actualmente en el 1.571%

Las dos opciones que tienen los afectados de “deshacerse” del IRPH es o bien yendo a los juzgados (que tras esta última sentencia parece una alternativa viable) o bien realizando una subrogación de la hipoteca hacia una variable al Euribor o una fija.

Ya ha pasado más de un año desde que el  el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dio a conocer la sentencia “definitiva” sobre las hipotecas ligadas al Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) una sentencia que no dejó a nadie contento y además no era definitiva ya que la decisión final sobre esa cláusula la tenían que decidir los jueces españoles. Nos devolvieron la pelota.

Y en este entorno tenemos todavía a cientos de miles de afectados (se calcula que más de 1.3 millones) que no tienen noticias durante este tiempo, afortunadamente para ellos cada vez son más los jueces que les están dando la razón, no obstante de momento tienen que ir analizando caso por caso.

Desgraciadamente la tan esperada sentencia del TJUE no ha servido para nada y seguimos como antes pero con un año perdido. De momento varios despachos de abogados y asociaciones de afectados han denunciado al Supremo ante la Comisión Europea lo cual prolongará aún más este litigio, según AUSFIN (la Asociación de Usuarios Financieros) podemos esperar entre un año o año y medio en tener respuesta del TJUE, aunque esperan que esta vez sea más clara y especifiquen si hay abusvidad y cuando hay falta de transparencia.

Los hipotecados al IRPH tampoco piden mucho, simplemente que se aclare si la aplicación de este índice es abusivo por parte de los bancos, ya que no se les ha informado con claridad de su metodología y posible evolución a los clientes.

Por tanto, ha pasado un año y probablemente pase otro más hasta que tengamos un desenlace.