Pau A. Monserrat

Cuando un país gasta estructuralmente más de lo que ingresa, tiene dos opciones:

1. Reducir sus gastos  o aumentar sus ingresos.
2. Endeudarse, solicitando dinero a los mercados.

La primera opción implica un coste electoral directo, al tener que reducir el gasto en partidas muy relacionadas con el día a día del ciudadano (reducción de empleo público, de infraestructuras o en servicios como la educación o sanidad) o bien aumentar los ingresos (vía incremento de tributos, básicamente).

La segunda opción, pedir dinero, a corto plazo pasa desapercibida para los electores, que no son conscientes del coste futuro vía intereses que estamos generando. Al igual que en una familia, el endeudamiento del Estado tiene un coste financiero que sólo tiene sentido si es para inversiones o gastos cuya rentabilidad económico-social supera al coste de la deuda; y sí, me temo que los gestores políticos pocos cálculos de este tipo han hecho al aumentar la deuda subasta tras subasta.

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Tengo que admitir que hasta que no he leído con cierta atención el texto del Real Decreto-Ley 3/2012 no he sido consciente de la enorme crudeza de la reforma en cuanto a derechos de los trabajadores por cuenta ajena se refiere. Diría que los medios de comunicación tradicionales no han sabido o querido explicar en enorme abaratamiento en el despido que supone la última reforma laboral, entre otras pérdidas de derecho de los trabajadores.

Rajoy mintió de forma descarada cuando negó la mayor, que iba a reducir en mucho más del 50% lo que le cuesta a una empresa despedir a un trabajador. Veamos a grandes rasgos lo que ha cambiado:

Antes de esta draconiana reforma laboral, el despido improcedente era lo general, ya que el empresario prefería pagar a tener que ir a juicio y demostrar que el despido era por causas objetivas. El empleado despedido cobraba 45 días por año trabajado, con un tope de 42 mensualidades. El máximo para un trabajador que cobrase 1.000 euros al mes (tomaremos esta cifra para el cálculo, entendiendo que incluye las pagas extras y vacaciones no disfrutadas)  era de 42.000 euros.

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Ya en Salvados tuve ocasión de comentar la influencia de este banco americano en el sistema financiero mundial. Goldman Sachs es una de las principales manos invisibles que mecen la cuna de las economías, dado su poder amasado tras 143 años de existencia.

En un momento de calentón llegué a calificar de «trileros» a los bancos de este país. Hay de todo en la viña del señor, está claro, pero malas uvas hay demasiadas. Ahora sale Greg Smith, ex-empleado de la firma, y escandaliza a la opinión pública con unas verdades que la gran mayoría debería haberse figurado.

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Entre la decenas de críticas que reciben los bancos desde el principio de la crisis una de las principales es el de estar sobreprotegidos. El miedo más o menos infundado a que su caída agrave los problemas les ha hecho receptores de ayudas, presentes y futuras y evitando quiebras como las empresas normales. Por el contrario, no llega el crédito a las familias (UBS ha estimado que sólo el 4% de las inyecciones de liquidez llega a los mercados) y no pidiéndoles medidas más drásticas que ayudaran a los consumidores.

El último caso es el Código de Buenas Prácticas que permite como última opción la dación en pago, es decir que la familia deudora salde su préstamo con el banco con la entrega de la vivienda. La idea es buena pero la ejecución no lo es demasiado, primero por sólo servir de ayuda a los casos más extremos y segundo por que no obliga a las entidades que tienen la potestad de adherirse o no.

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Vaya por delante que no soy de los que abogan por pagar entre todos los contribuyentes las malas inversiones o decisiones de financiación de la gente. Si cada uno no se enfrenta a las consecuencias de los riesgos que asume, el sistema incentivaría asumir un nivel inapropiadamente alto de volatilidad. Dicho esto, siento cierta proximidad con determinadas reclamaciones de una parte de los clientes bancarios que han salido a la calle a manifestar su situación.

Y menciono un caso real que me comentó una hija justamente indignada:

Mis padres de 80 años dependientes y con asistencia permanente, han visto como su caja les ha bloqueado sus ahorros, que tenían guardados para sufragar sus gastos de dependencia. Les colocaron con dolo participaciones preferentes y deuda subordinada.

Y este es un caso verídico de los muchos que se van conociendo. No estamos hablando de que se haya perdido dinero por una inversión que no ha salido bien. Se trata de que hay miles de ahorradores que estaban convencidos de tener su dinero en un producto igual de seguro que un depósito que han descubierto que en nada se le parece y ahora, en el caso de las participaciones perpetuas, o bien no pueden disponer de éste o se ven forzados a hacer un canje por bonos convertibles en acciones o similares que no les interesa.

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