Según el Gobierno, que prefiere hablar de ajustes o de reformas, tales recortes no existen, además ha habido algo de mejoría en este año electoral en el que tantos cargos políticos electos por urnas o a dedo se la juegan. De hecho, se puede hablar por fin de un discreto aumento de la partida presupuestaria en su parte autonómica: hasta los 53.141 millones de euros, un 2,5% más que en el pasado ejercicio. Esto ocurre después de varios años de bajadas y recortes, perdón ajustes, pero sobre todo, después de llevar a nuestro sistema sanitario a límites de falta de recursos casi propios de la postguerra.
Pese a que en España existe un ministerio con competencias en Sanidad, en la práctica la gestión sanitaria recae en las Comunidades Autónomas y el gasto sanitario por tanto recae principalmente en ellas, de hecho alrededor del 86%. Es por ello que existen diferencias notables entre ser atendido en una comunidad autónoma o en otra, ya que el gasto sanitario difiere bastante. Siendo así que pueda resultar más interesante ver el gasto sanitario per cápita en cada Comunidad, más interesante y más descorazonador porque dependiendo de la Comunidad Autónoma en la que uno viva, se demuestra lo que se sospechaba: no se recibe la misma prestación sanitaria en todos los lugares de España. Así, la diferencia entre el gasto per cápita de Euskadi frente a Andalucía superan los 500 €. Estas diferencias no han hecho sino aumentar en estos años de crisis y de “ajustes”.
Pero existen muchos datos más que hablan del deterioro de nuestro sistema sanitario, según datos del Barómetro Sanitario y del propio Ministerio de Sanidad, los pacientes quirúrgicos con más de seis meses en lista de espera han pasado de un 5% del total de los pacientes en espera en 2009 al 13,7% en 2013. De hecho, en ese mismo periodo la media de espera de los pacientes pendientes de una intervención ha pasado de 63 días a 101.
Durante esos años, igualmente, no fueron pocos los hospitales y centros de salud que cerraron o limitaron sus horarios, sobre todo los relacionados con las urgencias en zonas rurales. Los recortes en personas ocasionan saturaciones de trabajo que, en determinados momentos clave, colapsan totalmente los servicios de urgencias, dando como consecuencia esperas de horas, camas en los pasillos, personal superado y, lo peor de todo, errores médicos.
En este sentido, la Asociación de Defensor del Paciente, señalaba a principios del año pasado un total de 798 negligencias médicas con resultado de muerte del paciente a lo largo del 2013 (106 más que en 2012) con un total de 14.307 errores médicos (525 más que el año anterior). Puesto que los profesionales y su formación son básicamente los mismos, sólo se puede explicar ese aumento por los recortes en los medios humanos y materiales disponibles. Según este medio, las deficiencias alcanzan todos los ámbitos, desde ambulancias que no llegan a tiempo (más de una hora tarde o directamente ni ser enviada), a discapacidades en recién nacidos por partos llevados a cabo de forma inadecuada, etc. Pero no sólo eso, en lo que a carga de trabajo se refiere, el incremento de un paciente por cada enfermero/a aumenta la mortalidad en un 7%, según CAS Madrid.
Con esto, lo que se consigue es que empiecen a llegar a los juzgados, ya no sólo estos casos en los que el daño es palpable y casi siempre irreparable, sino también aquellos en los que las molestias a los pacientes resultan especialmente gravosas, de hecho, esperas en los pasillos de urgencias de horas para niños y ancianos están empezando a ser denunciadas judicialmente. Lo más curioso, aunque si se piensa bien, nada sorprendente, son las propias plantillas de los hospitales los que están denunciando a las correspondientes Consejerías de sus respectivas Comunidades Autónomas.
La principal medida del Gobierno para compensar esta falta de medios debido a estas “reformas” ha sido hacer salir del sistema de cobertura sanitaria a todos los inmigrantes que no tengan sus papeles en regla, limitando la prestación que pueden recibir a los servicios de urgencias. Ante el aumento de trabajo en este servicio, negado por la administración, que ha supuesto esta medida, se ha lanzado el globo sonda de poder dotar nuevamente de tarjeta sanitaria al colectivo inmigrante. En definitiva, la eliminación de este colectivo del sistema sanitario sería la solución ideal si estos inmigrantes no tuvieran la mala costumbre de enfermar de vez en cuando.
Otra medida es la evolución de la rica lengua castellana a niveles casi poéticos: así, si un enfermo ha de estar en una camilla de un box de urgencias esperando una cama libre durante varios días, no se le llama saturación se le llama “preingreso”, mientras que colocar camas en los pasillos no es tal cosa, sino “habilitar áreas asistenciales”.
En definitiva, se rebaja el sueldo a los profesionales, se eliminan camas hospitalarias, se ahorra en medios materiales y humanos, se privatizan y externalizan servicios hospitalarios y hasta hospitales enteros, pero los cargos políticos no reducen su número ni sus prestaciones: no hay que olvidar que visto lo visto, el que se lo puede permitir, contrata un seguro privado.
Para terminar, un dato curioso que enlaza con el tema: en Canarias un paciente anciano, y no es el único, con el alta concedida en el 2008 sigue ingresado en el Hospital de Fuerteventura a la espera de una plaza en un centro sociosanitario, donde parece que los recortes han sido aún mayores. Por tanto, hay margen para que aún pueda ser peor.