Manuel González

La crisis del 2008 afectó a España con especial virulencia debido a una serie de factores como fueron una excesiva dependencia del sector inmobiliario, unas malas prácticas financieras y una excesiva exposición al crédito. Si a esto le unimos unos gobernantes que nunca estuvieron a la altura, pensando más en los réditos electorales que en el interés público, el resultado fue que hubo enormes sectores de la población que nunca se recuperaron del golpe.

Por otro lado, después de una serie de catastróficas decisiones, entre las que destacó, por su coste e irrelevancia como medida anticrisis, el famoso “Plan E” de Zapatero, que adelgazó 10.000 millones de euros nuestras escasa arcas, tuvo lugar un rescate desde Europa. Fue un rescate siempre negado, por parte de Rajoy y del Partido Popular, pero rescate, al fin y al cabo, aunque fuese dirigido a mantener a flote el sistema bancario. En él se inyectaron 65.000 millones de euros de los que, a día de hoy, se dan por perdidos más de 40.000.

Y así, entre pitos y gaitas, nuestro país se endeudó hasta niveles que sólo no se habían visto en siglos mientras que el dinero que se generaba apenas llegaba a la economía real. Se ha inyectó en la oferta, en las empresas, además de modo limitado y poco efectivo para las más pequeñas. Y esta situación castigó a la demanda, puesto que se redujeron los salarios y las ayudas sociales.

A pesar de que los años posteriores fueron bastante positivos para nuestra economía, tampoco se abordaron los cambios estructurales necesarios. Es más, lo que se hizo fue nadar en tierra de nadie sin tomar las medidas necesarias para el saneamiento de nuestras arcas públicas, ni las medidas de corte social para permitir que la bonanza económica alcanzase al grueso de la población. La indolencia, por un lado, y la lucha partidista por otro, en menoscabo de esos pactos de Estado que hubieran podido sanear nuestra economía de manera efectiva, han llevado a nuestro país a una situación, a las puertas de una profunda nueva crisis, poco menos que insostenible.

Y llegamos ahora al momento de las medidas que empiezan a perfilarse como propuestas para afrontar la crisis. En este sentido, las podemos agrupar en tres bloques y, atendiendo al orden de verosimilitud y de garantías de éxito en su cometido de reactivar la economía, se pueden resumir de la siguiente manera:

1. Plan A) Enfoque Macro: Bajada de tipos de interés que sirven para incrementar la deuda pública, con compra pública de bonos para evitar que se especule contra esta deuda. Poco que añadir que no conozcamos ya, son las medidas convencionales de la década pasada. Mientras el Banco Central Europeo siga haciendo su parte, esta será una medida viable, en el sentido de que no habrá problema en colocar la deuda pública. El aspecto en el que falla es que no hay que olvidar que la deuda es eso, deuda. Por tanto, hay que devolverla; nuestro nivel de endeudamiento está a niveles más que preocupantes y Europa lleva ya varios años anunciando que el control del endeudamiento debe ser algo crucial en nuestra economía.
2. Plan B) Enfoque Micro: Sistema de avales a empresas y autónomos con el objetivo de mantener especialmente el pequeño tejido productivo que es socialmente el más frágil en este tipo de situaciones. En esta línea, el gobierno español planteó hace unas semanas un plan de avales públicos para empresas de 200.000 millones de euros, de los que estima que finalmente sería necesario responder, aproximadamente, solo a la mitad, más que nada, porque entre que se solicita el crédito, se comprueba, se aprueba y llega el dinero, la empresa puede hacer meses que está criando malvas en el multitudinario cementerio de empresas que va a ser nuestro país.
3. Plan C) Enfoque de estímulo de la demanda: Lo que sería una medida de renta básica, y que se puede dar en dos modalidades. La primera sería una distribución puntual de renta (lo que se ha venido a llamar helicóptero monetario). En esta línea se sitúa la renta básica social, puntual, que ha aprobado el gobierno de Pedro Sánchez, bajo la presión de Unidas Podemos. Y que está teniendo un éxito tal que en todo el tiempo que llevamos desde que se puso en marcha sólo se han aprobado menos de un 1% de las solicitudes presentadas, lo cual le añade un componente de lotería muy entretenido para mantener viva la esperanza de los solicitantes.
   La segunda modalidad sería una renta básica regular, y más o menos universal. Los defensores de una renta básica regular proponen que los gobiernos inyecten renta de modo sostenido, lo que podría contribuir a mantener la demanda. Es un sistema costoso si se sostiene en el tiempo y para el que difícilmente se conseguirá autorización del Banco Central o de los Mercados.

Y hasta aquí, la postura oficial en lo que se refiere a medidas concretas frente a la crisis. Sin embargo, posturas menos conservadoras y seguramente más idealistas plantean una serie de medidas complementarias:

1. Una o varias monedas complementarias con respaldo oficial (Moneda Complementaria tipo A). En este escenario, se daría una distribución de renta puntual, pero se llevaría a cabo en una moneda complementaria. El fondo de respaldo, aval ciudadano, estaría depositado en el Banco de España o en la banca comercial y a la ciudadanía se le entregaría un dinero electrónico, que los comercios podrían recuperar en euros, aunque añadiéndole un mecanismo que desincentive el cambio de moneda a través de un interés negativo, lo que favorecería su utilización y la circularidad del mismo. Con ello se buscaría favorecer que la ciudadanía y los comercios usen esta moneda con frecuencia, aumenten su circulación en el intercambio de productos y servicios y se reserven los euros para el ahorro.
   Un ejemplo de este enfoque sería el REC, que el Ayuntamiento de Barcelona ha implementado desde 2016 a través de NovAct en el eje del Besós y que supone que parte de la renta de inserción inyectada en la comunidad fuera en moneda de uso en el comercio local. Otras monedas de similar tipología, aunque en muchos casos sin inyecciones a la ciudadanía, las encontramos en el sur Francia con el Eusko, en el sur de Alemania con el Chiemgauer o en Reino Unido con el Bristol con mayor o menor peso público local o regional.
2. Monedas complementarias de respaldo social (Monedas complementarias Tipo B). que consistiría en monedas sociales promovidas desde la propia ciudadanía y comunidades más o menos organizadas, sin respaldo en moneda oficial. En ocasiones ha habido apoyo de la administración, como las propuestas por el gobierno griego de Alexis Tsipras en 2012 para las Administraciones Locales, pero en nuestro caso, la totalidad de las monedas sociales creadas en España desde la crisis económica fueron de iniciativa exclusivamente social. Son monedas de crédito mutuo, autogestionadas por los usuarios y de liderazgo comunitario. Surgen desde la iniciativa de personas, movimientos y entidades más activas y dinámicas, y se enfoca a grupos de afines o a los sectores más necesitados y vulnerables.
   En la crisis financiera de hace una década surgieron centenares de iniciativas de este tipo. Actualmente la mayoría están prácticamente desactivadas, por problemas diversos, de distancias y de transporte, por la recuperación de la actividad económica y el empleo, porque los municipios no apoyaron, y porque los comercios no participaron. España fue uno de los países del mundo con mayor presencia de estas plataformas de intercambio en crédito mutuo con cerca de 500 comunidades.

Según el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, si la banca española lograse reducir la morosidad hasta los niveles previos a la crisis y mejorase su eficiencia, los ingresos aumentarían hasta en 5.000 millones de euros anuales. Y esto a pesar de la política monetaria actual de BCE, que sigue perpetuando el escenario de tipos de interés en negativo de la eurozona.

Lo de reducir la morosidad es algo en lo que poco se puede hacer, ya que depende en gran medida de la situación económica de la sociedad, de hecho, la morosidad está por encima del 5% frente al 0,72% de finales de 2006, según datos del Banco de España.

Sin embargo, en lo de mejorar la eficiencia sí parece haber margen, si por mejorar la eficiencia entendemos despedir empleados, empeorar el servicio y aplicar más comisiones. Obviamente, de las tres propuestas sólo la primera y enmascarada con eufemismos es confesable, y así, los ajustes de plantilla y sucursales se convierten en la clave, siendo una fusión la mejor manera de aligerar peso salarial sin grandes disputas.

De hecho, el covid-19 ha hecho que las entidades hayan acelerado sus reajustes de plantilla. Desde que arrancó el año, Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia y Sabadell cuentan con 935 personas menos en plantilla y han cerraron 125 oficinas. Bankia ha anunciado que cerrará este verano otras 140 oficinas. Banco Sabadell considera que una de las lecciones aprendidas con la crisis del coronavirus es que el teletrabajo funciona bien y servirá como medida para impulsar la eficiencia en la red, acelerando el plan de cierre de oficinas. La entidad redujo el número de oficinas abiertas al público en cuarentena, de manera provisional echó el cierre a unas 490 y algunas no han vuelto a abrir.

En cuanto a las fusiones se refiere, si antes del parón de la economía y el destrozo que el coronavirus nos va a dejar a todos, ya existía una clara tendencia a la fusión de entidades, y aunque, precisamente esta crisis sanitaria ha paralizado el escenario de uniones, lo cierto es que, sin duda, vueltos a la normalidad (que ocurrirá algún día que volvamos a algo a lo que así le podamos llamar), éste será uno de los primeros temas a resolver.

Es por esto que, tanto el Banco Central Europeo, como el Banco de España, no sólo esperen cambios en los actores bancarios, sino que además animen a un más que probable escenario de nuevas fusiones.

Ya antes del confinamiento se hablaba de la posible unión entre Sabadell y Bankia, aunque el hecho de que ésta última esté participada por el Estado en su capital puede entorpecer más que ayudar a la operación. Aunque si el Sabadell acaba presentando una oferta por Bankia, lo que crearía el mayor gigante financiero del país, CaixaBank podría verse animada a presentar una contraoferta.

También entre las entidades medianas sigue viva la tendencia a la fusión a pesar del intento fallido de unión entre Unicaja Banco y Liberbank. Otros ingredientes a tener en cuenta son el apetito comprador de Abanca, las dificultades de Ibercaja Banco para su ansiado salto al parqué o a Bankinter, más centrado ahora en el negocio de banca tras su anuncio de sacar a bolsa Línea Directa, pero muy atento a todos los movimientos.

Por otro lado, aunque la Autoridad Bancaria Europea (EBA) ya ha advertido que la banca europea está mucho mejor preparada para hacer frente a esta crisis que a la del 2008, su negocio se va a resentir, sobre todo en España. Nuestros bancos van a la cola de Europa en lo que a ratio de capital se refiere (lo que es un indicativo de su solvencia), con un 11,9%, frente a un 14,8% de media europea. Tanto es así, que de las supervisadas por Europa (12 entidades en total), sólo Kutxabank supera la media (16,9%); y de las no supervisadas, aparece también Banca March con un ratio del 16,5%.

Los resultados del primer trimestre ya evidenciaron que el panorama no es nada halagüeño. Banco Santander provisionó 1.600 millones; BBVA, 1.433 millones; Caixabank, 400 millones; Banco Sabadell, 219 millones; Bankia, 125 millones… Todos se están armando, a costa de renunciar a registrar beneficios inmediatos.

La advertencia de la EBA, va más lejos si se atiende a lo dicho por el Banco Central Europeo, que ha alertado su informe de estabilidad financiera que las pérdidas serán “significativas”. Es por eso que el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha vuelto a insistir en un mensaje que lleva repitiendo desde que arrancó 2020: la consolidación del sector bancario de la zona euro es “ineludible” para abordar su problema de baja rentabilidad. Es decir, las fusiones bancarias se han de seguir produciendo, y además habría que añadir un carácter transnacional.

El vicepresidente del BCE espera movimientos en este sentido, “tanto a nivel doméstico entre las entidades medianas y pequeñas, como a lo largo y ancho del conjunto de la zona euro con una consolidación transnacional”, lo que permitiría reducir la vulnerabilidad por la baja rentabilidad de la banca europea.

En otras palabras, el BCE busca bancos paneuropeos, pero sabe que una fusión paritaria resulta compleja, entre otras cosas porque interviene el peligroso concepto de soberanía nacional. Ningún Gobierno acepta que su banco campeón sea fagocitado por un banco externo. Sin embargo, todo pasa por saber si la banca va a poder afrontar el impacto del coronavirus, porque, sin cambios en la política monetaria y la economía con un batacazo importante, o se ahorra en costes o las cuentas no van a salir.

El origen de la seguridad social de la que se han nutrido todos los sistemas actuales pertenece al siglo XIX. Fue en la Alemania del último cuarto de siglo, en 1881, para ser más exacto, bajo el Reinado de Guillermo II y el gobierno del canciller Bismark, cuando vio la luz un sistema de reparto con pensiones contributivas, es decir, un sistema en el que existía una relación directa entre las contribuciones de los trabajadores y sus pensiones.

Este sistema, nacido bajo la presión y el amparo de la clase media alemana, representó una forma de combatir la disidencia y de cimentar la alianza de estos grupos sociales con el Reich, en contraposición con los movimientos socialistas. Con la aplicación de este sistema se trataba de satisfacer a la clase media ya que buscaba proporcionarle unos ahorros suficientes para su vejez.

Lo que no se suele contar es que Bismarck fijó la edad de jubilación en 70 años (no en 65 como cuenta el mito, al ser la edad de Bismarck) cuando la esperanza de vida era de 35 años para los hombres y 38 para las mujeres. Este contraste entre edad de jubilación y esperanza de vida hizo financiable unas pensiones públicas, y fue del agrado de las clases medias y altas de la sociedad alemana, ya que las posibilidades de poder disfrutar estas pensiones jugaban a favor de ellos, más que a favor de la clase trabajadora.

Es nuestro país, el punto de partida de las políticas de protección se sitúa en la Comisión de Reformas Sociales (1883) que se encargó del estudio de cuestiones que interesasen a la mejora y bienestar de la clase obrera. En 1900 se crea el primer seguro social, La Ley de Accidentes de Trabajo, y en 1908 aparece el Instituto Nacional de Previsión en el que se integran las cajas que gestionan los seguros sociales que van surgiendo.

En 1963, con la Ley de Bases de la Seguridad Social, se buscará la implantación de un modelo unitario e integrado de protección social, con una base financiera de reparto, gestión pública y participación del Estado en la financiación. Estos principios se plasmaron en la Ley General de la Seguridad Social de 1966, con vigencia de 1 de enero de 1967.

En la década de los ochenta se llevaron a cabo una serie de medidas encaminadas a mejorar y perfeccionar la acción protectora al extender las prestaciones de los colectivos no cubiertos y dar una mayor estabilidad económica al sistema de la Seguridad Social.

Ya en estos años se empezaba a atisbar el problema de financiación que iba a tener el sistema y empezaron a establecerse una serie de reformas para evitar su colapso. Así, se buscó la equiparación paulatina de las bases de cotización con los salarios reales, lo que lleva a su contraprestación lógica: la revalorización de las pensiones en función de la variación del índice de precios al consumo. Si recaudas teniendo en cuenta la inflación, la prestación también tendrá que recogerla.

También se buscó la simplificación de la estructura de la Seguridad Social, con la racionalización de su legislación (llevado a cabo a través del nuevo Texto Refundido de 1994), la implantación de las prestaciones no contributivas, la creación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la introducción de los mecanismos de jubilación flexible y de incentivación de la prolongación de la vida laboral.

Pero fue el Pacto de Toledo, en 1995, el que estableció una hoja de ruta para asegurar la estabilidad financiera y las prestaciones futuras de la Seguridad Social.

Lo que está claro es que las pensiones públicas tienen tres factores fundamentales: el número de trabajadores, el número de pensionistas y la esperanza de vida.

Para que el sistema público de pensiones sea sostenible debe haber más trabajadores activos que número de pensionistas, lo que significa que la continuidad del sistema tiene una fuerte dependencia de la pirámide poblacional. Sin embargo, en los últimos años el número de trabajadores ha descendido como consecuencia de la elevada tasa de paro, mientras que el número de pensionistas se ha visto incrementado; esto, unido a una evolución de la población en la que la tendencia indica que habrá cada vez más personas mayores y que estas vivirán más años, ha puesto en duda la sostenibilidad del sistema.

Paralelamente, los nuevos jubilados acceden a una pensión media más elevada, dado que han cotizado por bases mayores, mientras que los nuevos cotizantes se incorporan con salarios y por tanto con bases de cotización menores.

Para atajar la sangría económica de este sistema, las medidas adoptadas han sido ir aumentando paulatinamente la edad de jubilación hasta los 67 años, aumentar el periodo de tiempo cotizado para acceder a una pensión de jubilación y desvincular el crecimiento de las prestaciones al índice de precios al consumo, para, de una forma paulatina, disminuir el importe de las mismas.

De esta forma nos encontramos que buena parte de los trabajadores de hoy en día, cotizarán más que nadie hasta la fecha, durante más tiempo y, si al final el sistema no colapsa y alcanzan una pensión a la edad que les corresponda, ésta será, comparativamente más baja que la que tuvieron sus padres.

Por tanto, si el sistema de pensiones nació como un mecanismo de contentar a las clases medias y bajas para conseguir la estabilidad social, su progresivo deterioro y su insostenibilidad pueden propiciar el efecto contrario, sobre todo en una sociedad en la que el trabajo, ni es accesible, ni está bien remunerado.

Avanza el año y con él, las previsiones económicas para este año van afinando sus resultados, más porque los plazos se acortan, y es más sencillo obtener una visión general, que por habilidad de los previsores. Así, las previsiones de Bruselas para nuestra economía en 2020 dadas en primavera quedan como muy “optimistas” y se están agostando en las dadas este verano. Del 9,4% de caída que se avanzaba, hemos pasado a una previsión de retroceso del 10,9% del PIB en este año 2020. Aún son compasivos (o solamente tienen una ilusión a prueba de epidemias) y nos otorgan un incremento del 7,1% para el año siguiente.

El problema de todo esto no son las cifras ni los porcentajes, sino la realidad que por detrás de éstos existe: las tasas de pobreza, la población que será arrastrada a la miseria (para a lo peor nunca abandonarla), el retroceso social que conllevará la disminución de la capacidad económica y el largo rosario de dramas que ya estamos viendo con nuestros ojos ahora, y que son sólo el principio de lo que llama a la puerta. Y todo esto si la enfermedad no golpea más.

En un informe reciente, el Banco Mundial advirtió que la pandemia de covid-19 causará la mayor crisis económica mundial desde, por lo menos, 1870 y amenaza con provocar un aumento drástico en los niveles de pobreza en todo el mundo. Según estas previsiones, el Banco Mundial espera que el PIB mundial se reduzca un 5,2% este año, más del doble que el registrado en la crisis financiera de 2008.

La economía de un país crece en la medida que aumenta la producción de bienes y servicios. Las personas tienen suficiente dinero para consumir y las empresas tienen la capacidad de responder a esa demanda. Cuando sucede algún tipo de distorsión que rompe este equilibrio, como puede ser un aumento del coste de las materias primas, la aparición de una competencia feroz, una deslocalización descontrolada de las empresas hacia economías con menores costes laborales o una pandemia como ahora, el Producto Interno Bruto (PIB) se estanca o cae.

Se habla de una recesión cuando el crecimiento económico disminuye durante dos trimestres seguidos y esta puede ser “técnica” si, por su levedad, se aprecia que pueda remontarse en el corto plazo. Cuando se habla de una recesión profunda es cuando los principales indicadores de un país, como el empleo, la inflación, el consumo, la capacidad de pago o el nivel de producción, están dando malos resultados. Cuando estos resultados se van obteniendo por un tiempo indefinido, sin que se aprecien signos de mejora, empezamos a hablar de depresión.

En una recesión hay menos dinero circulando en la economía. Hay menos trabajo disponible, de hecho, aumentan los despidos por lo que la gente está dispuesta a trabajar casi a cualquier salario, lo que añade otro factor para que el consumo se resienta.

En lo que se refiere a las empresas, éstas ven caer en picado sus ventas y, por tanto, su rentabilidad, con lo que se complica su financiación. En cuanto a sus planes de inversión, éstos quedan congelados y algunos capitales se fugan en busca de mejores rendimientos en otros países.

Para completar el círculo vicioso, el gobierno recibe menos ingresos por el pago de impuestos, con lo que aumenta el endeudamiento fiscal, y queda con menos recursos disponibles para invertir en servicios públicos, construir obras de infraestructura o apoyar a las familias que están en problemas. Estas familias, por otra parte, son las que, sin duda alguna, peor lo van a llevar en todos los sentidos y van a ser muchas las que, por pérdida de sus empleos pasen a engrosar las listas de beneficiarias de ayudas porque, en muchos casos, gran cantidad de familias se tendrán que enfrentar a que no puedan ni llenar la nevera (puede que hasta ni tengan nevera o no les sirva de nada porque no puedan pagar el recibo eléctrico).

Y esto es, poco más o menos, lo que tenemos ahora. De hecho, el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta una abrupta caída del PIB Global en 2020 cercana al 3%, lo que significa que nos enfrentaríamos a la peor crisis desde la Gran Depresión de los años 30.

Y es que tratar con una tesitura de esta magnitud no es fácil. ¿Cómo hacer frente a una situación que paraliza la economía de un planeta?

¿Tal vez hubiese sido mejor hacer frente al Covid como en la edad media? La peste asoló medio mundo en varias oleadas hasta que la mejora de las medidas higiénicas y una cierta inmunización la vencieron. La economía se resintió, pero por falta de mercado: las víctimas de la enfermedad se contaban por millares y hubo ciudades que estuvieron a punto de desaparecer porque casi todo el mundo había muerto.

Ahora la enfermedad, dicen que no es tan grave, aunque la gente sigue muriendo y los hospitales siguen llenándose en los lugares donde no se ha controlado el contagio. ¿Qué Gobierno podría asumir el coste político de no cerrar la economía y dejar que la naturaleza siga su curso y los muertos llenen las calles? Este fue el primer impulso de Estados Unidos, Brasil o Gran Bretaña y tuvieron que recular a toda marcha. Lo que significa que sí es grave, muy contagiosa y que, por ahora, el coste económico de intentar contenerla parece todavía compensar.

La esperanza está en que la recesión se pueda acabar hacia fines de este año o comienzos del próximo. Mientras tanto, si los paquetes de estímulo fiscal y las inyecciones de dinero por parte de los bancos centrales logran mantener en pie el tejido productivo y comercial, la recuperación será más rápida. Pero si muchas empresas quedan sin oxígeno financiero y se van a la bancarrota, el escenario será distinto. Mientras tanto, podemos consolarnos mirando cómo otros países lo están pasando aún peor. No nos mejorará la vida, pero nos aliviará un poco el saber que aún puede ser todo peor.

Con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el Covid-19, el 29 de marzo se paralizó toda actividad de los profesionales y trabajadores que no se consideran esenciales o que no pudieran trabajar desde su residencia habitual. Por tanto, si una actividad no se consideró esencial, la única forma de seguir con ella ha sido realizarla desde el domicilio. De igual modo, en la desescalada, se está utilizando el teletrabajo para ayudar a compatibilizar el retorno progresivo a la actividad con el mantenimiento de la distancia de seguridad.

Así, no es de extrañar que, en una encuesta reciente realizada por el Banco de España a un grupo de empresas, se observe que prácticamente el 80% de la muestra ha aumentado el teletrabajo, con el fin de tratar de que su actividad se resienta lo menos posible.

Antes de la pandemia, de los casi 20 millones de ocupados que había en España en 2019, según un apartado de la Encuesta de Población Activa, 1.640.000 (8,4%) indicaron que trabajaban en su domicilio ocasionalmente, y 950.000 (4,9%), que lo hicieron más de la mitad de los días laborables. Según estimaciones inferidas de esta estadística, la proporción de trabajadores que podrían trabajar en su domicilio en nuestro país, podría superar el 30% aunque con sorpresa se ha visto que hemos alcanzado un nivel del 40%. Ya se verá en qué queda cuando se recupere la normalidad.

Es evidente que con la situación creada por el consabido coronavirus todas estas cifras han variado de forma ostensible. El modelo que hasta entonces conocíamos, se ha visto alterado, provocando una instauración obligada y a toda prisa de una forma de trabajo a la que los ciudadanos no estaban acostumbrados y que parece que ha venido para quedarse.

De ser así, se plantean varias cuestiones, como la escasa regulación que existe al respecto y los efectos psicológicos que puede acarrear esta nueva forma de trabajar.

En cuanto a lo primero, se puede decir, para empezar, que este modelo permite a las empresas ahorrar costes (alquiler, luz, internet…), costes cuya parte proporcional pueden recaer de forma directa sobre la espalda de cada empleado. En este sentido el Gobierno quiere formalizar en un marco legal básico las condiciones en las que se podrá realizar este modelo de trabajo. El proyecto de Trabajo se fija como objetivo establecer por ley que las empresas compensen a sus empleados por los gastos en que incurran cuando ejerzan su actividad en teletrabajo.

Y es que la regulación del teletrabajo en España es muy escasa y solamente se recoge en el artículo número 13 del Estatuto de los Trabajadores, en el que se especifica que los trabajadores a distancia tendrán los mismos derechos que los que prestan servicio en el centro de trabajo de la empresa y que el empresario deberá establecer los medios necesarios para asegurar el acceso efectivo de estos trabajadores a la formación profesional para el empleo. Y eso es prácticamente todo.

Así pues, no se contemplan o se pasa muy por encima de aspectos como quien sufraga los costes de la actividad laboral, como puede ser el acceso a internet, la parte proporcional de la factura eléctrica o el propio equipo de trabajo: si a un teletrabajador se le estropea el ordenador ¿Quién se hace cargo de la factura?

Otro aspecto a reseñar es el tema de los fichajes. Aunque sea algo obligatorio desde el año pasado, el trabajar desde casa ha complicado la situación. Se están dando muchos casos en los que compaginar el cuidado de hijos con el teletrabajo provoca que el trabajador esté todo el día alternando entre ambas tareas, de modo que su jornada laboral se alarga en el tiempo prolongándose a veces hasta más allá de las 10 y 12 horas, con periodos incluso nocturnos. ¿Son horas extras remunerables?

Pero hay más puntos a reseñar. El tema de la prevención de riesgos laborales es otro aspecto espinoso. ¿Cómo asegurar que el trabajador reúne las condiciones de seguridad adecuadas para poder desarrollar su trabajo? Si el trabajador tiene un accidente en casa en un horario considerado de trabajo, ¿es accidente laboral?

Además, no solo hablamos de accidentes laborales, sino también de enfermedades que se pueden producir por no contar con las medidas suficientes para poder desarrollar el trabajo de forma correcta. Porque no es lo mismo que un trabajador esté de baja por una enfermedad profesional, a que lo esté por una baja de enfermedad (no profesional). Ya que si el empleado está de baja por una enfermedad profesional cobrará el salario entero y, además, podrá demandar a la empresa y exigir una indemnización por daños y perjuicios además de denunciar en la Inspección de Trabajo.

En cuanto a los efectos psicológicos que el teletrabajo puede generar tienen mucho que ver con el que el trabajador pueda separar su vida personal de la profesional. Es decir, si se dispone de un espacio separado del resto de la casa, con los medios adecuados y con la posibilidad de “desentenderse” de la vida doméstica mientras se esté trabajando, no hay duda de que éste puede resultar efectivo, cómodo para el trabajador y más productivo, lo que redunda en un beneficio también para la empresa.

Por desgracia, la amplitud de la vivienda media no suele permitir el disponer de un despacho o habitación aparte para poder trabajar. Además, no hay que olvidar que la presencia de niños, uno de cuyos oficios es la absorción de energías y de tiempos, puede provocar continuas interrupciones. El resultado de esto puede desembocar en cuadros de ansiedad ante la sensación de que ni se trabaja ni se atiende a los niños en condiciones.