La semana pasada Obama sorprendió con un de mano a sus opositores políticos anunciando una regularización extraordinaria de inmigrantes ilegales. Se calcula que casi cinco millones de personas podrán acogerse a esta medida, con la que legalizarán su situación en el país norteamericano. De esta cifra, 3,4 millones de personas se estima que son familiares de ciudadanos estadounidenses o de residentes legales, en este supuesto se encuentran padres de niños nacidos estadounidenses (ya que se obtiene la nacionalidad por el hecho de nacer allí), aunque esta cifra podría ser menor, al requerirse justificar el haber vivido en el país entre cinco y diez años. El resto corresponde a inmigrantes que llegaron a Estados Unidos antes de cumplir los 16 años y que viven en el país más o menos integrados, sirviendo esta medida para regularizar su estatus.
La medida, posiblemente más política que efectiva, no se habla de un permiso de residencia definitivo, ni mucho menos de ciudadanía, sino de una medida que puede ser revocada por el siguiente inquilino de la Casa Blanca. Por ello, puede no tratarse sino de una medida destinada únicamente a intentar recuperar el voto hispano de cara a las próximas elecciones para los demócratas. Otra cosa sería una reforma integral de la migración, que sólo podría ser llevada a cabo por una ley del Congreso. Pero con esta medida, la Casa Blanca cumple su papel y advierte a la importante minoría hispana del peligro que supondría un republicano en la presidencia.
Por tanto, nada que ver con la gran regularización del gobierno Zapatero en la España del 2005, la más famosa aunque no la única que ha habido en el país. Esta regularización, llevó a que casi 700.000 inmigrantes presentaran la solicitud de regularización, además de otros 400.000 ilegales, familiares de regularizados, que pudieron normalizar también su situación acogiéndose a los distintos supuestos de la ley de arraigo social o laboral. En total más de un millón de inmigrantes regularizados, cifra que hizo decir al entonces Ministro de Trabajo, Jesús Caldera, que sólo quedaban 100.000 inmigrantes ilegales en España, sin haber tenido en cuenta (parece que nadie lo tuvo) el efecto llamada que la medida tuvo, y por la que se estima que 800.000 sin papeles lograron entrar en España para intentar acogerse a la medida.
Esta medida tuvo una serie de efectos, algunos de gran calado, en nuestras vidas. Aparte del aumento de la tensión en nuestras fronteras, con oleadas de cayucos y de asaltos de vallas, la Unión Europea mostró su descontento, porque muchos inmigrantes aprovecharon la regularización para poder continuar su viaje hacia Europa; igualmente, tuvo también efectos sobre la economía sumergida, ya que afloraron entonces muchos empleos hasta entonces inexistentes, sobre todo en los sectores hosteleros, de la construcción y del servicio doméstico.
Pero el mayor efecto, el que más consecuencias tuvo, fue la presión hacia abajo de los costes laborales. De golpe y porrazo cientos de miles de inmigrantes, la mayoría de baja cualificación, pudieron acceder a empleos de manera legal en España, lo que empujó los salarios a la baja. El efecto quedó bastante camuflado debido a que vivíamos en aquella época en plena euforia constructora, siendo ese el sector que absorbió a buena parte de estos recién llegados al mercado laboral. Por tanto pudo tratarse (si no hacemos caso del “buenismo” del que parecía hacer gala Zapatero) del primer intento de devaluación salarial en nuestro país en el siglo XXI. Nada que ver, pobre ingenuo, con lo que consiguieron sus sucesores en la Moncloa, sin necesidad de la ayuda de esta ingente cantidad de personas.
La medida igualmente en Estados Unidos difícilmente va a afectar a los salarios a la baja: hablamos de un colectivo de más de un millón de personas, pero en una población de más de 316 millones de personas y con una tasa de paro del 5,8%. En cuanto al efecto llamada, difícilmente se va a dar: ya han advertido que se endurecerán las medidas para los ilegales, aparte del posible carácter efímero de la regularización en sí. En la España del 2005, por el contrario, sí se produjo un efecto llamada (por lo que el número de ilegales no se redujo, sino que pudo hasta aumentar) y se integró de golpe a más de un millón de personas al mercado laboral en un país con un 9,2% de paro y algo más de 40 millones de población. Este aumento de la población activa en más de un 5%, con un millón de personas dispuestas a trabajar, muchos de ellos casi a cualquier precio con tal de obtener los papeles de la regularización, tuvo que incidir en los salarios a la baja en aquellos trabajos que requerían de menor formación.
Por tanto, la comparación no es posible: mientras que esta medida en Estados Unidos obedece a fines políticos y no tendrá seguramente un efecto real en su economía. En España en el 2005, el único fin fue seguramente ceder a las presiones de la patronal, que seguía demandando mano de obra barata para seguir construyendo y alimentar la burbuja, de cuya explosión aún vivimos los efectos.