El 7 de noviembre de 1972 Nixon arrasó –una de las victorias electorales más abultadas en la historia del país- en sus segundas presidenciales consiguiendo más de 47 millones de votos a favor. El 9 de agosto de 1974, un año y medio después de su toma de posesión, se vio obligado a dimitir y suerte tuvo que el presidente que le sucedió lo indultó ya que lo más probable es que hubiera acabado en prisión. Su delito fue, básicamente, utilizar el aparato del estado para beneficio político suyo, desde escuchas ilegales a abusos de poder. El escándalo salpicó a un total de 69 personas, de las cuales 48 fueron encontradas culpables y encarceladas; muchas de ellas habían sido altos funcionarios del gobierno de Nixon. Ese es quizás el mejor ejemplo histórico de lo que es un estado de derecho de una democracia occidental: nadie está por encima de las leyes y si las incumples poco importa el número de personas que te hayan votado, debes responder por ello. No es la primera vez que en España alcaldes con mucho apoyo popular acaban en manos de la Justicia y en la actualidad tenemos dos expresidentes autonómicos –Chaves y Griñán, junto a 20 altos cargos más- que están siendo juzgados por un presunto delito. Nadie sabe si serán condenados pero es fácil suponer que si uno de ellos hubiera huido al extranjero se le perseguiría y lo mismo hasta habrían decretado prisión preventiva por riesgo de fuga a los demás. Así es como funcionan las cosas.
Los fanáticos en el fútbol en el fondo siempre están de acuerdo con las decisiones arbitrales que benefician a su equipo y en desacuerdo con las que lo perjudican pero no suelen reconocerlo con tanta claridad porque necesitan justificarse y son capaces de discutir, incluso ante unas imágenes clarísimas de la TV, que una zancadilla dentro del área no es penalti. Que haya personas que defiendan que porque alguien tenga un número determinado de votos no tiene obligación de cumplir las leyes, demuestra el gran problema de educación democrática de este país en el que mucha gente se comporta como fanáticos en lugar de reconocer la gran verdad: que pretenden que la justicia sólo tenga validez cuando beneficia a los suyos. Aunque lo disfracen defendiendo posturas indefendibles como argumentar que nuestras leyes son injustas o antidemocráticas cuando son similares a las de todos los países de nuestro entorno. Pocos son doctos en materias legales por más que a tantos les encante opinar pero es evidente que si la DUI hubiera tenido éxito hubiera reducido el tamaño, la población y la economía de España en casi una quinta parte y eso es algo muy muy grave y parece lógico que se quiera enjuiciar a sus responsables por ello. De hecho, estoy bastante seguro que si en un hipotético estado catalán, unos políticos –por muchos votos que tuvieran en sus circunscripciones electorales- montaran un referéndum ilegal para secesionar Tabarnia de Cataluña y después proclamaran una DUI, la justicia catalana también los perseguiría. Sé que en toda acusación hay muchos matices y seguro que la defensa en el juicio los explotará como es su deber y nadie sabe qué pasará, la justicia tiene un componente subjetivo que puede hacer, por ejemplo, que un juez de un país dictamine una cosa y otro juez de otro país la contraria. Lo malo es que todos sabemos que no se respetarán y acatarán sus decisiones sino que el juez que niegue una extradición será considerado por algunos un lerdo y por otros un genio legal y el que la acepte, por unos un vendido y por otros un hombre justo. Y probablemente las alabanzas y las críticas también alcancen al poder ejecutivo de cada uno de los países.
Algunos querrán que todos sean extraditados, otros querrán que ninguno. A mi me parece comprensible que los independentistas deseen que la gente que les hizo creer que la independencia era posible y que se arriesgaron a ello (a pesar de lo chapuzas que fueron) no se enfrenten a la Justicia. Lo que entiendo menos son los argumentos que se utilizan para intentar justificar racionalmente ese deseo, a mi también me fastidia –volviendo al símil futbolístico- que el árbitro anule un gol de mi equipo pero si lo ha metido con la mano y lo estoy viendo, es absurdo intentar convencer al mundo de que el gol es válido. Y es normal que tengan puestas sus esperanzas en que no prosperen las €órdenes porque si lo hacen, lo que les queda a los acusados y a sus seguidores será confiar en la Justicia española –tras haberla insultado durante meses- y en que si son condenados por los delitos tan graves de los que se les acusa, posteriormente el gobierno del estado español –al que tanto han menospreciado- los indulte. Pero creo sinceramente que los acusados deberían empezar a cambiar su actitud, dejar de decir que se les acusa por sus ideas porque esas ideas las tienen muchos más que no son encausados, se enfrentan a la justicia por lo que hicieron y deben hacer autocrítica y asumir sus errores: desafiaron a la Justicia (basta ver la famosa foto de Puigdemont jactándose de no hacer caso a los requerimientos del TC) creyéndose por encima de las leyes (algo que algunos todavía creen), calcularon mal las consecuencias de sus actos creyendo que el estado español era más débil de lo que en realidad es y pensaron –quién sabe por qué- que iban a encontrar unos apoyos internacionales que no aparecieron. No olvidemos que -por más que ciertos sectores magnifiquen toda declaración comprensiva con el procés en el extranjero y a pesar de los graves errores de actuación y comunicación de nuestro gobierno- más de 5 meses después de proclamada la DUI, ni un solo país del mundo reconoce esa república catalana a la que ciertos comités dicen defender como si fuera algo real, entorpeciendo en sus “defensas” la movilidad y el progreso económico de los catalanes.
La Organización de las Naciones Unidas, en el Programa Global contra la Corrupción, define el fenómeno de la corrupción como un «comportamiento de los individuos y funcionarios públicos que se desvían de las responsabilidades establecidas y usan su posición de poder para satisfacer fines privados y asegurar sus propias ganancias». Sin embargo, la concepción tradicional sobre corrupción se construye sobre dos premisas metodológicas equívocas. Por un lado, se sostiene que el origen del problema se encuentra exclusivamente en el sector público y los gobiernos. Así, todo lo gubernamental queda vinculado con fenómenos de corrupción, dispendio e ineficiencia. La segunda premisa, igualmente problemática, es que la corrupción es un comportamiento individual.
En el año 2009, los países del Área Económica Europea (que comprende la UE más Islandia, Noruega, Suiza, Mónaco y Liechtenstein) adoptaron la primera directiva sobre servicios de pago, conocida por sus siglas en inglés PSD1 (Payment Service Providers), que a su vez sentó las bases para poner en marcha SEPA (Single Euro Payment Area), que traducido significa Zona Única de Pagos en Euros. El objetivo de esta normativa, liderada por el Consejo Europeo de Pagos y con el apoyo de la Comisión Europea, no era otro que el de crear una zona en la que los pagos en euros se realizasen en igualdad de condiciones, derechos y obligaciones. Con SEPA, una transferencia entre dos cuentas nacionales es tan rápida y sencilla como una transferencia entre una cuenta en España y otra en cualquiera de los países participantes.
