Noticias - 12 marzo 2013

La CE pide a España que aplique norma que le obliga a reducir de 140 a 30 días el plazo de pago a proveedores

 La Comisión Europea ha pedido este martes a España que aplique la norma de la UE que le obligará a reducir de 140 días de media actual a 30 días el plazo que tienen todas las administraciones públicas para pagar a sus proveedores.

   España está entre los nueve Estados miembros que ya han incorporado esta directiva -que entra en vigor el próximo sábado 16 de marzo- a su legislación nacional. Pero ahora el Ejecutivo comunitario vigilará que se cumpla en la práctica, no sólo por parte de las autoridades españolas sino en todos los países de la UE.

Las nuevas reglas obligan a las administraciones públicas a pagar los bienes y servicios que contraten en un plazo máximo de 30 días o, en el caso de los hospitales, en 60 días. Las compañías tienen automáticamente derecho a reclamar intereses de demora (fijados en un mínimo del 8%), así como 40 euros extra como compensación por los costes de cobro.

“La directiva es particularmente importante en el actual clima de restricción de crédito para las pymes”, ha explicado el portavoz de la Comisión, Olivier Bailly. “Cada semana en toda Europa, miles de pymes, incluso con buena salud, quiebran porque sus recibos no se pagan a tiempo. Y en algunos Estados miembros este fenómeno se ha convertido en una auténtica emergencia”, ha resaltado.

De promedio, las administraciones públicas en Europa pagan sus facturas en un plazo de 61 días. “Pero si se mira por Estado miembro, hay grandes diferencias. Por ejemplo, en Francia son 52 días, en España y Portugal 140 días y más de 180 días en Italia y Grecia”, ha dicho el portavoz.

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El resultado de estos retrasos, según el Ejecutivo comunitario, es que las pymes tienen dificultades para invertir, pagar sus salarios, sus impuestos y a sus proveedores y pueden acabar quebrando. “Esto tiene un efecto devastador sobre nuestra economía”, ha señalado Bailly.

“Es hora de poner fin a este hábito de pagar con retraso”, ha resaltado el portavoz.

Para las empresas privadas, el plazo de pago que fija la directiva es de 60 días, aunque las compañías pueden acordar por contrato plazos diferentes siempre que no sean “manifiestamente injustos” para el acreedor.

Además de España, los países que ya han traspuesto la directiva son Chipre, Malta, Italia, Holanda, Irlanda, Eslovaquia, Bulgaria y Suecia. Bruselas está examinando ahora si la legislación nacional utilizada cumple los estándares que fija la norma de la UE.

No obstante, el Ejecutivo comunitario ha avisado de que la directiva “tendrá un efecto directo” en toda la UE desde el sábado. “Incluso en los países que no la han transpuesto, las pymes tendrán la posibilidad de invocar las reglas ante la justicia, y la Comisión adoptará las medidas necesarias para garantizar que todos los Estados miembros cumplan la directiva”, ha subrayado Bailly.

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