Entre las bondades que se adujeron en un principio para defender el imparable avance de la globalización se hablaba de que la progresiva interdependencia económica de los países acabaría con los conflictos políticos entre los mismos, ya que sería esta dependencia la que iría limando diferencias y cohesionando a los países implicados en tensiones políticas. Ahora se está viendo que esta interdependencia, lejos de ser cohesionadora, se está usando como arma para potenciar las tensiones políticas.
Así, Rusia, en respuesta a las sanciones impuestas por Estados Unidos y secundadas por sus aliados europeos, ha comenzado una guerra comercial en torno al conflicto ucraniano. Conocedora de sus limitaciones a la hora de presionar, y no pareciendo querer tocar de momento el espinoso tema energético, ha comenzado un bloqueo sobre los productos alimenticios frescos de la Unión Europea, Estados Unidos y otros países occidentales. Y aunque estas sanciones rusas parece que tendrán un mayor efecto negativo sobre la propia Rusia que sobre los afectados, lo cierto es que no se pueden negar las pérdidas sobre las economías, sobre todo europeas, del bloqueo ruso.
En concreto para España, el Ministerio de Agricultura ha cifrado el perjuicio económico para el campo español en 337 millones de euros. Esta cantidad, que en teoría no representa gran cosa dentro de las cifras de volumen de negocio, ya que Rusia sólo representa el 1,8% de las ventas agrícolas al exterior, puede llegar a superar los 500 millones según palabras del propio Rajoy, sólo en el mercado de frutas y verduras, y se une a las restricciones a la exportación de productos cárnicos a Rusia vigente desde el año pasado.
Basándose en datos de 2013, Rusiarecibió a lo largo delaño un total de581,45 millones de euros en exportaciones alimentarias españolas, lo que le convierte en el tercer socio comercial no comunitario de España, representando el 7% de los envíos a países que no forman parte de la Unión Europea, de este importe377 millones corresponderían a productos vetados.
La Unión Europea ha reaccionado con una partida de 125 millones de euros de ayudas a repartir entre toda Europa (de los que Francia y Polonia se llevarán la parte del león) y destinados a la no recogida del producto o para llevar el mismo instituciones benéficas para impedir el desplome de precios. Esta ayuda es del todo insuficiente, ya que éstos ya han empezado a caer (en origen, que los consumidores no lo notamos) y lo peor está por venir, ya que en breve comienza la campaña de cítricos, en la que España tiene mucho que decir. Por ahora, las asociaciones de agricultores denuncian pérdidas mucho mayores, ya que se ha producido un desplome de precios que ha provocado que muchos agricultores ya prefieran dejar morir la fruta en los árboles a perder dinero en su recolección y posterior venta a precios irrisorios. Tal medida puede dar lugar incluso, paradójicamente, a un alza de los precios y a problemas de desabastecimiento.
La explicación de porqué una cantidad tan relativamente pequeña de demanda en relación al total es capaz de afectar tanto al mercado se debe a dos circunstancias principalmente, al margen de la evidente rigidez de la oferta, al ser productos perecederos:
Por un lado, el campo español, al igual que el europeo, se haya en un precario equilibrio en el que las ayudas oficiales juegan un papel fundamental. De hecho, la relación costes-ingresos es tan ajustada que basta un pequeño desequilibrio para desnivelar el sistema, ya que el sector explotador agrario carece de capacidad de maniobra. La rigidez a la hora de poder tomar decisiones y los precios tan ajustados de los productos agrarios hacen de los agricultores uno de los eslabones más débiles de la cadena que lleva los productos del campo a nuestra mesa.
Por otro, y estrechamente relacionado con el anterior, la cadena de distribución de alimentos: intermediarios, distribuidores, grandes cadenas de supermercados, etc. ya han anticipado el efecto que el veto ruso tendrá y realizan sus ofertas de compra a la baja, lo que multiplica el efecto del veto ruso. Por ejemplo, y según la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), el precio del tomate desde el anuncio del veto ha caído un 40%, y un 75% el de los melocotones, de modo que el precio de éstos últimos ronda los 20 céntimos/kilo, frente a los 40 céntimos que se pagaban antes de la sanción. Es por eso que las asociaciones de agricultores ya han denunciado que el veto ruso puede llegar a servir para un aumento de los beneficios extraordinarios de los intermediarios.
Para intentar contrarrestar este hecho, se ha anunciado que los excedentes de producción pueden servir para aumentar la producción de otros productos alimenticios con mayor ciclo de vida, como mermeladas, zumos, o incluso para alimentación animal. Aunque con la velocidad habitual de nuestro Gobierno, además en vacaciones, nada se ha articulado en concreto con respecto a este tema.
En definitiva, los grandes perjudicados serán en este caso los agricultores y los de siempre: el ciudadano, que se verá afectado de dos maneras: pagando los productos más caros, aunque éstos se estén pudriendo en los árboles, y pagando igualmente las ayudas a los agricultores para que éstos puedan subsistir malvendiendo su producto a un precio mucho más bajo de lo habitual.