Entre 150.000 y 200.000 migraciones de líneas paralizadas, entre 50 y 60.000 usuarios incomunicados por averías sin solucionar, colapso en las incidencias técnicas y parada total de nuevas altas. Estas han sido algunas de las consecuencias de la huelga de los autónomos y los trabajadores de las empresas subcontratadas por Telefónica. Una huelga que ha logrado paralizar buena parte de la actividad de la compañía en lo que a instalaciones, reparaciones y portabilidades de líneas se refiere.
El conflicto, que comenzó en Madrid el 28 de marzo, se extendió el 7 de abril al resto del Estado, anunciando su desconvocatoria por parte de UGT y Comisiones Obreras el 5 de mayo. Los motivos, los de siempre, la voracidad de una gran empresa que ha mejorado en los últimos años espectacularmente sus números gracias a una buena gestión, por un lado, y por ganar competitividad a costa de sus trabajadores por otro. De hecho, hablamos de una empresa que desde su privatización entre los años 1994 a 1996 se desprendió de 50.000 puestos de trabajo debido a prejubilaciones, ERE’s y subcontratas mientras aumentaba exponencialmente su número de clientes, de 10 millones en los años 80 a más de 300 en la actualidad. A día de hoy, después de desprenderse de esa masa de empleados y de las antiguas contratas que otorgaban a sus trabajadores aún ciertos derechos (el ejemplo más claro fue Sintel), de 15.000 a 20.000 empleados por multitud de pequeñas empresas y autónomos que operan a nivel local son dirigidos como si fueran trabajadores asalariados de plantilla para llevar a cabo las instalaciones, reparaciones, etc. que las líneas de la compañía requieran.
