Según refleja un estudio publicado por la Comisión Europea sobre los progresos de todos los socios comunitarios en materia de economía y sociedad digitales, la banda ancha sigue siendo muy cara en España en relación al resto de países de la UE. El informe refleja que en 2017 los precios experimentaron una ligera mejora con respecto a anteriores estudios, con lo cual nuestro país se sitúa en un meritorio puesto 22 de 28 socios comunitarios, un resultado parecido al de Eurovisión.
Las mejoras (porque ya que es relativamente más caro, algo tiene que haber mejor) vienen de la mano de la conectividad, en la cobertura 4G y en la implantación de la banda ancha móvil. La parte negativa, aparte de un precio caro, viene por la implantación de la banda ancha rápida (igual o mayor a 30 Mbps) o la cobertura de banda ancha ultrarrápida, cuyos valores son peores a la media europea.
Y no será porque no existe una voluntad política de mejorar en todo lo relacionado con el mercado de las telecomunicaciones. Ya hace unos años se estableció una reglamentación sobre el dividendo digital que, por un lado, nos obligó a todos a resintonizar nuestros televisores, ya que todos los canales de la TDT fueron reubicados y algunos de ellos desaparecieron, por otro, se liberó una parte del espectro de banda de la TDT para cederlo a las comunicaciones 4G, lo que fue el germen del boom que estamos viviendo de los canales de pago ofrecidos por las compañías telefónicas.
Es un hecho contrastado que tras el proceso separatista catalán existe un pulmón económico de una solvencia importante. Papeletas, urnas, propaganda, actos… un sinfín de gastos interminables para sostener, no sólo el pulso contra el Gobierno central, sino también la ilusión de sus afines. A estos gastos se les ha añadido presuntamente en los últimos tiempos nuevas partidas, a saber, el mantenimiento de los huidos a Bélgica o Suiza y el pago de las sustanciosas fianzas que se van exigiendo conforme avanzan los procesos judiciales a los dirigentes independentistas.