Manuel González

El mundo de las previsiones económicas sólo se ve superado en volatilidad por los propios cumplimientos de esas previsiones. De hecho, ante un acontecimiento económico, como puede ser el crecimiento del PIB de un país a lo largo de un año, podemos encontrar previsiones para todos los gustos, continuamente actualizadas y modificadas en función de los eventos que vayan ocurriendo, para dar con un resultado final que puede no corresponder a ninguno de los escenarios previstos.

Es por eso que, a pesar de los grandes avances acaecidos en tecnologías de la información, en capacidad de trabajo con grandes volúmenes de datos, en las técnicas de recogida de datos, etc. Lo cierto es que las previsiones económicas se hayan todavía sujetas a un componente de aleatoriedad nada despreciable.

Un ejemplo lo estamos viendo con las previsiones de crecimiento para le economía española en este año. Tras los avances de las distintas entidades y organizaciones, que cifraban el crecimiento en una continuación claramente alcista pero moderando la cifra del año anterior, nos encontramos con revisiones al alza o a la baja casi cada día dependiendo en muchas ocasiones de cómo evolucione algún asunto que, en principio puede parecer tan alejado de la economía como de nuestro país.

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Millones de personas en todo el mundo viven sin bancos. Sin embargo, en países de nuestro entorno, la mayor parte lo hacen porque han quedado excluidas del sistema financiero por vivir en zonas rurales y de escasa población (exclusión por razones geográficas) o por tener unos niveles de renta muy bajos (exclusión por razones económicas).

De hecho, tras la última crisis, los afectados por la exclusión financiera han sido legión, en su mayoría aquellos que tuvieron negocios o empresas en los momentos de bonanza económica y que vieron que de tales sólo les quedaron las deudas. Así mismo, fueron muchos también los que no pudieron hacer frente al pago de sus deudas (como hipotecas) y se vieron expulsados del sistema financiero para, probablemente, no poder volver jamás. A día de hoy, muchas de estas personas no pueden tener una tarjeta de crédito a su nombre, ni una cuenta bancaria, ni siquiera una propiedad susceptible de ser embargada.

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Desde hace años se viene incrementando la inquietud por la incorporación de mecanismos automatizados y autónomos (o robots de toda la vida) a los procesos productivos de cada vez más sectores de la economía. Y no es para menos, ya que se habla del advenimiento de la “Segunda Era de la Máquina”, que se estima que destruirá (o está destruyendo ya) siete millones de empleos en cinco años en la economía punteras, según un estudio del Foro Económico Mundial. En el mismo lapso de tiempo, calculan que se crearán sólo dos millones.

La OCDE habla de un 12% de trabajos automatizables en España, mientras otras investigaciones sitúan la disminución de empleos en la manufactura, la agricultura y los servicios en cerca de un 60%. En lo único en lo que parece haber cierto consenso es en que los nuevos empleos serán muchos menos que los que se destruyan.

Es por eso que en junio del año pasado la Unión Europea se sumó a la creciente inquietud y presentó al mundo un informe que, tras dos años de elaboración, constituye la apertura de un debate, por primera vez en el seno de una administración pública, que habla, tanto de los derechos de una especie de “ser electrónico” derivando la propiedad intelectual de estos artefactos (incluyendo software), como del hecho de ser vistos como “agentes laborales”. También, por supuesto, si a medio plazo contribuirán a las pensiones de los seres humanos.

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En 2012, en lo duro de los ajustes por la crisis, una serie de recomendaciones procedentes del FMI, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (es decir, la famosa troika) llegaron a nuestro país prácticamente en todos los ámbitos de la economía. De ellas tomaron buena nota nuestro Gobierno y buena parte de nuestro sector financiero e industrial.

Entre las medidas recomendadas a nuestro sector financiero destacaron las de reducción de costes, que incluían el cierre de las oficinas menos productivas de las antiguas cajas de ahorros. El objetivo era recuperar la rentabilidad perdida de esas entidades dejando que la competencia se quedara con el negocio que perdían. El resultado, sin dejar de tener un cierto éxito, ha conllevado un efecto colateral que parece que a nadie se le ocurrió. Parte de ese recorte en las redes comerciales lo han pagado los pueblos más pequeños y los barrios marginales de las ciudades, que se están quedando fuera del circuito bancario.

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Este año son ya 40 los transcurridos desde la aprobación por las Cortes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que se ha convertido en el tributo más relevante del sistema fiscal español. Sin embargo, con 40 años de perspectiva se puede ver mejor la evolución de un tributo que, en su momento, no fue precisamente la estrella de las medidas fiscales que se tomaron conjuntamente con su implantación.

Estas medidas fiscales fueron consecuencia de los Pactos de la Moncloa de 1977 que, en el ámbito tributario, perseguían modernizar un sistema fiscal anacrónico e ineficiente. El decreto de medidas urgentes de reforma fiscal de 1977 se aprobó en medio de una grave crisis económica y un descomunal déficit público y, además de introducir el IRPF, sustituyendo al Impuesto General sobre las Personas Físicas, vino acompañado de una regulación del delito fiscal, de la implantación del Impuesto sobre el Patrimonio y de una amnistía tributaria que hoy resultaría poco menos que escandalosa.

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