Y ahora el riesgo de exclusión bancaria

En 2012, en lo duro de los ajustes por la crisis, una serie de recomendaciones procedentes del FMI, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (es decir, la famosa troika) llegaron a nuestro país prácticamente en todos los ámbitos de la economía. De ellas tomaron buena nota nuestro Gobierno y buena parte de nuestro sector financiero e industrial.

Entre las medidas recomendadas a nuestro sector financiero destacaron las de reducción de costes, que incluían el cierre de las oficinas menos productivas de las antiguas cajas de ahorros. El objetivo era recuperar la rentabilidad perdida de esas entidades dejando que la competencia se quedara con el negocio que perdían. El resultado, sin dejar de tener un cierto éxito, ha conllevado un efecto colateral que parece que a nadie se le ocurrió. Parte de ese recorte en las redes comerciales lo han pagado los pueblos más pequeños y los barrios marginales de las ciudades, que se están quedando fuera del circuito bancario.

Aun así, la opinión del gobernador del Banco de España, Luis María Linde, expresada el 10 de este mes en la comisión que investiga la crisis financiera en el Congreso, no deja lugar a dudas: España cuenta “con muchas oficinas en comparación con Europa”, razón por la que el proceso de cierres debe seguir. Las entidades, obedientes en lo que a recortes se refiere, clausuraron durante el pasado año 1.379 oficinas, situando su número total en 27.320 locales.

En total, desde que se inició la crisis financiera en 2008 hasta 2017 la red comercial del sector se ha reducido de media un 40%, teniendo 2013 como el año del récord, en el cual se cerraron 4.286 sucursales bancarias.

En cuanto a las plantillas, un estudio del BCE señala que en España el número medio de empleados por sucursal es de 6,5, frente a los 13,1 del conjunto de Europa. En este sentido, el goteo de despidos y prejubilaciones se mantiene en el sector desde 2009 y, aunque, sigue siendo significativo, paulatinamente se va atenuando, en consonancia con el cada vez menor número de cierre de oficinas. Aun así, en 2017 salieron 4.019 empleados entre bancos y antiguas cajas, lo que supuso un recorte de plantilla del 2,1%. Esta cifra es bastante inferior a la de los 8.551 trabajadores que tuvieron que abandonar sus puestos en 2016, o a los 18.443 que salieron en 2013, el mayor número de la historia como consecuencia del ajuste sufrido en las cajas. En conjunto, la plantilla de trabajadores ha disminuido un 31,6% en el sector desde 2008.

Y, aunque los números se vayan moderando, es seguro que los recortes continuarán, sobre todo en lo referente a las nuevas fusiones bancarias: la absorción de BMN por parte de Bankia o la “compra” del Popular por parte del Santander.

De hecho, en este último caso, fuentes sindicales mantienen que “la fusión de las redes de Santander y Popular supondrá también salidas de empleados, pero estamos convencidos de que serán inferiores a ajustes anteriores”. La razón, la firma que preside Ana Botín no quiere cerrar demasiadas oficinas urbanas. Además, está embarcada en un proyecto para crear sucursales mucho más grandes, que necesitan más empleados por agencia.

Y así, el Santander ya ha comenzado el proceso de fusión, sin embargo, de una forma un poco peculiar. Al estar muchas de las oficinas de ambas entidades cercanas unas a otras, el proceso está consistiendo en trasladar a los empleados del antiguo Popular a la oficina del Santander, pero conservando su estructura productiva: es decir, se llevan clientes, operativa y hasta ordenadores, de modo que, en definitiva, es como un cambio de local, solo que éste es la sede del otro banco. Se comparte local pero no negocio, ni clientes.

Sin embargo, el cierre masivo de oficinas llevado a cabo en los últimos años ha provocado que 1,3 millones de españoles de zonas rurales, según datos de 2016, hayan sido excluidos financieramente al no tener oficinas bancarias en su zona de residencia. Las últimas estadísticas del Banco de España indicaban que hasta un 70% de los pueblos de menos de 100 habitantes, y más de la mitad de los pequeños municipios de todo el país ya no tienen sucursal.

Sin embargo, bien por una sensibilización de las entidades (algo dudoso), bien por un toque de atención de los supervisores bancarios (tampoco parece probable), o bien por un intento de reabrir nichos de negocio que daban por descartados, lo cierto es que en el sector se ha abierto un debate para buscar vías de colaboración entre el conjunto de los bancos.

Es por eso que el recién reelegido presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, haya hablado de una propuesta de colaboración entre los bancos para hacer frente al cierre de sucursales en las zonas rurales y al problema de exclusión financiera que este ajuste genera.

Desde la AEB se reconoce que más de un millón de españoles no tiene una sucursal en su lugar de residencia, y su presidente propone acuerdos de colaboración para que los bancos se comprometan a tener en esas localidades sucursales compartidas en las que cada entidad garantice su presencia durante uno o varios días a la semana. Otra fórmula sería la instalación de cajeros automáticos multimarca.

La idea no es nueva, ya se aplica en países con grandes zonas semidespobladas, como EEUU y Canadá. “Las fórmulas de cooperación pueden tener sentido para el mundo rural, en el que va a ser difícil que tengan acceso a la presencia bancaria física permanente, garantizan la provisión de servicios financieros básicos, y no plantean problemas de competencia”, argumenta Roldán. Mientras tanto, la solución de estos ciudadanos, ahora también olvidados por la banca, es recurrir al efectivo cada vez más, que como banco, ya tienen el de la plaza…