En el sistema financiero habitual, el que constituyen los bancos, todas las instituciones tienen propietarios que están representados en los respectivos consejos de administración. Estos consejos cuidan, por propio interés, de no conceder créditos a sociedades insolventes o que se supone que puedan serlo en un futuro y cuando se detecta que hay problemas, provisionan esos créditos fallidos, y proceden a ejecutar las garantías que se tengan -si es que existen. Pero los banqueros no pueden hacer lo que quieran con el crédito que manejan ya que el banco no es suyo. Tienen que responder ante otros accionistas, ante los depositarios (porque un mal uso del crédito puede hacer quebrar la entidad y que todos pierdan su dinero) y ante la hacienda pública si, por ejemplo, se considera como gasto un crédito concedido a sabiendas de que no iba a ser devuelto.
Ese fue el caso de Mario Conde que fue condenado a seis años de cárcel por pagar 600 millones de pesetas a una sociedad, Argentia Trust sin ningún aval (el que luego se demostrara que dicha sociedad distribuyó después ese dinero entre diversos políticos españoles para que influyeran en decisiones gubernamentales a favor de los intereses de Mario Conde no fue el motivo de su reclusión sino el que diera ese dinero de Banesto sin garantías). Sé que en los últimos tiempos y en algunos países los banqueros han hecho caso omiso de estas normas y para colmo no han sido castigados pero de momento en España no estamos en esa situación y todos los bancos están reportando beneficios.
Desgraciadamente, las cajas de ahorro -en manos de políticos locales- sí pueden conceder créditos sin provisionar y sin ejecutar avales, sobre todo a partidos políticos, ¿o no pueden?, ¿o pueden pero no deben? El caso es que ocurre con bastante frecuencia… Y ahora se pretende que estas cajas se hagan aún más fuertes, uniéndolas. No dudo sea una forma de garantizar su supervivencia (a cambio de miles de despidos, eso sí) pero también es magnificar el problema de estas entidades cuya gestión es tan poco clara.
Las cajas han perdido su carácter territorial, abren sucursales por todo el país e incluso las más grandes tienen inversiones en el extranjero. No existe un mercado murciano, riojano o vasco, existe un ámbito europeo en el que la categoría regionalista no tiene sentido alguno. Se podría decir de su función social pero eso es un concepto difuso cuyo gasto es poco cuantificable y que se podría sustituir por un aumento de las desgravaciones fiscales a determinadas labores de la banca como el patrocinio de la cultura. Si las convertimos en más grandes pasarán dos cosas: si es dentro de una misma comunidad su importancia económica será tan grande que el poder económico autonómico y el político se confundirán todavía más y si se unen cajas de diferentes comunidades, ¿Cómo garantizar el equilibrio, cómo unificar criterios si la influencia política de cada comunidad autónoma es distinta, y aún siendo la misma cómo garantizar que CajaMadrid -por poner un ejemplo- sea justo en su gasto social con Murcia caso de fusionarse con la Caja de Murcia? Los problemas de gestión creo empeorarían.