A pesar de la flema (pachorra) de la que el Sr. Rajoy hace gala, los síntomas de desesperación se hacen cada vez más evidentes. Además los intentos por romper la tendencia de caída libre de intención de voto, siguen centrándose sobre el mismo tema: mejorar la situación económica; lo demás, llámese la aceptación del perdón por los pecados cometidos, entienden que llegará por sí sola.
En este sentido, una medida más que seguramente dará que hablar: el Gobierno pagará hasta 3.000 euros a las agencias de trabajo temporal por cada parado de larga duración que logre un empleo a través de su intermediación. Exactamente las cifras dependen de la edad del trabajador y del tiempo que lleve en el paro, y se mueven entre los 300 euros para un parado menor de 25 años que lleve entre tres y seis meses sin trabajo y 3.000 euros si colocan a un mayor de 55 años con dos años sin empleo.
Esta medida no es nueva, ya que la reforma laboral del 2012 abrió las puertas para que las comunidades autónomas –que son las que tienen la competencia en la intermediación laboral– colaboraran con agencias privadas de empleo para subcontratar la colocación de grupos concretos de parados. Por otro lado, a nivel europeo, Francia tiene implantado este sistema desde 1994, Holanda desde 1980, etc. La filosofía con la que nació esta colaboración entre empresas de colocación y servicios públicos de empleo, fue la de dar una solución eficiente al problema del desempleo de larga duración.
La forma de funcionamiento es la siguiente: las empresas de trabajo temporal adjudicatarias por concurso, recibirán los expedientes de los trabajadores afectados y cobrarán en función de los que resuelvan, teniendo un plazo de 8 meses para conseguir al afectado un trabajo de al menos 6 meses a tiempo completo de duración.



