Manuel González

Ufano y satisfecho como el cuervo del viejo cuento se encuentra el ejecutivo tras lo que considera uno de los logros de su legislatura: la reforma laboral tan necesaria. Bajo su árbol se hallan, no ya el zorro, sino la legión de aduladores como grandes empresas, patronal, bancos, etc. lisonjeando la medida hasta que el trozo de queso le explote en la cara con los cada vez más alarmantes datos del paro.

Por mucho que se empeñe la plana mayor del ejecutivo la reforma llevada a cabo no funciona. Las cifras del paro han seguido aumentando porque las medidas adoptadas se enfocaron desde el punto de vista de abaratar el coste del despido, no para abaratar el coste del trabajo: a las empresas no les sale tan caro despedir como mantener los puestos de trabajo, a pesar de la bajada general de salarios habida.

Por ejemplo, imaginemos un empresario que desee contratar un trabajador al mínimo coste posible. Obviamente ofrecerá el salario mínimo: 752,85 € por 12 pagas (no 14 como es el dato que habitualmente aparece), por el cual cotizará a la Seguridad Social la cantidad mínima de 225,10 €. Además ha de tener en cuenta que este trabajador tendrá un mes de vacaciones en el que será sustituido por un trabajador temporal o por horas extras de sus compañeros, lo que suma 81,50 € mensuales. Por otro lado, la empresa debería prever un posible despido de este trabajador, lo que generará a la empresa un coste de aproximadamente una mensualidad más por año trabajado; suponiendo una posibilidad de cada tres de que este despido se produzca, supondría unos 250 € más anuales (casi 21 € al mes). Por último habrá que contemplar el coste de un seguro de convenio (si es obligatorio, dependiendo precisamente del convenio de la empresa) y de una mutua de accidentes, costes con gran variabilidad, pero que creo que pueden reflejarse con la cantidad de 25 € mensuales. Todos estos cálculos nos dan un resultado de 1.105,28 € al mes de coste para la empresa: un 47% más sobre el salario que percibe el trabajador. Es decir, la empresa paga casi un 50% más cara la miseria que ofrece a un trabajador. Traducido esto al principal motor del empleo de este país, que es la PYME, le supone normalmente un coste inasumible en estos tiempos tan inciertos, con lo que se suele arreglar con la plantilla que tiene, exigiendo horas extras que muchas veces no se abonan y, en momentos puntuales, con trabajadores sin contrato.

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Un estudio de la Universidad de Las Palmas ha ideado un nuevo método para ponerle una cifra al coste de la corrupción en España. La cifra en concreto es de 40.000 millones de euros al año (precios del 2008) y se ha obtenido, según los autores del estudio, con una nueva metodología que “permite reducir los problemas de subjetividad en la percepción de la corrupción cuando se usan encuestas a expertos o a ciudadanos”. Con este método se incluiría la corrupción que no sale a la luz, por ser desconocida o no haber pasado por un juicio, así como costes que no se incluyen en el resto de los medidores, como el desánimo a invertir a causa de la corrupción.

Es difícil juzgar si esta cifra es acertada o no por el mero hecho de aquello que mide, lo que sí se puede afirmar es que la corrupción conlleva toda una serie de costes que van más allá de la cifra que sale a la luz en los casos que se destapan cada día. Sin ir más lejos, puedo hablar de costes de oportunidad: el dinero que entra en el circuito de la corrupción desaparece de la economía real. Como ejemplo, una empresa que conocí de primera mano, que necesitaba una serie de ayudas para las que cumplía los requisitos adecuados y de las cuales dependía su supervivencia. El dirigente de la Consellería de Industria del gobierno autonómico correspondiente concedió que entendía la situación, que la cantidad solicitada era adecuada y que la ayuda era pertinente; pero que no había fondos. Recientemente este dirigente ha sido juzgado y condenado por desvío de caudales públicos de hasta 8 millones de euros. La empresa cerró en 2009 y los 35 trabajadores de esta empresa están en la calle; algunos (con más de 50 años) nunca volverán al mercado laboral.

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Todo es euforia y felicitaciones en lo tocante a economía en el ejecutivo de nuestro país en estos días. Hemos evitado el rescate del país, cerraremos el rescate bancario sin haberlo tenido que usar al límite y en condiciones muy favorables, nuestras exportaciones siguen creciendo, las previsiones de crecimiento de la economía repuntan al alza y todos los organismos internacionales se dedican a felicitarnos por lo bien que lo estamos haciendo. Esto sin duda debe ayudar a que las familias de nuestro país miren su nevera vacía, su tarjeta del paro y sus más que acuciantes deudas con otra cara: la cara del optimismo, la cara de pensar en el triunfo que se avecina y de las dificultades que pronto se dejarán atrás. Esto sólo indica que los actores económicos se olvidan de que la base de la riqueza de un país no son las grandes empresas, son los ciudadanos, que con una renta disponible aceptable tiran del consumo, generan ahorro y otorgan suficiente estabilidad política y social para que el conjunto del país disfrute de prosperidad.

Viendo la situación actual, soy de los que piensan que, aun en el mejor de los casos (y éste es el que dibujan estos políticos e indicadores económicos elaborados por los mismos), pasarán aun cuatro o cinco años antes de que el ciudadano medio puede empezar a sentir los efectos de estas supuestas mejoras. Años en los que las prestaciones, ayudas, subsidios y financiación de amigos y familias se agotarán, años en los que el mercado laboral se reactivará lentamente y, por tanto, años de penuria, escasez y miseria.

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No está el horno para bollos en el seno de la televisión pública, y no es para menos. El cierre de Canal 9, aparte de la cola que traerá por el tema laboral y por sus connotaciones políticas, y la amenaza de lo mismo que planea sobre el canal asturiano, despiertan temores en el resto de las televisiones autonómicas, todas tan endeudadas, todas tan politizadas…

Desde 1982, se comenzó la implantación de las televisiones autonómicas con el objetivo de promover cultura, lengua propia y realidad social de la comunidad, teniendo a su favor la proximidad con su audiencia (como propósito no está mal hasta que alguien confundió “audiencia” por “electorado”). Así, con una vocación de servicio público, buscan potenciar la realidad cultural de la comunidad actuando como agente dinamizador de la autonomía. Por otro lado, se buscaba la creación de una incipiente industria audiovisual capaz de crear producción que pudiera competir con los canales nacionales. Es este punto en el que se han obtenido los resultados más dispares; sólo la TV3 catalana, seguida en menor medida por la ETB vasca y el Canal 9 valenciano han logrado cierto éxito a la hora de exportar producto a la televisión nacional (o incluso internacional en algún excepcional caso). Aun así, de las casi 200 productoras de televisión, muchas han nacido y desarrollado de la mano de la televisión autonómica de su comunidad y se pretende que vayan madurando hasta crear un tejido industrial audiovisuales independiente del canal autonómico correspondiente. Es así que la media de la producción propia de las televisiones autonómicas según la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (en PDF) es del 43% de su programación, suponiendo un 76% de sus costes.

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La renovación política que no llega tiene, además de muchas causas, muchos efectos que ya se están dejando notar. Así, es curioso que en estos momentos en que la sociedad presenta una falta de fe en la política y, sobre todo, en quienes la ejercen, se estén creando nuevas formaciones en un esfuerzo por llenar el vacío de credibilidad que existe con las actuales.

No faltan las voces que alertan de que en tiempos de crisis económica, de recortes sociales, se suele dar una proliferación de partidos de extrema derecha e izquierda, como ya ocurrió en los años treinta del siglo pasado. Años en los que también se asistió a una quiebra del bipartidismo existente en casi todos los países occidentales, surgiendo con fuerza movimientos anarquistas, comunistas y fascistas. Aunque, con suerte, esperemos haber aprendido las lecciones de dichos años, ya que tales ideologías, en general, ya no nos son novedosas ni nos parecen la solución a nuestros problemas.

Y es que desde la creación de UPyD hace ya unos cuantos años, que fue el pionero, hasta el día de hoy, más de 700 nuevos partidos se han creado en los últimos tres años, hasta conformar los más de 4.000 que tenemos hoy en nuestro escenario electoral.

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