La reforma financiera que ha publicado el Gobierno en el BOE este sábado, en el Real Decreto-ley 18/2012, supone un esfuerzo obligado de transparencia para el sistema bancario español. Obligado el Gobierno, por nuestros socios comunitarios y acreedores internacionales (los malvados mercados internacionales) y obligada la casta de banqueros españoles por el Gobierno (o eso se supone).
A 31 de diciembre de 2011 nos dice el Ejecutivo que había 307.000 millones de euros en activos inmobiliarios ligados al crédito promotor. Una barbaridad de recursos que se destinaron al ladrillo en lugar de a otro tipo de sectores productivos que ahora estarían tirando de la economía. Y a ellos hay que añadir las hipotecas y préstamos personales concedidos a particulares vinculados al mercado inmobiliario.
