Creo que los nacionalistas vascos han comprendido muy bien que es mejor tener más independencia real aunque haya que renunciar a la independencia oficial. Y es que ésta es casi imposible de conseguir, un gobierno español puede sobrevivir a conceder más autonomía o mejores condiciones a un territorio pero nunca asumirá el coste político que supone perder una parte del país –a nivel geográfico, económico y de población- e incluso si se obtuviera, supondría para el territorio secesionado un shock económico (salida de la UE y del paraguas protector del BCE incluidos) y social enorme. Y creo que, al contrario que los independentistas catalanes, están en ese proceso: cada vez tienen más autonomía y asumen tragarse algunos sapos –para ellos- simbólicos (como pueden ser el tener DNI del reino de España o el que haya un cuartel de la guardia civil en algún pueblo) a cambio de ser, en los aspectos más importantes, cada vez menos dependientes. Yo no estoy a favor y me asombra que muchos que sí lo están se pasen la vida criticando la desigualdad y no critiquen este proceso de desigualdad territorial dentro de España (que también pasa con partidos españolistas como la oposición del PSOE a la tarjeta sanitaria única por ejemplo), pero está claro que es una postura mucho más inteligente y práctica. Incluso cara al exterior, la UE no apoyará jamás –por más que algunos sigan insistiendo en ello contra hechos demostrados- una secesión dentro de un estado miembro porque sería como dispararse un tiro en el pie alentando a otros movimientos nacionalistas excluyentes, pero no se inmiscuye en los grados de autonomía regionales. Además de que ya están intentando romper la caja única de la Seguridad Social, el nuevo proyecto de estatuto vasco que están preparando el PNV y Bildu ya habla incluso de “relación bilateral” con España y por los avances que se han filtrado, si consiguieran aprobarlo y que no lo vetara el TC, sería prácticamente una independencia real sin ruptura.
Por el contrario, los dirigentes del independentismo catalán se tiraron el farol –como bien, aunque tarde, ha reconocido Ponsatí– y ahora hay gente en la cárcel, se ha creado un precedente de lo fácil que resulta aplicar la suspensión de la autonomía y además han quedado al descubierto la poca fuerza real de presión del independentismo (las huelgas generales dañaron más a Cataluña que al conjunto del estado, el 155 se aplicó sin oposición etc.) y las numerosas mentiras de su discurso siendo la mayor la que pregonaba que llegaría el apoyo oficial exterior. Al final para ser un país debes forma parte de la comunidad internacional y ni un solo estado en todo el mundo reconoció a la República catalana. Pero lo peor es que, a pesar de que las cartas están a la vista, todavía hay quien quiere seguir jugando de farol. El gobierno español contra eso sólo puede hacer dos cosas debido al corsé constitucional (muy difícil de romper, si ni siquiera está clara la mayoría social a favor de la independencia dentro de Cataluña, aún es más difícil conseguir una mayoría en España que quiera cambiar la Constitución para favorecer la autodeterminación de alguna autonomía): o prometer dar algo si los independentistas asumen el fin de la unilateralidad (método Rajoy) o dar algo a ver si así consiguen que renuncien a la unilateralidad (lo que parece es el método Sánchez). Los problemas de esta segunda opción son principalmente dos:
Una es la historia: hace 40 años en la Diada se celebraba como una fiesta que se reinstaurara la Generalitat, que el proyecto de nueva constitución española dotara de un estatuto de autonomía a Cataluña (que se aprobó en 1979), que el catalán fuera idioma oficial, que en el verano de 1977 se legalizara a ERC a pesar de ser republicano… Y a pesar de la dictadura y el centralismo franquista apenas había independentistas. Tras 4 décadas en las que se transfirieron educación, sanidad, prisiones, la posibilidad de abrir embajadas y mil cosas más que en 1978 parecerían un sueño para cualquier nacionalista catalán de entonces, hay más independentistas que nunca y lo que entonces era motivo de festividad, hoy es opresión del estado español. Y es que los políticos nacionalistas viven de eso, de exigir cada vez más (lo hemos visto en todas partes a lo largo de la Historia) e incluso si un día Cataluña lograra ser independiente, al día siguiente sus dirigentes estarían reclamando Valencia, Baleares, el Rosellón y la Cerdaña. Es decir, dar más competencias a los políticos nacionalistas catalanes es lo que se ha hecho desde hace 40 años y el resultado es que ahora son independentistas. Y lo peor, y este es el segundo motivo de lo pesimista que soy respecto a la opción de Sánchez, es que Artadi (que se supone será la cabeza de lista del partido de Puigdemont si éste acaba inhabilitado) insiste en que no sólo no renuncian a la unilateralidad, tampoco a la desobediencia y Pere Aragonés (actual vicepresidente del govern y de ERC) ha afirmado que “habrá otros 1-O”, al igual que el president Torra.
Eso significa que cualquier competencia que el estado ceda ante la Generalitat seguramente será usada por ésta no para acabar con el conflicto territorial existente sino más bien para volver a intentar la secesión. Dicen que Sánchez ha ofrecido quitar del último estatut los recortes que impuso el TC, y aunque lo pudiera conseguir (que lo dudo mucho) lo que no puede hacer un estado es dar instrumentos a quien reconoce que los va a usar contra él, a aquel que presume de deslealtad. Si repasamos lo que el TC eliminó del último estatut (nada sustancioso salvo en lo referente al tema judicial) nos encontramos con que si se cede en, por ejemplo, que “el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya sustituye al Tribunal Supremo como última instancia jurisdiccional” o en que “el Consejo de Justicia de Cataluña actúe con independencia del Consejo General del Poder Judicial” (artículo 97) o en el 111 donde se afirma que “El Estado no puede legislar sobre competencias compartidas”… todo eso sólo podría ser posible en un clima de confianza en el que el govern y el Parlament catalán sean leales al estado y asuman de forma creíble que todo eso no se va a usar para facilitar una nueva DUI, una nueva desobediencia de las leyes y en que sea aún más difícil combatirla desde el estado. Como esto no sólo no lo aseguran -porque muchos siguen empeñados en continuar el farol- sino que incluso siguen insistiendo en tratar de imponerle a España una ruptura, soy muy pesimista en este tema, por más que algunos vean calma en que nos estemos acostumbrando a esta enorme anormalidad en la que hasta se hace difícil que autoridades estatales y autonómicas compartan eventos públicos internacionales sin llegar a la confrontación.
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