El gobierno de Donald Trump ha cumplido su primer año de gestión marcando por un endurecimiento (probablemente excesivo) en la política de fronteras y el cumplimiento de las leyes de inmigración. Este nuevo enfoque, basado en la ejecución de repatriaciones y el control estricto de los límites nacionales, ha generado efectos medibles en diversos sectores de la sociedad estadounidense, de todos hay uno que me ha sorprendido, el de la vivienda.
El mercado inmobiliario ante la reducción de la demanda
Históricamente, la concentración de grandes poblaciones de inmigrantes en situación irregular en determinadas zonas geográficas generó una demanda artificial de vivienda, especialmente en el segmento de alquileres de bajo coste y propiedades de nivel de entrada. Esta saturación del mercado contribuyó a que los precios se mantuvieran en niveles elevados, limitando las opciones para los ciudadanos con ingresos medios y bajos.
Los datos recientes revelan una tendencia de enfriamiento en el sector. En catorce de las veinte áreas metropolitanas con mayor presencia previa de inmigrantes no autorizados, los precios de lista de las viviendas han registrado un descenso interanual hacia finales del ciclo pasado. Este ajuste representa la primera caída significativa del mercado en más de dos años, sugiriendo que la salida de población de estos núcleos urbanos está aliviando la tensión sobre el inventario disponible.
Desequilibrios regionales y el factor de las ciudades santuario
El análisis geográfico del mercado inmobiliario muestra una disparidad notable basada en la aplicación de las leyes federales de inmigración. Mientras que la tendencia general apunta a una estabilización o descenso de los precios, existen excepciones localizadas. Las áreas metropolitanas que mantienen políticas de protección frente a las autoridades migratorias —comúnmente denominadas ciudades santuario— son las únicas que han registrado incrementos modestos en los precios de la vivienda.
Este contraste refuerza la tesis de que la movilidad poblacional derivada de las políticas de deportación masiva tiene una correlación directa con el valor de los activos inmobiliarios. En las jurisdicciones donde se ha facilitado la salida de residentes no autorizados, la competencia por el espacio habitable ha disminuido, permitiendo que la oferta local respire y los precios se ajusten a la capacidad adquisitiva real de la fuerza laboral nacional.
Perspectivas de asequibilidad a largo plazo
La mejora en los índices de asequibilidad es una de las consecuencias más destacadas de este nuevo escenario. Al reducirse la presión demográfica externa, el mercado inmobiliario está recuperando un equilibrio que favorece al comprador local. La disminución de los precios de venta, sumada a una posible estabilización de los tipos de interés en un entorno de menor inflación habitacional, plantea un horizonte más favorable para las familias que buscan adquirir su primera vivienda. Este cambio sugiere que la gestión de la población es una herramienta de política económica con efectos profundos en el precio de la vivienda.
Está claro que si hay menos demanda y la oferta permanece igual, o sube, los precios tenderán a la baja; pero vincular la bajada de precios a la expulsión de inmigrantes me parece un tanto demencial.
En especial teniendo en cuenta las actuaciones del ICE, que bordean la ilegalidad, por decirlo suavemente. Ya veremos qué pasa cuando Trump deje el poder y/o cuando/si los expulsados se animen a demandar…
Por otra parte han habido otras actuaciones, o anuncios al menos, que pueden haber influido en este tema:
– «El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que prohibirá a las grandes empresas comprar viviendas unifamiliares como parte de su plan para abordar la crisis de la vivienda en el país.»
– «Nueva medida propuesta por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el mercado inmobiliario. Tras el anuncio de una futura prohibición a grandes empresas para comprar viviendas unifamiliares, el líder norteamericano ha comunicado que ha ordenado comprar bonos hipotecarios en el país por valor de 200.000 millones de dólares (algo más de 171.000 millones de euros al cambio actual).»
La primera medida ha causado cierta conmoción ya que se parece a medidas que Podemos y Sumar y otros partidos de Izquierda, la de verdad, o sea, sin meter al PSOE en el mismo saco, han propuesto por España y Europa, sin que se les haga mucho caso y tildándolas de Comunistas y desestimándolas en general…
Decían en la radio el otro día que la única solución al problema de la vivienda es la construcción de vivienda pública*…
Pero, claro, y me pregunto: ¿Qué pasó con todos los inmuebles que los bancos expropiaron y, sobre todo, los que se quedó la Sareb?
Por que entiendo que habrá entre algunos y muchos que se puedan convertir en vivienda social…
Que, por cierto, o se ofertan las viviendas públicas en viviendas de alquiler protegido, o se prohibe de alguna manera su re-venta, tanto entre particulares como a Fondos de Inversión y similares, como hizo Ana Botella, porque si no, al final, estaremos otra vez sin vivienda pública.
*PD: Al parecer los trámites para construir VPO son tremendos. Ahí también habría que meter mano.