Aunque mi poca fe en los sindicatos (y por experiencia con ellos puedo hablar) no me impulsa precisamente a leer mucha información publicada por ellos, ha llegado hasta mí un artículo publicado por un sindicato minoritario aunque de amplio recorrido histórico que me ha llamado la atención. Este artículo habla de los expedientes de regulación de empleo y de cómo los sindicatos mayoritarios han podido hacer negocios con ellos.
Vayamos por partes. Para empezar, un expediente de regulación de empleo (ERE) es un procedimiento por el que se autoriza a una empresa con problemas económicos suspender o despedir trabajadores dentro de un marco legal que garantice ciertos derechos a los mismos. Para ser tramitado como un ERE los despidos tienen que afectar a todos los trabajadores (si éstos son más de 5) o a un número mínimo dependiendo del total de trabajadores de la empresa. Por ejemplo para empresas con menos de 100 trabajadores si se trata de despedir a un mínimo de 10 en un periodo de 90 días. Con respecto a los motivos, ya en su día se discutió ampliamente acerca de que se incluyeron en la reforma laboral causas técnicas, organizativas, etc. aparte de las económicas.
El procedimiento, a grandes rasgos, se inicia con la apertura de un periodo de consultas (de 15 a 30 días) para la negociación con los representantes de los trabajadores, si existen. Si no existieran, los trabajadores podrán nombrar una comisión. Después, aunque se suele hacer al tiempo, se realiza la solicitud a la autoridad laboral competente de la Comunidad Autónoma (o en la administración central si afecta a varias). También se habrá de informar a los servicios de empleo de la comunidad y solicitar informe a Inspección de Trabajo.
Tras el periodo de consultas, si hay acuerdo, la autoridad laboral autorizará los despidos; si no lo hay, la autoridad laboral resolverá en los siguientes 15 días estimando el ERE en su totalidad o en parte y, en todo caso, pasado el plazo para resolver, puesto que el ERE está informado y autorizado, se entenderá estimado en su totalidad.
Llegado el momento de los despidos, estos se indemnizarán a razón de 20 días por año trabajado (con prorrateo para los periodos menores al año) y será efectuada por el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) si la empresa no pudiera hacerlo por quiebra, insolvencia, etc., con ciertos límites en cuanto a cuantías.
Volviendo al tema del artículo publicado por el sindicato minoritario en cuestión, éste denuncia el negocio que los dos sindicatos mayoritarios realizan a costa de ponerse de acuerdo con la patronal de manera encubierta con el fin de dividir y desalentar la posible resistencia de los trabajadores al ERE, a cambio de lo cual reciben dinero en metálico, estimado, según algunos medios, en un 10% del coste por despido. Indudablemente, esto no es algo que se pueda hacer público abiertamente, y hubo que esperar al escándalo de los ERE andaluces para que el Secretario de Comisiones Obreras reconociera ante un juez que se “facturan servicios, no se cobran comisiones” y todo con vistas a que los gastos no recaigan sobre los trabajadores, sino sobre las empresas. De hecho, hasta parece haber un guion de actuaciones acerca de cómo proceder ante un ERE para que parezca que defienden al trabajador, boicotear las posibles protestas y movilizaciones y extender posteriormente el derrotismo y acabar diciendo que se ha conseguido lo mejor que se podía obtener para todos.
El caso es que si esto es así, si realmente las empresas pagan a los sindicatos con el fin de que éstos faciliten la consecución del ERE, sin movilizaciones, sin huelgas, etc. resultaría que éstos tendrían una fuente de financiación extra a costa de los despidos de sus defendidos. A tener en cuenta el hecho de que ha habido en los últimos 5 años, según fuentes del Ministerio de Empleo, más de 250.000 despidos en EREs pactados con las dos principales fuerzas sindicales. Probablemente sea todo legal, lo que ya dudo es de su ética: el hecho de limitar la capacidad de oposición a los trabajadores y de hacer caja para facilitar la negociación.
Por mi experiencia puedo decir que la actuación de un sindicato mayoritario, cuyo nombre recuerda al de una fruta tropical, fue poco menos que lamentable. Tras intentar fallidamente arrancar alguna complicidad por parte del empresario, el cual asumió todos los costes de tramitación de los despidos de la totalidad de la plantilla a través de la gestoría de la empresa, se dedicó a asustar a los trabajadores mintiéndoles acerca del posible engaño que sufrirían si dejaban en manos de la empresa la tramitación de sus papeles y, ofreciéndoles, si se afiliaban, una tramitación a un coste económico: un pequeño porcentaje de la indemnización que les correspondiera. Lo peor es que a alguno convencieron.