Los funcionarios: ¿un coste o una inversión para la sociedad?

Tengo que confesar que, al contrario que una gran masa de la sociedad, nunca he envidiado el trabajo de los funcionarios cuya ocupación no colman su vocación profesional. Evidentemente funcionarios hay de muchos tipos, desde el que atiende a los contribuyentes para pagar impuestos hasta un médico o un profesor abnegado. Los hay que disfrutan con lo que hacen, otros que trabajan dura y eficazmente en sus tareas a pesar de no estar en el trabajo de su vida y funcionarios que no cumplen en tiempo y modo con las labores por las que cobran.

En realidad, no envidio ningún trabajador por cuenta propia o ajena que se dedique a una actividad profesional vacía de contenido en base a sus aspiraciones e inquietudes; dedicamos muchas horas de una vida finita a trabajar y, por mucho que nos paguen o lo necesitemos, el dinero drena el tiempo vital que podemos dedicar a disfrutar.

Ser funcionario tiene una ventajas y unos inconvenientes, como cualquier otra actividad laboral. La ventaja más evidente es que tienen el trabajo más estable que una persona puede llegar a tener ofreciendo sus servicios a un patrono. Sin embargo, es posible despedir a un funcionario. Concretamente la separación del servicio de los funcionarios, por comisión de faltas muy graves. El Estatuto Básico de la Función Pública relaciona en su artículo 95 las faltas muy graves, entre las que podemos citar:

1. No respetar la Constitución.
2. El abandono del servicio o no hacerse cargo de las tareas que tiene encomendadas el funcionario.
3. El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo.
4. La desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior.
5. El acoso laboral.

Y una serie bastante larga de situaciones que podrían suponer el despido del funcionario. Y además la separación del servicio supone una sanción de por vida.

¿Sorprendidos, verdad?

Otra cosa es que se aplique o no la norma con la contundencia que se podría. Pero es perfectamente posible despedir al funcionario que no hace su trabajo. Los responsables de que los recursos públicos se gestionen adecuadamente son los políticos (los patronos públicos); su uno tiene empleados que no producen, lo que debe hacer es remediarlo, no rebajarle el sueldo. O lo forma y motiva para que haga bien su trabajo, o lo reasigna a otro tipo de funciones o lo despide; pero bajarle el sueldo o ampliarle la jornada de trabajo no arregla el problema.

Por otra parte tenemos a los sindicatos que en el funcionariado han encontrado su reino de taifas. Si los políticos no gestionan bien el dinero de los contribuyentes, los sindicatos deberían haber puesto el grito en el cielo; a fin de cuentas, antes que reclamar privilegios para sus afiliados tienen que asegurarse que el sistema funciona. Pocos derechos tiene un empleado si la empresa cierra. Lamentable ha sido su actuación, que premia a los que no trabajan frente a los grandes profesionales de la función pública.

Se ha vendido a la opinión pública que los funcionarios son un coste y que en aras a la austeridad se tiene que rebajar, bien reduciendo un 5% sus salarios bien congelando sus emolumentos. Esta forma de actuar se asemeja a los planes de reestructuración de muchas empresas privadas, con la salvedad que además de reducir sueldos se reduce plantilla (y normalmente no la menos productiva, sino la más barata de despedir).

Discrepo en esta visión de los empleados públicos; si realmente son un coste para la sociedad, lo que hay que hacer no es bajarles el sueldo o hacerles trabajar más horas. Lo que se debería hacer es reducir el coste a su mínima expresión o eliminarlo de ser posible. ¿Imagináis una empresa que para reducir costes despide a toda su plantilla? Si el funcionario es un mero coste, la función pública no tiene sentido y debe eliminarse, al igual que un empresa en un sector muerto.

Desde mi punto de vista los trabajadores públicos son una inversión, los engranajes que hacen posible que la sociedad goce de unos servicios mínimos, que las leyes se cumplan y que el mercado funcione adecuadamente. Los adoradores del becerro de oro del anarcocapitalismo pensarán de forma diferente, pero la teoría y la realidad son dos cosas muy distintas. Las medidas del Gobierno no tienen que centrarse en quitar valor adquisitivo a los funcionarios, medida indiscriminada que afecta a los mejores y peores trabajadores por igual.

Lo que se tiene que reformar es el propio sistema, para que los funcionarios que mejor trabajan cobren más y los que no cumplen con sus obligaciones sean separados del servicio. Pero esta solución debe ser muy complicada para los jerifaltes del Gobierno; aparte de implicar unos gestores de la res publica capaces de gestionar y optimizar los recursos. Evidentemente cada funcionario tiene una responsabilidad individual en hacer bien su trabajo, pero no nos engañemos: cuando en una empresa los trabajadores no trabajan bien, el culpable es el jefe.

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Escrito por Pau A. Monserrat el 2 de enero de 2012 con 54 comentarios.