Que España es el principal productor de chorizos de Europa, y quizás del mundo, es algo que no niega nadie, pero que además el sector porcino es un modelo de referencia a nivel mundial, es algo más desconocido. Sin embargo, las cifras no mienten: según el Ministerio de Economía y la Comisión Europea, nuestro país produce el 25,2% de la producción de productos porcinos europeos, lo que nos coloca como segundo productor, tras Alemania, a poca distancia. Pero es que somos el cuarto productor mundial, tras China, Estados Unidos y la nombrada Alemania.
El porqué de esta buena salud del sector hay que buscarlo en la progresiva profesionalización del sector: hemos pasado de una explotación tradicional a una industrial, donde se ha mejorado en la calidad de la producción, en las instalaciones, en la productividad, se ha adoptado la restrictiva normativa comunitaria sobre bienestar animal y, sobre todo, se ha trabajado en la exportación de productos. De hecho, las exportaciones del sector generan más de 3.000 millones de euros anuales, y creciendo; es así que supone el 50% del saldo de la balanza comercial de todo el sector agrícola y pesquero. Los destinatarios de nuestros productos: China, Japón, Rusia, Corea del Sur, Portugal, Francia, Italia y Alemania.
Pero se sigue trabajando por la mejora, se sigue apostando por aumentar producción y calidad, por que sea un sector referente en la economía, una fuente de ingresos saneada… y quizás por esto el Gobierno haya decidido sacar también tajada del cerdo. ¿La excusa? La reforma del mercado energético y sus polémicas medidas con respecto a las instalaciones de fuentes de energías renovables, de residuos y de cogeneración, que ya ha conseguido que casi la totalidad de las plantas de tratamiento de purines (28 de 29) queden paralizadas y que acabarán cerrando si no se les busca una solución.
Este es un sector de la energía que aprovecha los residuos de las granjas de animales para producir energía, agua de riego y fertilizantes a partir de unos desechos que, por su abundancia, no pueden seguir siendo usados a la manera tradicional: como abono sin más. De hecho, se estima que de 50 kg. (lo que produce una vaca al día) de desecho se pueden obtener 10 m3 de biogás.
La nueva reglamentación simplifica y aúna todas las fórmulas de cogeneración de energía en una única modalidad y establece la supresión de las ayudas de hasta un 40% que recibían estas plantas por tratar sus desechos, tomando sólo en cuenta la parte de producción energética y no la parte de descontaminación y reciclaje de desechos contaminantes. Es decir, a estas plantas se les reconoce sólo la parte de producción de energía, no el hecho de eliminar las abundantes y malolientes sustancias tóxicas generadas en las granjas de cerdos, desechos altamente contaminantes.
Esta suspensión de las ayudas hace inviable la continuidad de estas plantas de tratamiento que, sin haber sido la mayoría amortizadas todavía, se han quedado sin margen de maniobra. Con lo cual, las granjas están a día de hoy, acumulando desechos que no tienen manera de tratar por no estar preparadas para ello, ya que las instalaciones contaban con la participación de las plantas de purín, que eliminaban 500 cisternas diarias, con un total de 2,5 millones de toneladas al año.
Es por esto que desde el sector porcino se hayan levantado las alarmas, ya que ven que van a pagar un problema del que, en principio, son ajenos. Las soluciones que se prevén no son las más halagüeñas. Por un lado, es claro que las granjas están obligadas a tratar sus desechos convirtiéndolos en abonos, pero esto es algo para lo que no todas están preparadas, ya que contaban con la existencia de las plantas de tratamiento de purín, por lo que sólo les queda el transporte a las pocas plantas que logren seguir existiendo, lo que disparará los costes; o bien reducir el número de cabezas de ganado, con el consiguiente descalabro económico y la pérdida de oportunidad de negocio ante la expansión del sector.
Según Anpropagor (Plataforma Tecnológica de Agricultura Sostenible), la reducción del tamaño del sector produciría unos costes de 325 millones de euros sobre un volumen de negocio de 6.000 millones, además de todos los efectos indirectos sobre toda la cadena de producción, más difíciles de medir. Por no hablar de los efectos de la pérdida de mercados internacionales por no poder asumir la producción.
La solución aportada por el Ministerio de Agricultura, por su parte, no deja de ser desalentadora: se subvencionará el transporte del material contaminante para utilizarlo como abono. Lo que se descarta de plano es una moratoria para las plantas de tratamiento, de hecho, el Ministro Soria, ha declarado en el senado que el consumidor ya ha pagado en la factura de la luz 3.000 millones de euros desde 1.999 entre precios y primas para tratar los purines, y que esto se ha terminado. Así, la solución ofrecida por el Gobierno central ha sido encomendar a la empresa pública Tragsa que recoja los purines, lo que ha hecho con ellos ha sido llevarlos a las propias plantas de tratamiento, paradas la mayoría, por lo que no se ha podido hacer nada con ellos.
No se ha hablado para nada de la masiva inyección de dinero pagado a la banca, o a las constructoras, ni siquiera del coste ahorrado por el tratamiento de residuos contaminantes y es que, quizás en este país, donde esté una buena sarta de chorizos que se quite todo el sector porcino.