En octubre de 2015 se aprobaba el Real Decreto de lo que se denominó el “peaje de respaldo” al autoconsumo eléctrico. En pocas palabras, el “impuesto al sol”, sobre el que las organizaciones de consumidores, grupos ecologistas, asociaciones empresariales y la oposición advirtieron durante más de dos años acerca de su penalización al autoconsumo. Después de algunos retoques basándose en el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y el visto bueno del Consejo de Estado, el Gobierno aprobó la normativa que para organizaciones como Greenpeace supuso una “clara política de penalización de las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética”.
Consecuencia del maridaje entre políticos y empresas eléctricas, el gobierno anterior plagó de trámites burocráticos las instalaciones de autoconsumo y, no contentos con ello, tachó de insolidarios a los que tenían instalaciones parciales de autoconsumo al oponerse éstos al “impuesto al sol”.