El pasado 7 de mayo, entró en vigor el Real Decreto-Ley de «medidas para la regularización y control del empleo sumergido». Se hizo esto porque en nuestro país la economía sumergida en el empleo se sitúa en torno a los 82.500 millones de euros, lo que supone casi un 8% del PIB anual.
La medida básicamente consistía en que desde el 7 de mayo hasta el 31 de julio de este año, los empresarios que lo desearan podrían dar de alta a la Seguridad Social a los empleados que no tuvieran declarados sin recibir sanción administrativa. Una vez pasado dicho periodo se endurecerían las sanciones administrativas a empresas y trabajadores, llegando a multiplicar las multas hasta por cinco en algunos casos.
Y, ¿qué ha pasado?
Según el Gobierno, durante el período de regularización voluntaria (mayo a julio de 2011) se han producido un total de 5.062.336 altas de ocupados en la Seguridad Social, que supone 118.102 altas más que en los mismos tres meses del año anterior, un 2,4%.




