La guerra de los estibadores entra en una nueva fase

Tras dos años de negociaciones, y con todas las propuestas rechazadas por la Comisión Europea, los estibadores españoles han comenzado sus jornadas de protestas, jornadas que pueden acabar con un recrudecimiento generalizado que desembocaría en una huelga general.

El origen del conflicto arranca con una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el 11 de diciembre de 2014, que considera que España incumple la normativa comunitaria al no respetar la libertad de establecimiento y contratación en el sector de la estiba y desestiba (carga y descarga de mercancía marítima). El asunto ya se ha cobrado 21,5 millones de euros de sanción, según el Ministerio de Fomento.

En España, las empresas de este exclusivo sector tienen la obligación de inscribirse en una Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (Sagep) y, además, participar de ésta económicamente. Es decir, las empresas que quieren operar en los puertos públicos deben entrar en el capital de las Sagep y están obligadas a contratar solo a sus estibadores.

Y es este sistema cerrado de acceso a la actividad lo que suscita polémica, porque la entrada de trabajadores es muy restringida y controlada por Sagep al 100%. Dando lugar a salarios elevados: 60.000 euros al año, según fuentes de Fomento, y a un excesivo control y dependencia de la actividad a las decisiones de la Sagep, controlada mayormente por los sindicatos.

La decisión tomada por el Gobierno es acabar con esta situación. Para ello ha preparado un decreto ley para la liberalización de la estiba en los puertos españoles que cumpla con las exigencias de Europa. Y, ante su entrada en vigor este pasado viernes, se han encendido todas las alarmas entre el colectivo de estibadores. Ya que acabará con la posición de privilegio de la Sagep, al permitir la existencia de empresas que no tengan que pertenecer a la misma y, además, terminará con la existencia del registro de trabajadores, principal punto de exigencia de Europa.

La norma busca la liberalización de la contratación de los trabajadores. Pudiendo las empresas contratar libremente sin necesidad de pasar por el registro de trabajadores aprobado por la Sagep. La única condición será la exigencia de la formación de estos trabajadores: bien por la formación profesional reglada y aprobada por Fomento (o sus equivalentes de otros países, debidamente reconocidas), bien por la posesión de un certificado de profesionalidad habilitante, o bien por la acreditación, por parte del trabajador, de más de 100 jornadas de trabajo en el servicio portuario de manipulación de mercancías.

Y para redondear la jugada, el decreto posibilitará que las empresas que tengan contratados trabajadores impuestos por la Sagep puedan despedirlos, haciéndose cargo la Autoridades Portuarias de los Puertos de Interés General, de las indemnizaciones que estas empresas deban desembolsar.

En definitiva, que la norma intenta acabar con una posición de predominio que mantenían los sindicatos, y que presuntamente hacían funcionar la Sagep como su propio cortijo, favorecer a unas empresas, que lo único que hacían era repercutir a sus clientes los costes excesivos a los que la Sagep les hacía incurrir, abrir la puerta a trabajadores de toda índole, mejor o peor preparados, pero indudablemente peor pagados y además indemnizar a los trabajadores hasta ahora “privilegiados” a costa del bolsillo del ciudadano.

El caso es que, según la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), uno de los principales sindicatos de los estibadores, que no quieren ser los malos de la película, llevaban un tiempo negociando con la patronal del sector: la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras (Anesco), y habían llegado a un preacuerdo con ellos para adecuarse a la exigencia europea, en un «claro gesto de apuesta por el consenso y el entendimiento en el sector», según la coordinadora.

Sin embargo, este acuerdo no fue ratificado por la asamblea de la patronal «por la irrupción del ministro de Fomento» y su decreto antes de que culminara el proceso negociador. Según la CETM, este acuerdo da respuesta a las exigencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, era aceptado por la patronal y “la irrupción de un decreto ley autoritario ha dinamitado el diálogo”.

Así las cosas, ha habido paros 20, 22 y 24 de febrero, por ahora sin demasiadas consecuencias. Sin embargo, no hay que olvidar por qué este colectivo goza (o gozaba) de esa posición privilegiada en las negociaciones. Su capacidad de paralizar el tráfico de mercancías en cualquier puerto es evidente y demostrada, además es un colectivo con unos lazos de unión muy fuertes a nivel nacional e internacional, de modo que podría hasta conseguir bloquear o retrasar las mercancías con destino a España en los puertos de origen, de hecho, ya han hecho gala de sus apoyos internacionales en los informativos de todo el país. Por otro lado, no hay que olvidar que por los puertos pasa el 86 % de las importaciones y el 60 % de las exportaciones, lo que supone el 1,1 % del PIB nacional y el 20 % del PIB del transporte. Alrededor de la estiba se generan más de 150.000 empleos, entre los directos y los indirectos, siendo los afectados por la reforma legal unos 6.150 trabajadores, la mayoría en Algeciras, Barcelona y Valencia.

Tras la aprobación del decreto, los sindicatos ya han anunciado nuevas movilizaciones. Tres semanas de paros a partir del próximo 6 de marzo que podrían dar lugar a paralizar tanto la producción del país, como hacer muy difícil la vida en ciudades que reciban una parte significativa de sus productos de primera necesidad por vía marítima, tales como ambos archipiélagos y muchas ciudades costeras.