La inaplazable reforma del sistema financiero italiano

La banca italiana está herida, seguramente de lo mismo que lo estuvo la banca española: de créditos morosos, de directivos más rapaces que eficaces y de falta de capital. Por su parte, el Gobierno italiano se enfrenta ahora a la tesitura de ayudar a las entidades bancarias en problemas, lo que conllevaría a abrir la puerta a las reglas europeas de rescates bancarios, que obligan a aplicar quitas a inversores si se inyecta dinero público en las entidades.

La entidad que ha abierto el melón del problema es la considerada como el banco más antiguo del mundo, el Monte dei Paschi, en una evolución parecida a la de nuestra Bankia. También empezó como caja de ahorros y está a punto de sufrir un rescate público con imposición de pérdidas a los preferentistas. Ya se verá si tenemos también una privatización posterior con un Rato y un Blesa a la italiana.

El conocimiento público del problema tuvo lugar tras los test de estrés a la banca del pasado julio, en los que la entidad italiana obtuvo la peor puntuación de toda la UE, y que desvelaron unas necesidades de capital adicional de 5.000 millones de euros, dándosele de plazo hasta fin de año para buscar inversores. El banco, movió ficha desde entonces, y ha intentado por todos los medios buscar socios para cubrir sus necesidades de capital.

En las últimas semanas se especuló con la participación de algún gran inversor internacional, como el Fondo Soberano de Qatar, que iría a aportar hasta 1.400 millones y que serviría como inversor ancla para poder captar el resto del capital. Sin embargo, los qataríes, con buen criterio, han decidido no invertir nada hasta que se solucione la crisis institucional en el Gobierno italiano y se tenga claro quién va a gobernar el país.

El banco, ante la incertidumbre política, solicitó al BCE una prórroga hasta el 20 de enero para poder cerrar la operación de la ampliación de capital, confiando en que para entonces se habría aclarado el panorama político. Pero el organismo presidido por Draghi se ha plantado en el no, con el argumento de que, si no se ha conseguido hasta ahora, no se va a conseguir con más tiempo, y esperar sólo conllevaría “el riesgo de turbulencias y de un gasto público más alto al final”.

La consecuencia no es otra que abocar al decano de la banca al rescate público, lo que conllevará atenerse a la normativa europea en materia de rescates bancarios y obligar a los accionistas a asumir parte de las pérdidas. El problema es que, al igual que ocurrió con el caso de los preferentistas en España, muchos de los inversores en los bancos italianos son particulares que perderían sus ahorros si se aplican estas quitas. Esta ha sido la razón principal en el retraso a buscar la solución a la crisis financiera en Italia. Es ahora cuando el Gobierno italiano se lamentan de no haber pedido un rescate bancario a la Unión Europea en 2012, como hizo España, cuando las reglas no eran tan estrictas. Es decir, cuando no estaba todavía en vigor la Directiva de Recuperación y Resolución Bancaria, que impone una serie de condiciones, entre ellas las quitas a los accionistas antes de la ayuda estatal.

El caso es que, posiblemente debido a la delicada situación política del país desde hace años, ningún equipo de Gobierno se ha decidido a coger el toro por los cuernos y afrontar el saneamiento de un sistema bancario muy tocado que no acaba de caer pero que no es capaz de ayudar a una economía gripada, muy endeuda y con un crecimiento demasiado bajo. Además, la caída del Gobierno de Renzi añade incertidumbre política en un momento en el que cinco o seis entidades tienen apuros serios.

La banca italiana tiene en torno a 350.000 de créditos morosos y cerca de 180.000 millones de euros en bonos en manos de particulares. El anterior Gobierno de Renzi ha intentado todos los mecanismos posibles para evitar, en el caso de que se produzca una intervención, que los preferentistas italianos sufran pérdidas. Tras la experiencia con cuatro pequeñas entidades del año pasado (Banca Marche, Banca Etruria, Cariferrara y Carichieti), se comprobó que no es nada fácil, al menos de entrada. Hay formas a posteriori, pero este precedente lanzó una señal muy clara: hacer lo mismo con una gigante es un caos económico y un suicidio político.

La hipótesis más probable para solucionar el problema del Monte dei Pasci pasaría por una nacionalización de la entidad al modo de Bankia, pero con la inevitable quita del 8% impesto por la normativa europea. Y resolver el problema de los preferentistas con la solución que ha aportado Bruselas: el Gobierno italiano podría compensar mediante mecanismos de arbitraje, como ha hecho España, a aquellos que demuestren que se les vendió de forma indebida estos productos financieros.

El caso es que la UE quiere una solución ya a la crisis bancaria en Italia para evitar el contagio a otros países con problemas en su sector financiero, como Portugal o incluso de nuevo Grecia. Y quizás sea el momento en Italia, en el que un Gobierno de transición, sin aspiraciones a perdurar, sea el saque las castañas del fuego.