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El Gobierno aprueba el proyecto que sube a 1.000 euros la multa por conducir bebido

imageEl Consejo de Ministros aprobará este viernes la remisión a las Cortes del proyecto de reforma de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial que permitirá subir la sanción económica por conducir bajo los efectos del alcohol de los 500 euros actuales a 1.000.

La reforma solo supondrá la subida de la cuantía de la multa, mientras que las tasas máximas de alcohol permitidas no sufrirán variación, ni tampoco los puntos que se detraen del carné en caso de ser multado por dar positivo en la prueba de alcoholemia.De este modo, la tasa máxima permitida para los conductores en general seguirá siendo de 0,25 miligramos de alcohol por litro en aire expirado, que desciende a los 0,15 para los conductores noveles y para los de transportes de mercancías o de vehículos especiales.

Otro de los aspectos que se regulan en la reforma de la Ley es la obligatoriedad del uso del casco para los menores que circulen en bici, tanto en ciudad como en vías interurbanas.Precisamente, la polémica suscitada en torno al uso obligatorio o no del casco en ciudad para el resto de los ciclistas ha obligado al Congreso a abrir un debate con expertos para tomar una decisión antes de que se apruebe el Reglamento de Conductores.

La reforma de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial es el paso previo para la aprobación posterior del Reglamento, por lo que éste no entrará en vigor antes de que acabe el año.Según fuentes de Tráfico, la reforma también prevé la prohibición de los detectores de radar, que llevará aparejada una multa de 200 euros y la pérdida de tres puntos del carné.

El establecimiento del test de saliva como único método para constatar los niveles de droga al volante y la regulación de los sistema de retención infantil son otras de las medidas que quieren incluirse en la reforma.

Un texto que dejará preparado también el anexo que incluirá el futuro Reglamento con los nuevos límites de velocidad, toda vez que la pretensión de la Dirección General de Tráfico es aumentar el máximo a 130 kilómetros por hora en determinados tramos y condiciones de autovías y autopistas y rebajarlo en las carreteras convencionales e, incluso, en algunas calles de las ciudades.

Escrito por Europa Press el 26 de julio de 2013 con 19 comentarios
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La CE dice que los internautas europeos podrían ahorrar 8.600 millones cambiando a proveedor más barato

Los usuarios europeos podrían ahorrar hasta 8.600 millones de euros al año cambiando de su actual proveedor de Internet a otro más barato, según un estudio de la Comisión Europea.

   El informe apunta que un tercio de los usuarios han experimentado problemas con su proveedor de Internet durante el último año, en particular cortes en la conexión, velocidades inferiores a las contratadas y mal servicio al cliente.

El estudio señala además que existen importantes trabas para cambiar de compañía, como la larga duración de los contratos, los gastos de cancelación temprana, las dificultades de comparar precios y el corte del servicio durante el tiempo del cambio.

No obstante, la mayoría de los clientes experimentaron según Bruselas altos niveles de satisfacción al cambiar de compañía y ahorraron de media 14,7 euros al mes.

Escrito por Europa Press el 19 de julio de 2013 con 11 comentarios
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La Eurocámara pide la dación en pago para las familias en quiebra

El pleno de la Eurocámara ha pedido este martes a los Estados miembros que se esfuercen por ofrecer soluciones alternativas a los desahucios, en particular “procesos de renegociación de la deuda o la dación en pago para los deudores y las familias en situación de quiebra”.

   Los parlamentarios reclaman además a los Gobiernos medidas para “impedir que las familias desahuciadas sigan teniendo que devolver sus créditos hipotecarios”.

Estas reivindicaciones se han incluido en una enmienda a un informe sobre vivienda social que se ha aprobado por 318 votos a favor, 269 en contra y 52 abstenciones. La resolución no tiene carácter vinculante sino que supone únicamente una señal política dirigida a los Gobiernos de la UE.

La Comisión y a los Estados Miembros deben “abordar la solución del drama social que plantean los desahucios y la pérdida de la vivienda para los más afectados por la crisis económica y el desempleo”. Además, el texto “recuerda que estos se producen en un contexto de grandes ayudas públicas destinadas al saneamiento del sistema financiero europeo”.

Por ello, la Eurocámara pide que “la normativa europea sobre hipotecas incorpore las mejores prácticas que sean más favorables para los consumidores”.

Los eurodiputados solicitan además a los Estados miembros que garanticen a los ciudadanos el acceso a alquileres a precios moderados y defienden la creación de regímenes financieros específicos para los hogares más vulnerables en relación con los costes de la energía (como la tarificación justa de la energía, las ayudas específicas o integradas en otras ayudas sociales, la prevención del impago de facturas y la protección contra los cortes de suministro).

Finalmente, el informe pide a la Comisión Europea que elabore un marco común para fomentar la vivienda social en la UE, con financiación suficiente procedente del presupuesto de la UE para el periodo 2014-2020.

El eurodiputado de Iniciativa per Catalunya, Raül Romeva, ha dicho que el Gobierno español “debe escuchar a Europa, ya que no lo ha hecho con la ciudadanía cuando se le pidió una reforma de la ley hipotecaria que incorporara la dación en pago”.

“El Tribunal de Justicia Europeo ya se ha pronunciado contra las cláusulas abusivas de la ley hipotecaria española, el Parlamento Europeo le ha otorgado el premio ciudadano 2013 a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y hoy se ha pronunciado a favor de una política de vivienda social y justa”, ha destacado Romeva.

Escrito por Europa Press el 11 de junio de 2013 con 1 comentario
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No hacía falta saber de economía para estar en la CAM

 

   La exmiembro de la comisión de control de la CAM Olaya Pérez ha señalado que cuando entró en este órgano le explicaron que su función era “el seguimiento y control del consejo de administración”. Al respecto, ha dicho que no es economista, pero ha indicado que no era “condición sine qua non para formar parte de los órganos de gobierno de la CAM”“Cualquier persona impositora tiene el mismo derecho, sepa más, sepa menos, tenga un nivel alto o bajo”, ha apostillado.

   Olaya Pérez, en su primera intervención en la comisión de investigación de la CAM en las Cortes, ha explicado que el Banco de España incoó expediente disciplinario en el que inicialmente apareció relacionada y se formuló pliego de cargos a determinadas personas, pero se le excluyó por haber cesado en su cargo en la caja antes de los ejercicios investigados.

   Profesora de Educación Infantil y Primaria, fue vocal de la CAM de enero de 2002 hasta febrero de 2007, y ha asegurado que no le consta que “en ninguna reunión se adoptara colegiadamente ninguna decisión irregular, con beneficio para nadie”Olaya Pérez ha pedido a las Corts que le paguen la dieta correspondiente al día de hoy y el desplazamiento.

   Asimismo, ha solicitado que se tuviera por cumplida su obligación de informar lo que es objeto de esta investigación. El presidente de la comisión, Rafael Maluenda, le ha informado de que podía incurrir en un delito de desobediencia.

   Pérez, a pesar de su aparente reticencia inicial, ha respondido a preguntas de los grupos parlamentarios en sus posteriores intervenciones. Ha explicado que entró en la CAM por sorteo de impositores y que estuvo en la comisión de control cinco años.

   Según ha asegurado, las reuniones de la comisión de control se hacían a posteriori de los consejos de administración y desde la caja enviaban a casa un dossier sobre los asuntos a tratar. Asimismo, ha indicado que la secretaria de actas ponía “todo a nuestra disposición; en ningún momento se nos negó información”.

REUNIONES EN EL EXTRANJERO

   Preguntada por la diputada de Compromís Mireia Mollà y por el parlamentario del PP Vicente Betoret por si asistió a reuniones de la caja en el extranjero, Pérez ha indicado que las comisiones de control se hacían tanto en Alicante, como en otros sitios de la Comunidad Valencia, así como “en territorios en expansión”“Se hicieron muchas citaciones en muchos sitios, y yo asistí a todas las que pude”, ha manifestado.

   Pérez, que no ha querido precisar en qué lugares se hicieron estas reuniones, ha subrayado que las que se hacían en Alicante y las que se hacían “fuera” tenían “la misma seriedad” y “la misma importancia”

   En cuanto a las retribuciones, ha aseverado que todo lo que cobró fue en concepto de dietas. Los grupos de la oposición le han preguntado cómo llegó a ser consejera general de la CAM por parte de la Generalitat valenciana elegida por las Cortes. Pérez ha destacado: “nunca jamás el PP se ha puesto en contacto conmigo para nada, absolutamente para nada”.

   Antes de Olaya Pérez, este lunes ha pasado por la comisión de investigación de las Cortes Valencianas el exconsejero Manuel Muelas y esta tarde, a las 16.30 horas, lo hará el exintegrante de la comisión de control José Ruzafa.

Escrito por Europa Press el 26 de noviembre de 2012 con 6 comentarios
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