El sueldo más habitual en España solo supera en un 3% al SMI

Entre 2018 y 2023, la brecha entre el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y el salario más habitual en España –conocido como salario modal– se ha reducido de forma llamativa: del 40% al 3%, según datos del informe Igualitarismo salarial y empobrecimiento económico elaborado por el Instituto Juan de Mariana. Pero esta convergencia no se ha producido por un aumento generalizado del bienestar. Al contrario: el análisis apunta a una erosión del poder adquisitivo de la clase media, cuyo sueldo más representativo ha pasado de casi 18.000 euros (en euros constantes) a 13.800 euros en 2023.

Mientras tanto, el SMI ha experimentado un crecimiento del 26% en términos reales, pasando de los 10.000 euros a rozar los 13.370 euros anuales. En otras palabras, la distancia entre el suelo y el centro del mercado laboral se ha reducido no porque haya subido el nivel de vida de los de abajo, sino porque ha bajado el de los de en medio.

Este achatamiento de la estructura salarial, según el Instituto, no solo refleja un problema de productividad o de inflación persistente. También pone de relieve un riesgo para el futuro del mercado de trabajo: la desaparición de los incentivos para progresar profesionalmente. Cuando el salario mínimo se sitúa prácticamente al mismo nivel que el salario más frecuente, ¿qué estímulo existe para formarse, cambiar de puesto o asumir mayores responsabilidades?

La situación es especialmente visible en sectores intensivos en mano de obra, como la hostelería, el comercio, la limpieza o los servicios auxiliares, que operan con márgenes reducidos en muchas zonas del país. En 42 de las 50 provincias españolas, el SMI ya supera el 60% del sueldo medio, y en 34 de ellas va más allá del 75%. El caso más extremo es el de Ávila, donde el salario mínimo representa el 90,8% del sueldo medio en pymes. Este fenómeno no solo genera presión sobre el tejido empresarial, sino que plantea dudas sobre la viabilidad de algunos modelos de negocio en las provincias con menor renta.

A nivel autonómico, destacan regiones como Extremadura, donde el salario mínimo equivale al 72,8% del salario medio, seguida de Canarias (68,5%), Murcia (67,4%) y Andalucía (66,5%). Estas cifras ilustran cómo la política salarial uniforme aplicada desde el Gobierno puede tener efectos desiguales según el territorio.

En cuanto al empleo, el informe estima que el impacto acumulado del aumento del SMI desde 2019 podría haber supuesto la destrucción de hasta 270.000 empleos hasta 2024. Según el Instituto, en 2019 ya se perdieron 174.000 puestos de trabajo a causa de esta subida, y se espera que el efecto total supere ampliamente los 200.000. Además, el think tank critica el uso de “contabilidad creativa” por parte del Ejecutivo, que habría inflado las cifras de ocupación al incluir como trabajadores activos a fijos discontinuos no activos, lo que maquillaría la caída real del paro.

Uno de los puntos más polémicos del informe es la afirmación de que el SMI se ha transformado en un “techo empobrecedor” en lugar de una palanca de mejora social. En este modelo, subir los salarios por decreto, sin un respaldo de crecimiento económico ni mejora de la productividad, podría tener efectos contraproducentes: menor movilidad laboral, aumento del trabajo informal y frenazo a la creación de empleo estable, especialmente entre jóvenes y trabajadores menos cualificados.

La advertencia del Instituto Juan de Mariana es clara: España necesita salarios más altos, sí, pero sostenibles. Para ello, se requeriría un cambio de enfoque hacia políticas que incentiven el crecimiento económico, el aumento de la productividad y la competitividad empresarial, en lugar de centrarse exclusivamente en subidas salariales por vía normativa.