Consumo propone una multa de 3,6 millones a Alquiler Seguro por cláusulas abusivas a inquilinos

¿Pagar por firmar un contrato de alquiler? ¿Asumir costes que deberían ser del propietario? Estas son algunas de las prácticas que han puesto en el punto de mira a Alquiler Seguro, una de las agencias inmobiliarias más conocidas de España. Ahora, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 propone sancionarla con más de 3,6 millones de euros por incumplimientos de la Ley de Vivienda y prácticas abusivas contra los inquilinos.

La propuesta de sanción llega tras meses de investigación y un expediente iniciado en marzo de 2024, a raíz de una denuncia presentada por la organización de consumidores FACUA, que destapó irregularidades en los contratos que Alquiler Seguro firmaba con sus arrendatarios en todo el país. Aunque el procedimiento sigue abierto y aún debe resolverse formalmente, el expediente ya ofrece una fotografía clara del tipo de prácticas que, según Consumo, vulneran los derechos de los consumidores.

¿Qué se le imputa exactamente a Alquiler Seguro?

La sanción propuesta, de 3.600.902 euros, se divide en varias infracciones. La más destacada, con una multa de un millón de euros, es el cobro al inquilino de un «Servicio de Atención al Inquilino» (SAI) que, según la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), debería ser asumido por la parte arrendadora.

Este servicio incluía gastos por gestión documental, estudio de solvencia o asesoramiento legal, y se facturaba inicialmente como «una mensualidad de renta más IVA», luego modificada a 990 euros más impuestos, independientemente de la duración del contrato. Un inquilino que alquilara por seis meses pagaría lo mismo que otro que lo hiciera por cinco años, algo que el Ministerio considera desproporcionado e injustificado.

Según el expediente, esta fórmula encubría el cobro de honorarios inmobiliarios al arrendatario, algo expresamente prohibido por la legislación vigente desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, que busca proteger al inquilino en un mercado cada vez más tensionado.

Imposición de seguros y cláusulas abusivas

Otro bloque de la sanción, con un importe de 990.900 euros, corresponde a la imposición obligatoria de un seguro de hogar, algo que, en principio, no puede exigirse al arrendatario. Este seguro cubría aspectos como responsabilidad civil, continente y contenido de la vivienda, pero beneficiaba claramente al propietario, no al inquilino, según Consumo.

A esto se suman cláusulas contractuales abusivas, como:

• La obligación del inquilino de pagar todos los gastos judiciales y extrajudiciales, incluso en reclamaciones no iniciadas por él.

• La posibilidad de incluir al arrendatario en ficheros de morosos en caso de impago de cualquier cantidad, sin apenas margen de defensa.

• La limitación del derecho de desistimiento del inquilino respecto al SAI, incluso aunque muchas de sus prestaciones no se llegaran a ejecutar.

Un caso que podría sentar precedente

El ministro Pablo Bustinduy ha señalado que esta es solo una «propuesta intermedia» dentro del procedimiento, y que aún se deben estudiar las alegaciones de la empresa antes de una resolución definitiva. No obstante, ha remarcado la gravedad del asunto: “En el mercado de la vivienda se ha impuesto la ley de la selva y los inquilinos están muchas veces en situación de indefensión”.

FACUA, como parte personada en el procedimiento, ha hecho pública la resolución parcial recibida, que desestima las alegaciones presentadas hasta ahora por la empresa. El Ministerio, por su parte, insiste en que ninguna empresa puede estar por encima de la ley, y que todos los recursos disponibles se pondrán al servicio de los consumidores, especialmente en un ámbito tan delicado como el de la vivienda.

Aunque Alquiler Seguro ha negado en otras ocasiones haber cometido irregularidades, este expediente podría abrir la puerta a futuras sanciones contra otras agencias inmobiliarias que apliquen condiciones similares en sus contratos.