La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha apuntado que la presión fiscal en España ha aumentado en las últimas décadas «muy considerablemente», tanto en términos absolutos como relativos, hasta situarse «por encima de la media de los países de la OCDE y muy cerca de la media de la UE».
Actualmente, en la mayoría de sistemas fiscales, los intereses que pagan las empresas por su deuda son deducibles fiscalmente, mientras que los dividendos que se pagan a los accionistas no lo son. Este tratamiento favorece claramente la financiación vía endeudamiento, lo que puede llevar a distorsiones económicas, mayor riesgo financiero y una menor solidez empresarial. Corregir este desequilibrio implicaría, por ejemplo, permitir que las empresas dedujeran también parte de la retribución del capital propio, lo que incentivaría una financiación más equilibrada y menos dependiente del crédito.
Por otro lado, el documento propone una revisión profunda del IVA, un impuesto que suele considerarse regresivo porque afecta en mayor proporción a quienes menos tienen. En concreto, se aboga por aplicar un tipo uniforme y neutral, eliminando los tipos reducidos y exenciones que actualmente benefician a ciertos productos o servicios. Esta medida, sin embargo, no sería neutra para los hogares con menores ingresos. Por eso, el planteamiento incluye compensaciones directas para las rentas más bajas, que podrían adoptar la forma de transferencias o deducciones específicas, asegurando que el cambio no tenga un impacto social negativo.
Otro tema que levanta pasiones es la imposición sobre la riqueza. En lugar de mantener tributos como el Impuesto sobre el Patrimonio —que en muchos países está en retroceso o ha sido eliminado—, se sugiere explorar nuevas vías de tributación, como gravar las ganancias de capital no realizadas. Es decir, poner impuestos no solo a las ganancias cuando se venden activos, sino también a las plusvalías latentes, aquellas que existen pero aún no se han materializado. Esta idea, que ya se discute en países como Estados Unidos, busca capturar parte de la riqueza acumulada por grandes patrimonios que, de otro modo, podrían evitar tributar durante años o incluso décadas.
También se señala la necesidad de limitar el uso de beneficios fiscales, esas deducciones, bonificaciones y exenciones que muchas veces terminan beneficiando desproporcionadamente a los que más tienen o a sectores muy concretos, reduciendo la base imponible del sistema sin una justificación clara desde el punto de vista de la eficiencia o la equidad.
Finalmente, se plantea una revisión del papel de las cotizaciones sociales, especialmente desde el punto de vista de la contributividad. En otras palabras, se trata de analizar hasta qué punto las cotizaciones reflejan adecuadamente la relación entre lo que cada trabajador o empresa aporta y lo que después recibe del sistema en forma de pensiones o prestaciones. Una mayor transparencia y coherencia en este ámbito podría mejorar la confianza en el sistema y favorecer su sostenibilidad.
Todas estas propuestas apuntan en una misma dirección: modernizar el sistema tributario para hacerlo más justo, eficiente, neutral y adaptado a los retos del presente, como el envejecimiento de la población, la transformación digital y la desigualdad creciente.