El Tribunal Supremo lleva semanas sin pronunciarse sobre el IRPH, un índice hipotecario bajo sospecha que afecta a más de un millón de familias en España. La sentencia, prevista para el 3 de julio, sigue sin llegar, y el silencio del Alto Tribunal empieza a incomodar tanto a juristas como a afectados. No es una cuestión menor: están en juego cerca de 44.000 millones de euros en posibles devoluciones a clientes que contrataron su préstamo con este índice.
A diferencia del Euríbor, el IRPH se calcula a partir de la media de los tipos aplicados por los propios bancos, lo que ya de por sí levanta recelos. Durante años, resultó claramente más caro, en muchos casos hasta un punto porcentual por encima del Euríbor. Esta diferencia no es anecdótica: en préstamos a largo plazo y cuantías elevadas, puede traducirse en decenas de miles de euros pagados de más.
El Banco de España ya advirtió hace tres décadas que debía aplicarse un diferencial negativo para mitigar este sobrecoste. Pero la banca desoyó esa recomendación, lo que unido a la complejidad del índice y a la escasa transparencia con la que fue comercializado, ha provocado una auténtica oleada de demandas.
El Tribunal Supremo mantuvo durante años una postura favorable a las entidades financieras, considerando válido el IRPH por tratarse de un índice oficial. Pero en diciembre de 2023 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) matizó ese argumento y reconoció que el carácter oficial no exime de la obligación de transparencia. Y ahí está el giro: si no se informó con claridad al cliente sobre cómo se calculaba el IRPH y sus implicaciones económicas frente al Euríbor, la cláusula puede ser declarada nula.
Desde entonces, se han multiplicado las sentencias favorables a los consumidores en juzgados de primera instancia. En ellas, se sustituye el IRPH por el Euríbor y se ordena la devolución de las cantidades cobradas en exceso. Este cambio de criterio pone en aprietos al Supremo, que ahora debe decidir si asume la doctrina europea y abre la puerta a demandas masivas, o si mantiene su tesis previa.
Una eventual resolución favorable a los hipotecados no supondría que los bancos tengan que devolver el dinero automáticamente, pero daría una base jurídica sólida para reclamar. En la práctica, los consumidores tendrían el camino más despejado para acudir a los tribunales y ganar, siempre que demuestren falta de información clara en el momento de firmar el contrato.
La revisión del IRPH puede ser muy rentable para quienes tengan aún su préstamo referenciado a este índice. Si no se explicó adecuadamente el cálculo, la diferencia puede ser notable. Se estima que, en una hipoteca media de 150.000 euros, el sobrecoste acumulado puede rondar los 41.000 euros. Y no es un caso aislado: en la mayoría de contratos analizados, no se hizo referencia ni al diferencial negativo recomendado ni a comparativas con el Euríbor.
Cada mes que pasa sin resolución judicial definitiva es un mes más de incertidumbre para miles de familias, pero también una oportunidad de organización para quienes están dispuestos a reclamar. La banca, por su parte, mantiene la respiración mientras espera una sentencia que podría reconfigurar su relación con millones de clientes hipotecarios.