Durante el pasado fin de semana, las calles de varias ciudades españolas volvieron a llenarse de manifestantes con un mensaje claro: el acceso a una vivienda digna se está convirtiendo en un privilegio y no en un derecho. Lo que antes era una queja puntual de algunas grandes ciudades se ha convertido en un clamor generalizado que no entiende de códigos postales.
El problema, por supuesto, no es nuevo. Pero el hartazgo ha crecido al mismo ritmo que los precios, especialmente en el mercado del alquiler. En lugares como Madrid o Barcelona, encontrar un piso de menos de 30 metros cuadrados por debajo de los 700 euros al mes se ha convertido en una misión casi imposible. Y eso, en zonas alejadas del centro. Para muchos jóvenes, eso significa destinar más de la mitad de su sueldo a pagar el alquiler, cuando logran encontrar algo disponible.
La previsión no ayuda: las estimaciones apuntan a que durante 2025 los precios seguirán subiendo, tanto para alquilar como para comprar. Lo más preocupante es que, aunque el mercado inmobiliario está en el centro del debate político y social, las soluciones parecen llegar a cuentagotas.
Una de las dianas principales de las protestas han sido los alquileres turísticos. Los manifestantes no han dudado en señalar que plataformas como Airbnb están vaciando el mercado residencial, sobre todo en barrios donde antes era posible encontrar un alquiler «normal». Los datos del Banco de España ya advertían de que los alquileres turísticos han influido al alza en los precios, especialmente en ciudades con alta presión turística.
El debate se ha trasladado también a redes sociales, donde el economista Santiago Niño Becerra, conocido por su estilo directo, ha lanzado un mensaje breve pero contundente: “Pidan solo una cosa: vivienda pública en alquiler”. Para él, el origen de esta crisis no está en una burbuja reciente, sino en decisiones tomadas décadas atrás, concretamente en 1958, cuando se dio prioridad a la propiedad frente al alquiler como modelo residencial.
El caso español es singular en Europa. Mientras en países como Austria o los Países Bajos existe un amplio parque de vivienda pública en alquiler, en España esta fórmula nunca ha sido mayoritaria. Según Eurostat, solo el 2,5% del total de viviendas en España son de alquiler social, frente al 30% en países como los Países Bajos. Esto deja a los inquilinos españoles a merced del mercado privado, sin apenas red de seguridad.
Además, hay un problema de suelo. En los últimos años, muchos ayuntamientos han vendido suelo público a promotores privados, lo que ha limitado las opciones para impulsar promociones de vivienda asequible. Recuperar ese suelo o reservar nuevas parcelas para vivienda social vuelve a estar sobre la mesa.
Mientras tanto, la sensación generalizada es que la vivienda se ha convertido en un bien especulativo más que en un derecho garantizado. Las marchas de este fin de semana son una muestra de que la paciencia se agota. Y, por ahora, el reloj sigue corriendo.