Miles de familias en España han perdido hoy una de sus principales redes de seguridad. La protección contra desahucios y la prohibición de cortar suministros básicos a los hogares vulnerables han decaído este jueves, tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la derogación del Real Decreto-ley ómnibus, que fue rechazado ayer en el Congreso de los Diputados.
Con esta decisión, desaparece una de las medidas más importantes que el Gobierno había mantenido desde la pandemia para proteger a los colectivos más afectados por la crisis económica. A partir de hoy, los desahucios de familias en situación de vulnerabilidad podrán reanudarse, y los suministros de agua, luz y gas podrán ser interrumpidos en caso de impago.
Adiós a la moratoria de desahucios: ¿quiénes estaban protegidos?
Hasta ayer, la normativa impedía el desalojo de familias sin alternativa habitacional que estuvieran en una situación económica crítica. En concreto, se protegía a:
✔️ Inquilinos que no podían pagar el alquiler y que estaban amparados por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1994.
✔️ Personas que habitaban en viviendas sin título legal y que fueran víctimas de violencia de género, dependientes o con menores a su cargo.
✔️ Afectados que residieran en inmuebles de grandes propietarios (titulares de más de diez viviendas).
Además, el decreto contemplaba la obligación de que las administraciones públicas ofrecieran una alternativa habitacional a los afectados en un plazo máximo de tres meses, con una compensación económica para los propietarios si esto no se cumplía. Todo esto ha quedado sin efecto desde hoy.
Cortes de suministros y fin del bono social de electricidad
Otra de las grandes pérdidas para los consumidores es la eliminación de la prohibición de cortar los suministros básicosa las familias en situación de vulnerabilidad. Desde hoy, las empresas de agua, luz y gas podrán interrumpir estos servicios a aquellos hogares que acumulen impagos, una medida que había estado vigente desde 2020.
Asimismo, también han quedado sin efecto los nuevos descuentos en el bono social de electricidad que habían sido aprobados a principios de año. Este mecanismo permitía a los consumidores vulnerables beneficiarse de un descuento del 50% en la factura eléctrica, pero con una reducción progresiva que lo rebajaba al 42,5% en julio y al 35% en 2026. Sin el decreto, estas ayudas desaparecen, dejando a miles de familias sin apoyo para hacer frente a la subida de la luz.
¿Qué pasará ahora?
El fin de estas protecciones deja a muchos hogares en una situación incierta. Las asociaciones de consumidores y organizaciones sociales han advertido del posible aumento de los desahucios en los próximos meses, especialmente en un contexto en el que el precio de los alquileres sigue al alza.
Por su parte, el Gobierno podría intentar aprobar nuevas medidas a través de una ley ordinaria o mediante un nuevo decreto, aunque necesitaría una mayoría parlamentaria que ayer no logró reunir.
Mientras tanto, miles de familias vuelven a estar expuestas al riesgo de quedarse sin hogar o sin suministros básicos, en un momento en el que la crisis económica sigue golpeando con fuerza a los sectores más vulnerables de la sociedad.
6 comentarios
Y eso es bueno o malo?
Pues malo muy malo. Además salario mínimo vuelve a ser el mismo que en 2023 y será otra vez de 1080.Ham congelado las pensiones pero los precios sube. Y todo por que PP y Juns no les parece bien que hayan impuestos a las grandes fortunas o que no se pueda desahuciar a las personas sin recursos que ellos llaman ocupas. Mal por el.psoe por hacer un decreto en el que mezcle tantas leyes juntas, le ha salido mal, muy mal y todos los ciudadanos somos mos daños colaterales
de quien la tiene más gorda de los partidos políticos
¿Cómo que muy mal? ¿Acaso estás de acuerdo con que un propietario no pueda echar de su vivienda a un okupa o a un inquilino moroso y, además, tenga que seguir pagándole los suministros?
El tema del salario mínimo y de las pensiones debe revisarse aparte, pero en ningún caso deben “colarnos” en un mismo decreto el impedimento de desalojar a okupas e inquiokupas, vulnerando con ello el derecho a la propiedad recogido en la Constitución, como ha pasado en los últimos cuatro años.
Solo podían estar a favor de ese decreto (que por suerte ha sido derogado) jetas y caraduras que no quieren pagar ni cumplir con sus obligaciones.
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Ahora es cuando hay que decir:
“disfruten de lo votado y lo abstenido”
76r5aa