En 2015 una sentencia del Tribunal Supremo obligó a los bancos a asumir muchos de los gastos hipotecarios que anteriormente recaían en sus clientes. Esta decisión fue confirmada en 2020 pero a pesar de ello, los clientes bancarios todavía enfrentan obstáculos significativos para recuperar su dinero.
Las entidades bancarias han adoptado diferentes estrategias frente a esta situación. Algunos bancos optan por esperar a que los clientes inicien acciones judiciales antes de ofrecer soluciones, mientras que otros han establecido procedimientos extrajudiciales para agilizar la resolución de reclamaciones.
No obstante, hay bancos que no están devolviendo la totalidad del dinero que deberían, es decir, el importe excedente pagado por el cliente en el pasado más los intereses correspondientes. Asufin (Asociación de Usuarios Financieros) ha señalado a CaixaBank como uno de estos bancos, aunque la entidad niega estas acusaciones, atribuyéndolas a “casos puntuales”.
Persisten divergencias y dudas legales en este ámbito, que originalmente generaron temores de provisiones multimillonarias por parte de los bancos, pero estas preocupaciones han disminuido en los últimos años. Según expertos consultados, la estrategia de las entidades ha consistido en ganar tiempo para que prescriban muchas de las reclamaciones y algunos clientes potencialmente afectados se abstengan de actuar por falta de iniciativa. A su vez, los bancos acusan a los bufetes de abogados de rechazar ofertas extrajudiciales para sus clientes con el fin de cobrar costas.
El Tribunal Supremo, en diversas decisiones de 2020, tras una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, estableció claramente la devolución de un porcentaje de los gastos notariales a los clientes, así como la totalidad de los gastos de registro, gestoría, tasación y comisión de apertura, considerando abusivo que el hipotecado asumiera todos estos costos. Sin embargo, la cuestión de la prescripción no está del todo clara. Aunque los tribunales españoles han aceptado generalmente un plazo de cinco años para reclamar desde el conocimiento del daño, se ha recurrido ante el TJUE para extender este plazo a 15 años. Además, desde Asufin se menciona la posibilidad de iniciar una “acción de nulidad”, la cual sería imprescriptible.
Los bancos han reportado una disminución significativa en las reclamaciones en el último año, a la espera de lo que decida el TJUE sobre el plazo de prescripción. Entre las distintas estrategias bancarias, las cajas rurales parecen ser las más dispuestas a devolver el dinero desde la primera consulta. CaixaBank, Kutxabank y Unicaja Banco, por su parte, afirman que realizan los pagos directamente sin necesidad de acuerdos formales. Unicaja incluso menciona que se allana en las pretensiones de los clientes si las reclamaciones se alinean con la jurisprudencia del Supremo.
Por último, CaixaBank ha establecido protocolos de pactos exprés con varios juzgados, mientras que otras entidades prefieren analizar las reclamaciones “caso por caso”, dada la variedad de situaciones.