La explotación laboral y la recuperación económica

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18 julio 2017

Desde la mayor de las multinacionales hasta la panadería de la esquina. En cualquier empresa, sea donde sea que esté ubicada y sea cual sea su tamaño, puede aparecer la figura de la explotación laboral.

En un entorno como el que vivimos, con una alta tasa de paro y una altísima precariedad en el empleo, la tentación para el empresario de exprimir un poco más al trabajador (al fin y al cabo, no es sino un coste más de la actividad empresarial) y la debilidad del trabajador que, ante la necesidad de los ingresos, racionaliza y aguanta el trabajar unas horas más sin cobrarlas, o unas condiciones algo más duras o hasta abusos arbitrarios, con el fin de llenar la nevera.

El último ejemplo de abusos lo ha protagonizado Iberia, tras ser multada con 25.000 euros por parte de Inspección de Trabajo, al considerar ésta que el hecho de obligar a las aspirantes a trabajar en la compañía como tripulantes de cabina a hacerse un test de embarazo constituye una falta muy grave de discriminación.

La propuesta de Inspección de Trabajo se basa en unos hechos detectados el año pasado durante uno de los controles contra la discriminación laboral. Aunque la empresa se ha defendido diciendo que se trata únicamente de una medida cautelar “para el bienestar del bebé y la futura madre”, negando que se haya dejado de contratar a ninguna mujer por el hecho de estar embarazada si cumplía con los requisitos exigidos por el puesto. De hecho, la empresa ha argumentado que el año pasado de las seis embarazadas que optaron a un primer puesto en Iberia, cinco fueron contratadas y la empresa ha detallado que se siguen protocolos “muy rigurosos” para su protección.

Sea como la empresa dice o no, el hecho es que la sanción es firme y la empresa ha anunciado que retirará esta exigencia a futuras aspirantes, recayendo ahora sobre las aspirantes la decisión de comunicar o no a la empresa si están embarazadas.

Sin embargo, esto no es sino la punta del iceberg. La realidad es que la necesidad obliga a los trabajadores a aceptar condiciones abusivas ligadas a los puestos de trabajo. Así nos encontramos con eternos becarios, con trabajadores contratados por media jornada que en realidad trabajan 10-12 horas diarias, con asistentas del hogar sin contrato o con trabajadores que son contratados para una tarea pero que acaban desempeñando otra totalmente distinta. Eso, cuando no se trata de ofertas directamente discriminatorias, vejatorias o ilegales. Para más inri, este tipo de ofertas y de explotaciones son mucho más dados a producirse en el sector servicios, en actividades relacionadas con la hostelería, precisamente uno de los motores de nuestra economía.

Si miramos el sector de los agentes comerciales, la cosa puede ser aún peor: en los contratos mercantiles a comisión en los que, si no se consiguen los objetivos marcados por la empresa, el trabajador no cobra nada, el trabajador gasta dinero en transporte, en visitas. Es decir, paga por trabajar.

Rompiendo una lanza a favor de los empresarios, se puede decir que la mayoría de ellos no tienen la intención de explotar a nadie, sólo tienen la necesidad de cubrir sus necesidades laborales ahorrando el máximo de costes posibles. Por un lado, la legislación ya les es muy favorable, ya que, tanto la contratación como el despido se han abaratado mucho tras las medidas del Gobierno para el fomento del empleo.

Pero, además, ocurre que es muy fácil inducir a los trabajadores a situaciones de abuso, primero porque es una práctica muy habitual, y quizás sería de tontos no hacer uso de esta herramienta para reducir gastos si ves que tu competencia lo está haciendo impunemente, y segundo porque este tipo de abusos rara vez se denuncian. El trabajador sabe que si lo hace seguramente obtendrá una reparación… al tiempo que su finiquito. Por lo que, maximizando su beneficio, prefiere aguantar carros y carretas a la espera, bien de tiempos mejores en los que la empresa tenga a bien mejorar las condiciones, bien otra oferta de empleo mejor.

Las consecuencias de todo esto, aparte de la propia precariedad, son el fraude a la seguridad social, y la propia empresa que, contando con un personal descontento y mal pagado, se muestra muy poco receptivo a sentir la empresa como algo suyo, lo que contribuye a una alta rotación de trabajadores y una baja calidad en el servicio prestado por los mismos, lo que cierra el círculo vicioso, le da la razón al empresario y éste continua con su infame política de personal.

Para acabar con estas situaciones, la Inspección de Trabajo es la encargada de vigilar las situaciones de abuso. Pero lo cierto es que es a través de las denuncias como se acaban solventando la mayoría de los conflictos de este tipo. Los trabajadores tienen dos posibilidades de denuncia:

La primera abre la vía de, con suerte, evitar las posibles represalias, ya que permite realizar una queja totalmente anónimaa través del Buzón de lucha contra el fraude laboral, donde todo aquel conocedor de algún incumplimiento de la normativa ya sea laboral, de Seguridad Social o de Prevención de Riesgos, puede ponerlo en conocimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Según fuentes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social han aflorado más de 5.000 empleos sumergidos desde su puesta en marcha, de los datos se desprende que en tres años el buzón se ha consolidado como un instrumento eficaz de lucha contra el fraude.
La segunda posibilidad es presentar denuncia ante la Inspección Trabajo y Seguridad Social.En este caso, la identificación del denunciante es necesaria para el inicio de las actuaciones. Aunque los Inspectores y Subinspectores tienen el deber de considerar confidencial el origen de las denuncias, estando obligados a no revelar la identidad de los denunciantes a las empresas objeto de inspección.

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