La hiperregulación de la economía

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15 marzo 2016

En España existe un caos en cuanto a normas se refiere. Así lo entiende la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, siempre con un ojo puesto en el gran acuerdo de libre comercio que se está negociando, por lo que no es una opinión desinteresada. Lo que sí es claro es que existe un exceso de legislación y además el exceso de la misma no solo confunde a las empresas que tienen que ponerla en práctica sino que, muchas veces, hace que se ronde lo irracional. Tal exceso perjudica sobre todo a las pymes, afirman al unísono patronal, empresarios y partidos políticos. Un ejemplo de la maraña de leyes, a menudo contradictorias lo tenemos cuando en 2012 se puso en marcha un sistema de creación de empresas que permitía acelerar el proceso para constituir una Sociedad Limitada en 48 horas. Un año después, con la llegada de la ley de emprendedores, esa posibilidad quedaba anulada sin llegar a establecerse ninguna alternativa. Y así, hoy, para constituir una empresa, hay que volver a hacer los trámites de toda la vida, lo que supone unos 20 días en el mejor de los casos. Otro ejemplo: en 2012 la ley del IRPF sufrió 55 cambios legislativos de mayor o menor envergadura.

En España hay en vigor más de 100.000 leyes, decretos leyes, reglamentos, disposiciones, etc., además de un millón de páginas de boletines de comunidades autónomas y del propio BOE. Y tal número aumenta cada vez más. De hecho el traspaso de competencias a las comunidades autónomas, que tuvo su gran época entre los años 1988 y 2006, originó un impulso legislador a las mismas que todavía dura, de modo que la “hipertrofia legislativa”, lejos de conseguir su principal objetivo, que es regular, amenaza con coartar y limitar la actividad económica.

Esto es así hasta el punto de que para comenzar cualquier actividad económica que conlleve alguna producción industrial hay que poner en juego miles de euros en licencias, interminables colas en distintos departamentos de diferentes administraciones e innumerables zancadillas administrativas en requisitos, a veces descabellados, cuyo incumplimiento originaría sanciones y más trámites interminables. ¿El coste? En el año 2010 CEPYME analizó las cargas administrativas soportadas por las empresas españolas y estimó que éstas podían reducirse en 3.326 millones de euros anuales.

En España, a cada intento de realizar una actividad económica corresponde una interminable lista de trámites administrativos. El delirio ha alcanzado tales cotas que, a la sombra de las prolijas normativas municipales, han florecido empresas concertadas que, por un buen dinero, “ayudan” al atribulado emprendedor a desenmarañar la madeja normativa, a conocer cómo y cuándo -y a qué coste administrativo- podrá abrir su peluquería, panadería, taller, tienda, despacho o garito.

¿Cuál es el motivo de tal fiebre reguladora? Principalmente dos. Uno tiene que ver con el “celo profesional” de los nuevos legisladores en escena y el otro, más oscuro y retorcido, con la creación de barreras a la competencia.

Con respecto al primero, con el traspaso de la competencias estatales a las autonomías comenzó el estallido de normativa comunitaria de todo tipo. Aquí los intereses políticos son un componente muy importante, tanto es así que se ve una correlación entre las comunidades autónomas con un alto componente nacionalista y la cantidad de legislación generada. Siendo así que la comunidad autónoma que más publica en su boletín oficial es la catalana.

Con respecto al segundo, es claro que la hiperregulación restringe la libre entrada a la actividad económica. Esto hace que los que ya estén instalados en el sector puedan operar sin apenas competencia, obteniendo enormes beneficios de mercados cautivos susceptibles de compartir con los políticos a través de comisiones, regalos o puestos en consejos de administración. Además, las normas o requisitos deben ser enrevesados y ambiguos para permitir cierto grado de discrecionalidad a la hora de conceder permisos y licencias.

Pero este no es sólo un problema nacional, a nivel europeo, entre los años 2000 y 2014, se han producido a través de los oscuros engranajes legislativos de las instituciones europeas más de 42.000 disposiciones jurídicas. La sobrerregulación europea, que provoca regulaciones en cascada en todos los países miembros ha dado lugar a diferentes estudios, cuyas conclusiones son claras: una reducción de las cargas administrativas podría provocar un aumento del 1,5% del PIB comunitario, unos 150.000 millones de euros. En España, con nuestro sistema hiperdescentralizado, con frecuencia se pueden necesitar más de 300 normas para aplicar la exigencia derivada de la legislación europea original. Y esto es así porque son muchas las Administraciones que se pueden ver enfrentadas con el cumplimiento de los objetivos fijados.

Al final podría ser verdad lo que ya dijo hace 2000 años Tácito, “Cuanto más corrupto es un país más leyes tiene”.

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