El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona» (Aristóteles)

Son muchas las familias que mensualmente no pueden afrontar el pago de la cuota de su hipoteca debido a la coyuntura económica que esta sufriendo nuestro país. La frustración para ellos, debido a la perdida de empleo o rebajas salariales profundas, nace precisamente a raíz de ese impago y ante la amenaza de perdida de su vivienda, su bien más preciado.

Muchas personas piensan (entre ellos la gran mayoría de los que sí pueden pagar regularmente) que si te hipotecaste, debes asumir tu responsabilidad. Es un argumento algo débil, incluso como argumento, podría llegar a encajar en una falacia (un argumento aparentemente válido que en realidad es incorrecto).

Mi respuesta a estas personas es que, obviamente, deben responder por un contrato que les vincula, pero es una responsabilidad con muchos matices. El Banco no parte de una postura de igualdad con el cliente, es la parte fuerte del contrato, la parte que debe estudiar el perfil del cliente, así como sus ingresos, presentes y su viabilidad futura de pago continuado e ininterrumpido durante toda la vigencia del préstamo. Una mala o nula valoración inicial por parte del Banco puede desencadenar en una situación de impago a corto plazo.

Por eso, las Entidades Financieras tienen unos deberes de diligencia y transparencia muy superiores a los del cliente medio. Ello esta así regulado legalmente en la Ley del Mercado de Valores (LMV). El articulo 79 de la citada Ley determina la obligación de diligencia y transparencia bancaria que tienen todas las Entidades, señalando en concreto que «las entidades que presten servicios de inversión deberán comportarse con diligencia y transparencia en interés de sus clientes, cuidando de tales intereses como si fueran propios y, en particular, observando las normas establecidas en este capítulo y en sus disposiciones reglamentarias de desarrollo».

Podría entenderse como el deber de diligencia que debe tener todo empresario (en el fondo, los bancos no son más que empresas con ánimo de lucro) pero con el añadido del bienestar público, es decir, responden ante el Banco de España y cuidan de los intereses económicos de los ciudadanos. Como bien señala el economista Pau A. Monserrat en los medios, director editorial de iAhorro y CEO de Futur Finances en su libro»La Banca Culpable«:

«Al banco le es aplicable otro tipo de responsabilidad en la concesión de créditos: la diligencia del buen comerciante o bonus argentarius, una diligencia de grado superior a la del cliente bancario»

Si en un momento de «boom inmobiliario» se otorgaron préstamos hipotecarios sobre fincas tasadas de forma desorbitada y exagerada por entidades de tasación (propuestas por los propios bancos, todo sea dicho) no puede exigirse que, llegado el momento de caída de la burbuja económica, las condiciones cambien para los bancos (una parte del contrato) pero la otra (el cliente) se vea afectada por esas consecuencias sin alteración alguna en su responsabilidad.

No es tolerable en absoluto que la banca, contando con unos balances con elevadas pérdidas que se los sitúan en estado de insolvencia y, por tanto, en situación de concurso de acreedores, no solicite ese estado legal obligatorio y tenga que ser intervenida a nivel estatal para sanearla, mientras que el cliente pagador y afectado por una crisis mal gestionada y alimentada por unos gobernantes ineptos, se vea en una situación de insolvencia presente y futura, condenado al pago de esa deuda no tan solo con la pérdida del bien, sino de sus otros bienes presentes y futuros en cumplimiento de la misma.

El régimen de responsabilidad en nuestro ordenamiento jurídico nos aleja del resto de países de nuestro entorno occidental. En otros países de Europa están implantados regímenes de segunda oportunidad que permiten al deudor reparar su situación de insolvencia cuando la misma ha llegado una cumbre de imposibilidad de pago. En diferentes cumbres de jueces de Europa se ha determinado que España es de los países más desprotectores con el ciudadano, situándose al nivel de otros países como Rumanía.

Yendo mas allá, es aún más bochornoso que los bancos que vendieron esas hipotecas a terceros inversores (hipotecas titulizadas) exijan el pago de una deuda impagada, habiendo ya recuperado su inversión inicial a través de esa venta. Existe en ese supuesto un claro ánimo de lucro y un enriquecimiento injusto manifiesto. En su momento, la titulización hipotecaria otorgó liquidez a la banca, pues eliminaban riesgos de sus balances.  El problema surgió cuando se vendieron hipotecas basura, con un riesgo elevado como fueron las subprime, es decir, hipotecas con un alto riesgo de impago, vendidas como buenas. Las hipotecas basura y titulizadas posteriormente fueron sin duda uno de los orígenes de la crisis (Lehman Brothers), ya que saltaron los impagados y perjudican a todos los que compraron esos bonos de titulización.

Por ello, no tiene mayor sentido que la consecuencia de tanta mala gestión repercuta en el bolsillo y en el ánimo del cliente con voluntad de pago. El Estado y en su extensión la banca, es el claro culpable de esta situación. Una situación descontrolada que va en aumento, una sociedad con un empleo destruido e incapaz de generar uno nuevo, con una tasa de corrupción y desconfianza política tan alta, no puede exigir a sus ciudadanos la responsabilidad en consecuencia de sus actos u omisiones como entes al servicio y bienestar público.

Cristina Borrallo Fernández, abogada en Futur Finances y experta independiente en iAhorro.com