La banca suiza siempre ha tenido mucho prestigio a nivel internacional aunque si historia es bastante oscura, su regulación nunca ha sido el resultado de una planificación proactiva, sino una respuesta directa a crisis internacionales y presiones externas. A lo largo del último siglo, cada avance en la supervisión de sus bancos ha llegado inmediatamente después de un colapso sistémico o de una revelación comprometedora.

La primera propuesta para crear una regulación bancaria a nivel federal se redactó en 1916 y permaneció guardada en un cajón en Berna durante casi dos décadas. Hizo falta el azote de la Gran Depresión mundial para que los políticos reaccionaran. La quiebra del Banque de Genève en 1931 y el desplome del Schweizerische Volksbank en 1933, que requirió un rescate estatal de cien millones de francos de la época, obligaron a legislar con urgencia. El resultado fue la Ley Federal de Bancos de 1934, una normativa diseñada principalmente para proteger a los acreedores mediante requisitos de liquidez y capital. La vigilancia quedó en manos de la Comisión Federal de Bancos, un comité independiente de cinco miembros que pronto demostraría sus limitaciones estructurales.

El primer gran conflicto de intereses de este organismo estalló en 1965 con la destitución fulminante de su presidente, Max Hommel. Se descubrió que compatibilizaba su cargo público con asesorías privadas para empresas de Julio Muñoz, un financiero español que gestionaba la fortuna europea de Rafael Leónidas Trujillo, el dictador dominicano asesinado en 1961. Aprovechando la falta de supervisión de Hommel, Muñoz logró infiltrarse en dos bancos tradicionales de San Galo y Ginebra para conceder préstamos millonarios sin garantías a empresas extranjeras vinculadas al régimen dominicano. Cuando los créditos resultaron impagables, ambas entidades quebraron y tuvieron que ser absorbidas por la corporación bancaria suiza. La respuesta oficial consistió en silenciar el asunto para evitar el daño reputacional, limitándose a endurecer ligeramente los requisitos para los bancos bajo control extranjero.

Doce años más tarde, la evasión fiscal procedente de Italia provocó una crisis aún mayor en la sucursal de Chiasso del Schweizerische Kreditanstalt, entidad que posteriormente adoptaría el nombre de Credit Suisse. Durante una década y media, los directivos de esta oficina desviaron más de dos mil millones de francos de clientes italianos hacia una sociedad instrumental en Liechtenstein. Esta estructura funcionaba como un banco paralelo y ocultaba las pérdidas derivadas de especulaciones fallidas. El fraude costó mil cuatrocientos millones de francos, consolidándose como el mayor escándalo financiero del país hasta ese momento. La intervención nocturna del Banco Nacional Suizo y una línea de crédito conjunta con otros grandes bancos evitaron el pánico en los mercados. Esta crisis dio origen al primer código de conducta del sector, basado en la autoregulación y el deber de diligencia en la identificación de clientes.

La presión política de la izquierda para eliminar el secreto bancario mediante referéndum fue derrotada en 1984 por el rechazo del setenta y tres por ciento de los votantes, quienes consideraban la confidencialidad un pilar de la soberanía nacional. Sin embargo, los acontecimientos internacionales forzaron cambios drásticos poco después. En 1986, el gobierno aplicó poderes de emergencia para congelar los fondos del dictador filipino Ferdinand Marcos tras su huida a Estados Unidos. Esta decisión sentó un precedente en el tratamiento de los activos de líderes políticos extranjeros. Posteriormente, los casos de blanqueo de dinero vinculados al narcotráfico internacional a finales de los ochenta aceleraron la aprobación de leyes contra el lavado de capitales.

El cambio de siglo trajo consigo una estrategia de penalización pública. En 1999, tras descubrirse que el dictador nigeriano Sani Abacha había ocultado cientos de millones en diecinueve bancos suizos, la Comisión Federal de Bancos optó por difundir los nombres de todas las entidades implicadas. Un año después, ante los fondos de corrupción del expresidente peruano Alberto Fujimori y su jefe de inteligencia Vladimiro Montesinos, el regulador no solo publicó los nombres de los bancos, sino que destituyó por primera vez al director general de una entidad implicada.

Esta política de firmeza se diluyó en 2009 con el nacimiento de la FINMA actual, que fusionó las distintas autoridades de control en plena crisis financiera global. La reestructuración se produjo tras el rescate estatal de UBS en 2008 mediante un fondo de estabilidad financiado por el banco central. Aunque se implementaron normativas estrictas bajo la premisa de evitar que los bancos sistémicos fuesen demasiado grandes para quebrar, el colapso de Credit Suisse demostró la ineficacia de los mecanismos preventivos. La solución final no fue la aplicación de los protocolos previstos, sino una absorción forzada por parte de su rival UBS bajo presión internacional. La actual disputa en el parlamento helvético demuestra que, tras un siglo de crisis, el equilibrio entre una supervisión bancaria estricta y la protección de los intereses financieros locales sigue sin resolverse.