Muchas veces vemos en la prensa noticias acerca de que a un país le han quitado la calificación AAA y claro, muchos se preguntan ¿Qué es AAA?. La respuesta no es fácil, ya que son unas iniciales de lo más común, veamos que nos cuenta la wikipedia.

Además, es el nombre de varias asociaciones:

Y de algunos grupos anticomunistas:

Me parece que nos quedamos como estábamos y ya sabemos que si no está en la Wikipedia es porque no existe. Así que hoy en vez de copiarla (y sin que sirva de precedente) esta vez será ella la que nos copie a nosotros, veamos de que se trata el AAA que tanto aparece en la prensa económica.

Las calificaciones de riesgo de crédito a largo plazo se llaman más comúnmente ratings a largo plazo. Se trata de una escala (Desde AAA hasta D) aplicable tanto a los ratings en moneda local como a los de divisas. Los ratings internacionales miden la capacidad de cumplir con las obligaciones en moneda local o en divisas. Vamos que de alguna manera nos indica la posibilidad de un país pague casi con total seguridad la deuda (AAA) o un impago inminente (D)

La definición deja bastantes dudas sobre el riesgo de una letra respecto a otra. ¿Hay mucha diferencia de un AAA a un AA+?. Veamos que nos contaba el otro día Droblo:

“La probabilidad de “default” (impago en romano paladín) de un AAA de gobierno es:

0,007599% a un año. Es decir un 99.9924010% de que pague.
0,09462434% a 5 años. Probabilidad de 99,90537566% de pagar.
0,3292975266667% a 10 años. Es decir un 99,6707024733333% de que pague.

Qué pasa si pasamos a AA+:
Pues, que por ejemplo en 5 años, pasamos a una probabilidad de impago del 0,1190735566667%. ¡Oh Dios mio! Ahora la posibilidad de que me pague ha bajado al 99,8809264433333%, un 0,0244492166666999% menos que antes.

Desgraciadamente las implicaciones de que le bajan de AAA a USA, UK o como ya le ha pasado a España son muchas.

Conclusión: el mundo se está jugando miles de millones de euros (y por consiguiente puestos de trabajo) a que los señores de las agencias de rating estimen la probabilidad de impago con 15 decimales

A lo cual añadimos otra pregunta, si las agencias de rating son las que vigilan la economía ¿Quién vigila a las agencias de rating?. Para ello recurro a un interesante artículo de The Washington Post que os resumo a continuación:

Algo que se aprende de los momentos de prosperidad y en los de recesión es la importancia de los guardianes, esos profesionales que deberían salvaguardar el sistema y mantener la honestidad de los mercados. Cuando se ven comprometidos o se hunden en su trabajo, la confianza se evapora y los mercados se colapsan.

Eso es lo que ocurrió durante la burbuja tecnológica de los años 90, cuando abogados, auditores y analistas de valores decidieron aprovechar el chollo y hacer oídos sordos a la estupidez y corrupción. Y también ha ocurrido durante la más reciente burbuja crediticia, cuando las agencias de calificación de riesgos fueron seducidas por los gruesos honorarios que recibían a cambio de dar la calificación «A» a cosas que difícilmente entendían. Incluso hoy, grandes partes del sombrío sistema bancario siguen sin funcionar porque los inversores y prestamistas siguen sin saber en quién, o en qué información, confiar.

Las agencias dominantes, Standard & Poor’s, Moody’s and Fitch, siguen afirmando que sus errores fueron más intelectuales que vinculados a la corrupción. No obstante, una investigación realizada el año pasado por la Securities and Exchange Commission – SEC (Comisión de Valores estadounidense) sugirió lo contrario. De tal modo, que las compañías ahora están intentando restablecer su reputación adoptando nuevas medidas para mejorar la fiabilidad de sus calificaciones.  También han consentido en adoptar una serie de medidas sugeridas por la SEC y la Administración de Obama para aumentar el control del gobierno, prohibir la compra de calificaciones y proporcionar mayor transparencia al proceso de calificación.

Estos pasos son útiles y significativos, pero no van más allá. Permitirían preservar un modelo de negocio que pone a las agencias de forma irremisible en un conflicto entre los intereses de los bancos y las empresas que pagan sobradamente para que sus títulos sean calificados, y los inversores que confían en esas calificaciones al comprar los títulos. Pondrían en su sitio a un mercado oligopolístico caracterizado por el comportamiento «yo también» y la falta de competencia de los precios, y preservarían un escudo legal que ha impedido a los inversores demandar a las agencias por negligencia cuando emiten calificaciones que saben, o deberían saber, que no son correctas.

Llámenme ingenuo, pero me parece que la gente que hace uso de un bien o servicio debería también pagar por él. Es así como funciona en la mayoría de los mercados, y cuando no es así, el ámbito sanitario es un buen ejemplo, las cosas tienden a salir mal.

Solía funcionar así también en el negocio de la calificación crediticia, ya que los inversores pagan directamente por las calificaciones y análisis a través de algún tipo de acuerdo de suscripción, o de forma indirecta a través de sus corredores de bolsa. Pero empezando a mediados de los 70, siguiendo con varias quiebras destacadas, la gente decidió que era importante poner a disposición de todos los inversores las calificaciones crediticias de forma pública. Las empresas que emitían bonos empezaron a pagar por las calificaciones, y las agencias no tardaron mucho en darse cuenta de que era mejor para los negocios que sus calificaciones fueran un poco más elevadas y a sus analistas les costaba más emitir calificaciones más bajas. En aquel momento, las obligaciones de deuda garantizadas prosperaron, no era infrecuente que las agencias proporcionaran a los emisores consejos entre bastidores acerca de cómo estructurar sus nuevos productos para obtener las mejores calificaciones. Los intereses de las agencias calificadoras llegaron a estar perfectamente alineados con los emisores de títulos, más que con los que los compraban.

Está muy bien establecer reglas diseñadas para evitar este tipo de carreras hacia el precipicio, pero la historia sugiere que tienden a colapsarse en el preciso momento en que más se las necesitaba, cuando la burbuja está en su punto máximo y es necesario generar enormes cantidades de dinero. Por tanto, la mejor manera de impedir estos inevitables conflictos de interés, a mi modo de ver, es volver al modelo en el que los inversores pagan.

El enfoque de la Administración, por el contrario, parece centrarse en quitar a los inversores la costumbre de confiar en las calificaciones, de modo que se vean obligados a investigar más por su cuenta. Considero que no es algo realista. Los inversores quieren un conjunto de puntos de referencia común, que puedan utilizar para valorar el riesgo de los títulos, al igual que quieren un número limitado de agencias supervisadas por el gobierno que los califiquen. Ese número, no obstante, seguramente puede ser mayor que tres. Y debería haber sitio también para docenas de pequeños jugadores especializados en diferentes tipos de valores que debería poder competir con las tres grandes tanto en calidad como en precio. Hasta hace poco, la regulación del gobierno había sido una barrera para ese tipo de competencia advenediza. Se debería prestar mucha más atención a incentivarla.

Hasta el momento ninguna agencia de clasificación ha sido demandada con éxito por engañar a los inversores. Hace poco, la SEC dio el primer paso para hacer uso de sus poderes y exigir un poco de responsabilidad legal a las agencias de calificación, pero sería aún mejor una nueva legislación que aclarase que las agencias de calificación tienen la obligación fiduciaria de cuidado y lealtad a sus clientes inversores. Eso no significa que puedan ser demandadas en cualquier momento en que una inversión sale mal. Lo que significa es que deberían ser responsables si publican una calificación que saben que es engañosa después de dar los pasos razonables pertinentes para determinar que la información que se les ha proporcionado era correcta.

Tal cambio, por sentado, sólo sería aplicable a situaciones futuras. Para situaciones pasadas, la SEC debería unirse a los fiscales generales en demandas civiles contra las tres grandes con el fin de forzar la devolución de esos beneficios que ganaron calificando como AAA a basura que valía CCC durante la reciente burbuja. Así es como inversores engañados recuperaron cientos de millones de dólares de compañías de Wall Street, cuyos analistas habían contribuido a inflar la burbuja tecnológica y de las telecomunicaciones. Los inversores engañados con productos crediticios estructurados se merecen lo mismo.