En menos de treinta años nuestro país ha pasado de tener una estructura administrativa centralizada a situarse entre los países más descentralizados de la OCDE. Los padres fundadores del estado democrático, en el que nacieron las Comunidades Autónomas, tuvieron muy presente el tema de reconocimiento de las nacionalidades históricas, la cesión de competencias y un sistema de transferencia de fondos desde las comunidades más excedentarias de recursos a las más pobres, con vistas a limar las diferencias entre ellas. Pero, desde una perspectiva puramente económica, pudiera parecer que limitaron los medios financieros para el ejercicio de estas competencias, que seguirían estando en su mayoría en manos del gobierno central, que sería el que, en última instancia, tendría el poder de abrir o cerrar el grifo a la financiación autonómica.
Es por eso que puede decirse que los mecanismos de responsabilidad financiero-fiscal de las CC.AA. han sido un fracaso. La crisis ha producido un elevado deterioro financiero en algunas de ellas y un efecto contagio de su pérdida de reputación sobre las restantes. La deuda ha crecido vertiginosamente en todas las regiones y no ha habido mecanismos tempranos de corrección del mismo debido a las dificultades a las que se enfrentan las CC.AA. para hacer uso de instrumentos correctores por el lado tanto de los ingresos como de los gastos.
Por eso, el modelo de financiación autonómico actual está tocado de muerte por caducidad. La reforma del actual sistema, en vigor desde el 2009 y que por ley tenía una vigencia de cuatro años, se anuló porque «no hay dinero», en palabras de Rajoy, prorrogándose hasta el día de hoy.
La desigualdad se da entre las regiones de régimen común, pero si se añaden las que están fuera del sistema con conciertos propios, País Vasco y Navarra, la situación aún es más desigual. Ambas tienen una financiación por habitante mucho mayor que cualquier comunidad, ya que son autonomías “ricas” en renta que no aportan nada a la solidaridad regional y recaudan más. Ello provoca que, si el español medio recibe de media unos 2.049 euros de financiación por habitante, en Navarra la cantidad se dispara a 3.677 y a 4.292 en el País Vasco, según las balanzas fiscales territoriales de 2012. Esto provocó que el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, reclamase en 2012 un trato similar (PDF). Siendo este uno de los motivos que más suspicacias políticas levanta entre comunidades.
Las Comunidades Autónomas tienen cuatro fuentes principales de ingresos: impuestos compartidos, que son los que el Estado recauda, y una parte va para la Comunidad Autónoma, impuestos cedidos, recaudados directamente por cada Comunidad y fondos, que son las compensaciones de las diferencias entre lo que recauda una Comunidad y lo que en teoría debería gastar.
Respecto a los impuestos compartidos son tres: IRPF, el IVA (ambos se comparten al 50%, exceptuando la subida de diciembre de 2011 que es únicamente para el Estado), y especiales (en el que las Comunidades se quedan el 58% de lo recaudado).
En cuanto a los impuestos cedidos, aquí nos encontramos con patrimonio, sucesiones, donaciones, Actos Jurídicos Documentados e Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. Son las propias Comunidades las que recaudan, controlan y, hasta cierto punto, regulan normativamente estos impuestos.
En tercer lugar, tenemos los fondos, que son tres:
- El fondo de garantía es el encargado de asegurar los mismos recursos por habitante ajustado (es decir, se tiene en cuenta la dispersión de la población, la dependencia o la insularidad).
- El fondo de suficiencia global financia las necesidades globales de las Comunidad Autónoma, una vez tenidos en cuenta el resto de ingresos.
- Y el fondo de convergencia autonómica, que sirve para favorecer la convergencia entre las Comunidades Autónomas. Es decir, para reducir las desigualdades entre Comunidades, incidiendo en aquellas con menor PIB per cápita, mayor dispersión de población y menor crecimiento de población.
Por último, tenemos los impuestos propios, que sólo suponen el 2,4% de los ingresos tributarios de las autonomías (con un total de poco más de 2.000 millones de euros en datos del 2.013). Estos impuestos gravan desde las tierras infrautilizadas, las bolsas de plástico de un solo uso, el impacto visual producido por elementos de suministro de energía eléctrica, los centros comerciales hasta el ADSL.
El caso es que se habla de reforma laboral, fiscal, de horarios… como principales temas que se abordarán por parte del nuevo Gobierno al llegar al poder. Sin embargo, hay la reforma largamente aplazada que los políticos solo mencionan de pasada, la de la financiación autonómica, es un tema del que nadie parece muy dispuesto a dar demasiados detalles, porque pueden levantar ampollas en determinados territorios y abrir heridas entre los barones de cada partido. Habrá regiones que ganen, pero también comunidades que perderán.
Sin embargo, parece que el tiempo y la paciencia se acaban y ya son muchos los Presidentes de Comunidades Autónomas que expresan su descontento con mayor contundencia. El último, el mediático presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, que, aunque su comunidad no es de las más perjudicadas en todo este maremágnum, ya ha expresado que en cuanto se arregle la situación del país, en lo que a Gobierno se refiere, liderará una “sublevación” junto con el resto de autonomías contra las políticas de ajustes y para reivindicar al próximo gobierno español un reparto más equilibrado del déficit.