Hay un gasto público que rara vez aparece en los grandes titulares sobre presupuestos, pero que crece ejercicio tras ejercicio con una discreción llamativa: el dinero que los ministerios del Gobierno de España destinan a contratar asesores externos, consultoras privadas y empresas de servicios profesionales para hacer, en todo o en parte, lo que sobre el papel ya hacen sus propios funcionarios. Según los datos del Registro de Contratos del Sector Público, dependiente del Ministerio de Hacienda, el gasto agregado en contratos de consultoría, asistencia técnica y servicios profesionales externos por parte de la Administración General del Estado supera cada año los 1.000 millones de euros, una cifra que ha ido escalando desde la pandemia sin señales de revertirse.
El debate no es nuevo, pero sí es más urgente. El Gobierno lleva varios ejercicios consecutivos defendiendo la ampliación del empleo público como fórmula para reforzar la capacidad del Estado, y al mismo tiempo los contratos con consultoras externas no dejan de crecer. Qué ministerios son los que más recurren a ellos, por qué unos departamentos externalizan más que otros y qué revelan los datos disponibles: de eso trata este ranking.
Metodología: Qué se ha medido y con qué fuentes
Este ranking se ha elaborado a partir de los datos publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP) y en el Portal de Transparencia del Gobierno de España, que recogen los contratos formalizados por cada ministerio en las categorías de consultoría y asistencia técnica, servicios de tecnología de la información y comunicaciones (TIC) externalizados, y servicios profesionales de apoyo a la gestión. Se han tomado como referencia los contratos adjudicados durante el ejercicio 2024 y los primeros meses de 2025, los últimos datos consolidados disponibles a fecha de publicación. No se incluyen contratos de obras ni de suministros, solo los que implican la contratación de conocimiento o capacidad de gestión externa. Conviene aclarar que la fragmentación de contratos —dividir un encargo grande en varios menores para eludir controles más estrictos— dificulta el cómputo exacto, así que algunas cifras deben entenderse como estimaciones mínimas basadas en los registros oficiales. Las fuentes complementarias incluyen informes de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el Tribunal de Cuentas y análisis publicados por El Confidencial, elDiario.es y La Información.
El ranking: Los 10 ministerios que más gastan en asesoría externa
1. Ministerio de Defensa. El departamento que encabeza este ranking no sorprende a quienes siguen la contratación pública con atención. Defensa concentra año tras año el mayor volumen de contratos de consultoría y asistencia técnica del Gobierno: en 2024 superó, según estimaciones basadas en los registros de la PLACSP, los 280 millones de euros en servicios externos de diversa naturaleza. Una parte significativa corresponde a contratos TIC y de mantenimiento de sistemas de información, pero otra porción relevante va a consultoras estratégicas que asesoran en modernización organizativa, planificación de capacidades y adquisición de material. El incremento del presupuesto de Defensa derivado de los compromisos con la OTAN —España se ha comprometido a alcanzar el 2% del PIB en gasto militar— ha disparado también la demanda de asesoramiento externo para gestionar ese crecimiento.
2. Ministerio de Hacienda. El departamento encargado de controlar el gasto público es también uno de los que más gasta en consultoras externas. Hacienda externaliza principalmente servicios relacionados con la modernización de la Agencia Tributaria, el desarrollo de sistemas de facturación electrónica obligatoria —el proyecto Verifactu ha generado contratos millonarios— y la consultoría sobre reforma del sistema de financiación. Según datos del Portal de Transparencia, los contratos de asistencia técnica y servicios TIC adjudicados por Hacienda y sus organismos dependientes en 2024 superaron los 210 millones de euros. La dependencia de grandes consultoras tecnológicas para proyectos que deberían poder desarrollarse con capacidad interna es una crítica recurrente del Tribunal de Cuentas en sus informes anuales.
3. Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Este ministerio nació con el mandato de modernizar la Administración y reducir su dependencia tecnológica del sector privado, y ocupa el tercer puesto del ranking con un gasto estimado en asesores y consultoras que ronda los 190 millones de euros anuales. El departamento que debe liderar la soberanía tecnológica del Estado es uno de los que más externaliza. Los contratos con grandes firmas como Indra, Accenture, Deloitte o IBM para el desarrollo y mantenimiento de plataformas digitales del Estado —desde la sede electrónica hasta los sistemas de interoperabilidad entre administraciones— explican buena parte de esa cifra. La AIReF ha señalado en varias ocasiones que este tipo de dependencia estructural genera un riesgo de «captura tecnológica» por parte de los proveedores privados.
4. Ministerio de Industria y Turismo. La gestión de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) ha sido el principal motor del crecimiento del gasto en asesores externos en este departamento durante los últimos tres ejercicios. Industria ha necesitado reforzar su capacidad de gestión para tramitar miles de millones en ayudas y en lugar de ampliar plantilla de forma estructural ha optado mayoritariamente por contratar asistencia técnica externa. Los últimos datos disponibles sitúan el gasto en consultoría de este ministerio en torno a los 160 millones de euros en 2024, con contratos que abarcan desde la evaluación de proyectos industriales hasta la comunicación institucional de los programas de ayudas.
5. Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. La complejidad técnica de las políticas climáticas y energéticas, unida a la necesidad de cumplir con los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), ha convertido a este ministerio en cliente habitual de las grandes consultoras de estrategia y medioambiente. El gasto estimado en asesores externos ronda los 140 millones de euros anuales, con contratos que incluyen estudios de impacto ambiental, asesoramiento regulatorio para el despliegue de renovables y consultoría sobre el diseño del mercado eléctrico. Es uno de los departamentos donde la justificación técnica de la externalización es más sólida, dado que muchas de las materias requieren conocimiento especializado que no existe en número suficiente dentro del funcionariado.
6. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El volumen de gestión que soporta la Seguridad Social —más de 10 millones de pensionistas, millones de prestaciones activas y un sistema de cotizaciones de enorme complejidad— explica que este ministerio figure entre los mayores contratantes de servicios externos. El gasto estimado supera los 120 millones de euros anuales, concentrado sobre todo en el mantenimiento y desarrollo de los sistemas informáticos de la Tesorería General de la Seguridad Social y del SEPE. La externalización del desarrollo tecnológico en un organismo de esta envergadura tiene décadas de historia y crea una dependencia estructural difícil de revertir a corto plazo.
7. Ministerio de Sanidad. El ministerio coordinador del Sistema Nacional de Salud no gestiona directamente la asistencia sanitaria —esa competencia es autonómica—, pero externaliza de forma significativa funciones de análisis, evaluación y comunicación. El gasto en asesores externos se sitúa, según estimaciones basadas en la PLACSP, en torno a los 100 millones de euros anuales. Destacan los contratos con consultoras para la evaluación de tecnologías sanitarias, el diseño de campañas de salud pública y el asesoramiento sobre negociación de precios de medicamentos con la industria farmacéutica. Este último capítulo es especialmente sensible: España paga a consultoras privadas para que le ayuden a negociar con farmacéuticas privadas, una situación que genera conflictos de interés potenciales que el Tribunal de Cuentas ha señalado.
8. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. La elaboración de informes macroeconómicos, el seguimiento de los mercados financieros y el asesoramiento sobre regulación económica generan una demanda constante de servicios externos en este departamento. El gasto estimado ronda los 90 millones de euros anuales, con contratos que incluyen estudios de impacto regulatorio y la contratación de firmas internacionales para representar a España en negociaciones comerciales multilaterales. Llama la atención que un ministerio con acceso directo al Banco de España, la CNMV y el Banco Central Europeo necesite pagar adicionalmente a consultoras privadas para obtener análisis económicos.
9. Ministerio del Interior. La modernización tecnológica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la gestión de los sistemas de identificación biométrica y el desarrollo de plataformas de análisis de inteligencia policial explican la presencia de Interior en este ranking. El gasto estimado en asesores y consultoras externas se sitúa en torno a los 80 millones de euros anuales. Una parte relevante corresponde a contratos con empresas tecnológicas para el mantenimiento de sistemas críticos como el DNI electrónico, el sistema de información de Schengen o las plataformas de gestión de extranjería, que en los últimos años han acumulado retrasos y disfunciones documentadas por el Defensor del Pueblo.
10. Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Cierra el ranking un departamento cuyo gasto en asesores externos ha crecido de forma notable desde la aprobación de la LOMLOE y el impulso a la Formación Profesional. El gasto estimado supera los 65 millones de euros anuales, con contratos que incluyen el diseño curricular de nuevos ciclos formativos, la evaluación del sistema educativo y la consultoría para la implantación de sistemas digitales en los centros. Es el ministerio con menor gasto absoluto de este top 10, pero también el que presenta un mayor crecimiento relativo en los últimos tres ejercicios.
Patrones comunes: Qué tienen en común los ministerios que más externalizan
Si se observa el ranking en conjunto, emergen varios patrones estructurales. El más evidente es la intensidad tecnológica: todos los ministerios del top 10 gestionan sistemas informáticos de gran escala y complejidad. La Administración española lleva décadas construyendo una dependencia respecto a proveedores tecnológicos privados que es extremadamente difícil de deshacer. Cuando un sistema crítico —de pensiones, de recaudación fiscal, de gestión de fronteras— ha sido desarrollado y mantenido durante años por una empresa externa, cambiar de proveedor o internalizar el servicio implica un riesgo operacional que ningún responsable político quiere asumir. El resultado es una dependencia que se retroalimenta y que convierte a las grandes consultoras tecnológicas en actores con un poder de negociación enorme frente a la Administración.
El segundo patrón es la gestión de fondos europeos. Los ministerios que más han crecido en gasto de consultoría en los últimos tres años son precisamente los que han tenido que absorber y gestionar mayores volúmenes de fondos del PRTR. La Comisión Europea exige sistemas de seguimiento, evaluación y auditoría que la Administración española, con su estructura actual, no siempre puede cubrir con medios propios, y la solución adoptada de forma casi universal ha sido contratar asistencia técnica externa. Eso ha generado un mercado de cientos de millones de euros para las consultoras. La AIReF advirtió en 2023 que esta práctica, si no se acompaña de una transferencia real de conocimiento a los funcionarios, no deja capacidad instalada en el Estado una vez que los fondos europeos se agoten.
El tercer patrón, quizás el más incómodo políticamente, es la brecha entre el discurso y la práctica en materia de fortalecimiento del sector público. Varios de los ministerios que encabezan este ranking han protagonizado en los últimos años anuncios sobre la ampliación de plantillas funcionariales y la reducción de la temporalidad en el empleo público, pero los datos de contratación externa muestran que el recurso a consultoras privadas no ha disminuido en paralelo. Esto no implica necesariamente que las dos tendencias sean contradictorias —un Estado más grande puede necesitar más asesoramiento externo en áreas muy especializadas—, pero sí obliga a exigir una mayor transparencia sobre qué se externaliza, por qué y con qué resultados.
Lo que los datos no cuentan: El problema de la opacidad y la fragmentación
Uno de los mayores obstáculos para elaborar un ranking riguroso sobre este tema es la opacidad que rodea a una parte relevante de la contratación pública. La fragmentación de contratos —dividir un encargo en varios lotes por importes inferiores a los umbrales que exigen procedimientos más transparentes— es una práctica documentada por el Tribunal de Cuentas en sus informes de fiscalización. Cuando un ministerio adjudica quince contratos de 49.000 euros a la misma consultora en el mismo ejercicio, el gasto real queda diluido en los registros y resulta difícil de agregar. Las cifras que maneja este artículo son, en todos los casos, estimaciones mínimas: el gasto real podría ser significativamente mayor. La plena trazabilidad del gasto en consultoría externa requeriría una reforma del sistema de registro de contratos que el Gobierno lleva años prometiendo y que aún no se ha materializado de forma satisfactoria.
Otro elemento que los datos brutos no capturan es la calidad de los servicios contratados. Gastar más en asesores externos no es intrínsecamente malo: hay materias —ciberseguridad avanzada, derecho internacional, economía del comportamiento— donde el Estado español simplemente no tiene masa crítica de expertos internos y donde la contratación externa está plenamente justificada. El problema no es el gasto en sí, sino la ausencia de evaluación sistemática sobre si ese gasto genera valor real para el ciudadano o simplemente perpetúa una dependencia que beneficia a las grandes firmas de consultoría. España carece, a diferencia de Reino Unido o los Países Bajos, de un organismo independiente que evalúe de forma continua la eficacia del gasto en consultoría externa del Estado.
Si te interesa seguir la pista a cómo se gasta el dinero público en España, este ranking es solo una pieza de un puzzle mucho más grande. El gasto en asesores externos es un termómetro de la capacidad real del Estado: cuando sube sin control y sin rendición de cuentas, suele ser síntoma de que algo no funciona en la gestión interna de las administraciones. Y eso lo pagamos todos.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto dinero gasta España en asesores externos cada año?
Según el Registro de Contratos del Sector Público, la Administración General del Estado supera cada año los 1.000 millones de euros en contratos de consultoría, asistencia técnica y servicios profesionales externos. Esta cifra ha ido creciendo desde la pandemia sin señales de revertirse.
¿Qué ministerio gasta más en consultoras externas en España?
El Ministerio de Defensa encabeza el ranking, con más de 280 millones de euros en servicios externos durante 2024. Gran parte corresponde a contratos TIC y consultoría estratégica para modernización organizativa y adquisición de material.
¿Por qué Defensa ha aumentado tanto su gasto en asesoría externa?
El incremento se debe principalmente al compromiso de España con la OTAN de alcanzar el 2% del PIB en gasto militar. Este crecimiento presupuestario ha generado mayor demanda de asesoramiento externo para gestionar la expansión del departamento.
¿Cuándo se recogieron los datos de este ranking de ministerios?
El ranking se basa en contratos adjudicados durante el ejercicio 2024 y los primeros meses de 2025, que son los últimos datos consolidados disponibles a fecha de publicación. Las fuentes principales son la Plataforma de Contratación del Sector Público y el Portal de Transparencia del Gobierno de España.
¿Es legal que los ministerios contraten consultoras para hacer trabajo que ya hacen los funcionarios?
Sí, es legal siempre que se sigan los procedimientos de contratación pública establecidos. Sin embargo, organismos como el Tribunal de Cuentas y la AIReF han señalado problemas de control y transparencia en este tipo de contratos, especialmente cuando se fragmentan para evitar controles más estrictos.
¿Para qué usa Hacienda el dinero en consultoras externas si se supone que controla el gasto público?
Hacienda externaliza principalmente servicios de modernización de la Agencia Tributaria, desarrollo de sistemas como el proyecto Verifactu de facturación electrónica obligatoria y consultoría sobre reforma del sistema de financiación. La paradoja de que el ministerio que fiscaliza el gasto sea también gran consumidor de consultoras es uno de los puntos más debatidos en el análisis de la contratación pública española.
Buena imagen de IA, frikis.