Si hay un ranking en el que España lidera sin discusión en la Unión Europea, ese es el de la voracidad fiscal. Según el Informe Anual sobre Fiscalidad 2026 que la Comisión Europea publicó este viernes, España es el país donde más ha subido la presión fiscal de toda la UE en la última década: 2,9 puntos porcentuales del PIB entre 2015-2019 y 2020-2024. Ni Lituania ni Luxemburgo, con subidas de 2,3 y 2,2 puntos respectivamente, se acercan al ritmo recaudatorio impuesto por el Ejecutivo español.
Y el dato que debería encender todas las alarmas es de dónde sale ese dinero: casi en su totalidad, de los impuestos sobre el trabajo. Mientras el capital apenas ha notado el aumento y el consumo incluso ha aportado menos, ha sido el trabajador —el que cobra una nómina— quien ha cargado sobre sus espaldas el grueso de este incremento histórico. Un modelo que castiga sistemáticamente al empleo mientras otras figuras impositivas quedan prácticamente intactas.
Por si fuera poco, Bruselas recuerda que España es ya el único país de toda la Unión Europea que mantiene un impuesto sobre el patrimonio neto, una rareza fiscal que ni siquiera el resto de socios comunitarios, muchos con gobiernos también intervencionistas, se atreven a sostener. La propia Comisión advierte de que su eficacia real es más que dudosa y depende de una capacidad administrativa que en España, con la dispersión autonómica existente, dista de estar garantizada.
A esto se suma un mapa fiscal fragmentado: España es uno de los cuatro países de la UE, junto a Alemania, Bélgica y Austria, donde las comunidades autónomas gestionan capacidad recaudatoria propia, concentrando el 16,9% de los ingresos tributarios totales. Un diseño que multiplica la presión sobre el contribuyente y complica cualquier intento de simplificación o alivio fiscal coordinado.
El Gobierno podrá argumentar que, pese a todo, España sigue por debajo de la media de la eurozona (36,8% del PIB en 2024 frente al 39,8% europeo). Pero ese argumento se sostiene cada vez menos: la brecha se está cerrando a marchas forzadas. Si en 2025 la presión fiscal ya subió al 37,8%, Bruselas prevé que siga escalando hasta el 38,2% en 2026 y el 38,4% en 2027, mientras la eurozona se mantiene prácticamente estancada en el 40,6%. A este ritmo, no es difícil imaginar en qué año España alcance —o supere— la media comunitaria, y todo apunta a que serán, una vez más, los trabajadores quienes paguen la factura.