La tasa de riesgo de pobreza es un indicador europeo armonizado que mide cuántas personas perciben ingresos inferiores al 60% de la mediana nacional. No habla de pobreza extrema en un sentido absoluto, sino de desigualdad y de la capacidad real de los ciudadanos para integrarse en las dinámicas de consumo y bienestar de sus respectivos países. Al analizar los datos consolidados de 2025, el tablero europeo muestra brechas geográficas y estructurales muy marcadas entre el norte y el sur del continente.
A la cabeza de la estabilidad se sitúan Irlanda, con un 13%, y los Países Bajos, con un 13,4%. Ambos estados comparten modelos económicos basados en una alta productividad y mercados laborales dinámicos, aunque con matices importantes. El caso de Irlanda destaca porque, a pesar de las distorsiones que a veces genera la presencia de grandes corporaciones tecnológicas en sus cifras de PIB, las transferencias sociales y las políticas de empleo logran mantener un porcentaje de vulnerabilidad relativamente bajo. Por su parte, los Países Bajos sostienen su estructura gracias a una red de seguridad social consolidada y una alta tasa de empleo a tiempo parcial que facilita la inserción laboral, reduciendo el desamparo financiero inmediato.
En el tramo intermedio, con cifras que oscilan entre el 15% y el 17%, se encuentra el núcleo motor de la Unión Europea junto con algunas sorpresas del norte y el oeste. Portugal registra un 15,4%, una cifra que refleja una mejoría sostenida en sus indicadores sociales durante la última década, aproximándose a los estándares de sus vecinos septentrionales. Suecia, tradicional referente del estado del bienestar, se sitúa en un 15,6%. Este dato confirma una tendencia que los analistas llevan tiempo observando: el incremento de la desigualdad interna debido a las mutaciones en su mercado de trabajo y los retos de integración de la población inmigrante. Alemania, con un 16,1%, y Francia, con un 16,3%, evidencian que el tamaño de la economía no inmuniza contra la precariedad. El peso de los minijobs en suelo germano y la cronificación del desempleo en ciertos suburbios franceses explican que casi uno de cada seis ciudadanos en ambos motores económicos viva al límite del umbral de riesgo.
La situación se vuelve considerablemente más compleja al descender hacia el área mediterránea. Italia registra un 18,6%, lastrada por una dualidad histórica insalvable entre un norte industrializado y un sur con un mercado laboral severamente deprimido y altas tasas de informalidad. Cierra la lista España, que con un 19,5% presenta el peor registro de este grupo de economías analizadas.
El dato de España pone de manifiesto carencias estructurales que el país arrastra desde hace décadas. El mercado de trabajo español se caracteriza por una temporalidad que, a pesar de los cambios normativos, sigue penalizando a los sectores de menor cualificación. A esto se suma el impacto de la inflación acumulada en los bienes de primera necesidad y las dificultades de acceso a la vivienda, factores que merman el poder adquisitivo de las familias con rentas medias y bajas. Los mecanismos de protección social, como el Ingreso Mínimo Vital o las rentas autonómicas, actúan como amortiguadores, pero su alcance actual resulta insuficiente para sacar a este casi 20% de la población de la zona de peligro estadístico. Los datos demuestran que el crecimiento macroeconómico no se traduce de manera automática en cohesión social si no se corrigen los desequilibrios en el empleo y los salarios.