Montse Cespedosa ha puesto sobre la mesa lo que muchos medios tradicionales pasan por alto: los bancos están endureciendo los criterios para conceder hipotecas en este último trimestre del año, justo cuando más familias intentan cerrar operaciones de compra. ¿La razón? Han cumplido ya sus objetivos comerciales y no quieren asumir más riesgo. Pero, ¿dónde está el Gobierno ante este nuevo cierre de grifo? Como siempre, desaparecido, sin anticipación, sin control y sin medidas de peso.
La situación es tan absurda como injusta: los ciudadanos deben demostrar solvencias casi imposibles mientras los bancos operan con total impunidad, respaldados por años de laxitud regulatoria y una banca pública que sigue sin existir.
Tasaciones a la baja y normativas que complican aún más el proceso
Uno de los puntos más preocupantes que destaca Cespedosa es el efecto de la normativa que entró en vigor el pasado 12 de agosto: la obligatoriedad del certificado de eficiencia energética en la tasación. Según la experta, este nuevo requisito está provocando tasaciones más bajas de lo esperado, lo que en muchos casos tumba directamente la concesión del préstamo.
Y aquí vuelve a evidenciarse la desconexión del Ejecutivo: se legisla sin pensar en el impacto real en las familias, sin ofrecer alternativas, sin campañas informativas, sin red de seguridad. La falta de previsión y coordinación entre políticas climáticas y políticas de vivienda solo suma obstáculos a quienes ya lo tienen difícil para acceder a una casa.
Los bancos aprietan: más saldo, menos deudas y ni un error en la cuenta
Cespedosa lo dice claro: quien aspire a una hipoteca debe presentarse ante el banco como un cliente impecable. Eso implica no tener pagos atrasados, ni préstamos personales con cuotas altas, ni tarjetas con mucho movimiento. Y, por supuesto, tener un saldo mínimo de cuatro cifras. De lo contrario, la puerta se cierra.
Pero, ¿de qué sirve pedir austeridad al ciudadano cuando no se le ofrece estabilidad económica, ni acceso a vivienda pública real, ni control de precios en alquiler o compraventa? La presión recae siempre en el mismo lado de la balanza, mientras la política de vivienda del Estado sigue sin asumir el problema estructural que tenemos: un mercado profundamente desequilibrado en favor de los grandes tenedores y las entidades financieras.
Planes a futuro que no resuelven el presente
El Gobierno y algunas comunidades autónomas, como Madrid, han anunciado nuevos “planes de choque” para jóvenes y menores de 50 años. Hipotecas al 100%, ayudas para alquiler con opción a compra, o incentivos para vivienda rural. Todo con horizonte en 2026 o 2030. Palabras, promesas, anuncios… pero cero impacto en el presente.
¿De qué sirve ofrecer hipotecas al 100% en 2027 si hoy una pareja no puede pagar la entrada? ¿Qué sentido tiene hablar de vivienda protegida cuando ni siquiera hay parque público suficiente para cubrir la demanda? Estas políticas llegan tarde, mal enfocadas y con una alarmante desconexión del día a día de las personas.
Una generación atrapada entre anuncios y realidades
España ha pasado de ser el país de los propietarios al país de los resignados. Jóvenes que no se emancipan, adultos que vuelven a casa de sus padres, familias atrapadas en alquileres imposibles. Y mientras tanto, el Gobierno sigue gestionando la vivienda como si fuera un problema coyuntural, cuando ya es una emergencia estructural.
No basta con lanzar ayudas parciales o promesas a futuro. Hace falta una política de vivienda valiente, coordinada y contundente que regule el crédito, refuerce la oferta pública, limite la especulación y exija responsabilidades a una banca que sigue haciendo caja mientras deja fuera a quienes más necesitan un hogar.