Desde su creación en 1913, la Reserva Federal (Fed) se diseñó para ser independiente y difícil de controlar políticamente. Sus gobernadores tienen mandatos de 14 años y el poder se reparte entre una Junta en Washington con siete miembros nombrados por el presidente y 12 bancos regionales distribuidos por el país. Este equilibrio buscaba impedir que un solo líder pudiera manipular la política monetaria a su conveniencia.
Sin embargo, existe un punto débil: cada cinco años los presidentes de los 12 bancos regionales deben ser revalidados por la Junta de Washington. Hasta ahora, este trámite ha sido casi ceremonial: nunca se ha destituido a un presidente regional en ese proceso. Pero Trump, acostumbrado a romper precedentes, podría aprovecharlo para forzar un relevo masivo y colocar en esos puestos a personas leales a su Casa Blanca.
El caso Lisa Cook: la chispa del conflicto
La economista Lisa Cook, una de las actuales gobernadoras de la Fed, se ha convertido en el epicentro de la batalla. Trump ha intentado destituirla, aunque la ley no deja claro si el presidente tiene ese poder sobre los miembros de la Junta. El caso está en los tribunales, y de su desenlace dependerá si Trump puede remodelar el organismo a su medida.
De lograrlo, el Trump podría alcanzar una mayoría en la Junta, bloqueando las revalidaciones de los bancos regionales y nombrando directivos alineados con él. En la práctica, eso supondría tener el control directo de la política monetaria, los tipos de interés, la regulación bancaria y hasta las líneas de crédito de emergencia que la Fed puede abrir para empresas y entidades financieras.
A nivel mundial la cosa no está mucho mejor. En Turquía, el presidente Recep Tayyip Erdoğan forzó al banco central a mantener tipos de interés bajos contra toda lógica económica, lo que disparó la inflación hasta superar el 80 %. En Hungría, el primer ministro Viktor Orbán también sometió al banco central a su control político, con resultados similares: inflación desbocada y recesiones intermitentes.
Trump, que ha elogiado públicamente a Orbán, parece dispuesto a recorrer un camino parecido, pese a las advertencias de los economistas sobre los riesgos de inflación, volatilidad financiera y pérdida de credibilidad internacional.
No sería la primera vez que la Fed cede a la presión política. En los años 70, el presidente Richard Nixon presionó al entonces presidente de la Fed, Arthur Burns, para que bajara los tipos de interés antes de su reelección. La medida funcionó a corto plazo, pero provocó una década de inflación alta que solo se frenó cuando Paul Volcker subió los tipos hasta el 20 % en los 80, provocando una recesión profunda.
Ese episodio es un recordatorio de lo caro que puede salir confundir las prioridades políticas con las económicas.
La última línea de defensa está en el Capitolio. El Senado puede bloquear los nombramientos de Trump y aprobar reformas para reforzar la independencia de la Fed. Pero si la mayoría republicana decide respaldar al expresidente sin objeciones, Estados Unidos podría perder de facto uno de sus contrapesos institucionales más importantes.
El riesgo es claro: una Reserva Federal convertida en brazo político del Ejecutivo tendría poder para manipular los mercados, sostener artificialmente la economía en año electoral o incluso respaldar proyectos arriesgados como una criptomoneda presidencial.