Ayer finalmente se aprobó en el senado la ley de vivienda, esa que según el gobierno permitirá que «la vivienda deja de ser un bien de lujo y se convierte en un derecho».  Sin embargo hay bastantes dudas de que se logre ese objetivo y según el Consejo General de Economistas esta ley no es ni conveniente ni apropiada, principalmente porque el control de los precios de alquiler podría disminuir la oferta y obstaculizar el acceso a la vivienda para muchos inquilinos, especialmente los de rentas más bajas.

Otra objeción que ponen es la  la definición propuesta de «gran tenedor», que permite a las comunidades autónomas reducir la definición de «gran tenedor» de 10 a 5 viviendas en zonas de alta demanda, esto desalentará a los propietarios con un número considerable de viviendas.

Además de estos problemas, los economistas anticipan un aumento de la inseguridad jurídica debido a la ampliación de las medidas de protección contra los desahucios.

No todo iban a ser palos y observan algunos aspectos positivos en la ley, como la inclusión de una nueva categoría de vivienda asequible y cambios en los beneficios fiscales para los propietarios. Lamentan que la ley «no ha sido suficientemente debatida durante su tramitación» y requeriría de un un pacto de Estado entre los principales partidos políticos».

Finalmente, los expertos expresan su escepticismo sobre la fiabilidad del futuro índice para establecer los precios de alquiler, debido a la variabilidad en tamaño, ubicación y tipología del parque de alquiler.

La experiencia nos dice que la introducción de controles sobre los precios de alquiler no funciona y proponen aportar terrenos públicos para la construcción de viviendas de alquiler asequibles, proporcionar incentivos a la iniciativa privada para la promoción de viviendas asequibles, y establecer un sistema de subsidios de alquiler para las familias con ingresos más bajos. También abogan por simplificar y reducir los plazos de gestión administrativa y por rebajar significativamente los impuestos que gravan la vivienda.

Quizás el problema de la vivienda no se arregle con algo tan sencillo como una ley y requiera de acciones complejas como  la construcción de más vivienda pública para el alquiler.