El mal nuestro de toda la vida

Recientemente, el historiador e hispanista inglés, Paul Preston, uno de los pocos que rompen la arraigada tendencia a desprestigiar a nuestro país para poder ensalzar al suyo, ha publicado un nuevo libro. Con un nombre tan vehemente como “Un pueblo traicionado”, explica cómo una élite política y financiera corrupta ha lastrado el desarrollo de nuestro país desde tiempos inmemoriales.

Desde su punto de vista, nuestro país parece condenado a la mediocridad, a repetir los mismos errores una y otra vez, todo ello debido a la corrupción endémica que nuestro país arrastra, y que, en los 140 años que abarca el análisis del libro, parece haberse agudizado, de modo que unas élites políticas, financieras y empresariales han bloqueado cualquier intento de modernizar y reformar el país para homologarlo con los demás estados europeos.

Así, problemas como las sucesivas repeticiones de elecciones, las grandes estafas bancarias y hasta los conflictos territoriales de las nacionalidades históricas no son sino el último capítulo de una tradición que arranca de mucho tiempo atrás. Esta lacra, que no es sino la existencia de una casta corrupta, es analizada en el libro desde el caciquismo del siglo XIX, fomentado por el sistema bipartidista liberal-conservador de la Restauración borbónica, hasta la rapacidad del exministro Rato, hasta no hace tanto encumbrado como padre del milagro económico español, o los chanchullos del “yernísimo” Urdangarín.

Y digiriendo esto, llegan y hacen pública la sentencia de los ERE de Andalucía (donde, por cierto, a lo mejor sí hubo un poco de caciquismo) y nos encontramos que buena parte del Gobierno socialista que había estado al frente de la Comunidad Autónoma desde su creación, resulta que son culpables de la mayor estafa al conjunto de una sociedad de nuestra historia por importe, por duración y por impacto social.

Ya hace unos años un estudio de la Universidad de Las Palmas ideó un nuevo método para ponerle una cifra al coste de la corrupción en España. La cifra en concreto es de 40.000 millones de euros al año (precios del 2008) y se obtuvo, según los autores del estudio, con una nueva metodología que “permite reducir los problemas de subjetividad en la percepción de la corrupción cuando se usan encuestas a expertos o a ciudadanos”. Con este método se incluía la corrupción que no sale a la luz, por ser desconocida o no haber pasado por un juicio, así como costes que no se incluyen en el resto de los medidores, como el desánimo a invertir a causa de la corrupción. A día de hoy esta cifra podría quedarse corta.

Lo que también está claro es que esta abultada cifra no incluye (porque es imposible de calcular) partidas como los costes de oportunidad, o los costes de las diligencias e investigaciones de los propios casos de corrupción, que ocupan recursos de unos juzgados saturados de trabajo y con menos medios que nunca debido a los recortes. Como tampoco mide los costes de aquellas acciones de políticos y empresas donde la corrupción no estuvo en el desvío de fondos, sino en la mala planificación, peor ejecución y control y ninguna consecuencia, como son la construcción de aeropuertos sin aviones, polideportivos sin público y obras públicas que multiplicaron sus costes por previsiones mal hechas y por decisiones que en nada tuvieron en cuenta a aquellos que al final debían de pagar la factura. En este caso la corrupción está en la propia creación de esos proyectos inútiles o en los sobrecostes que toda obra pública parece llevar siempre asociados, sin que nadie necesariamente desvíe fondos.

El caso es que nuestro país, en un ranking que abarca los 150 países sobre los que hay datos fiables, está en el puesto número 50, lo que viene a significar que somos víctimas de una corrupción estructural, que se define, más que como un mero sinónimo de soborno o extorsión, en un diferencial de poder en el que predomina el abuso, la impunidad y la apropiación indebida de recursos. Es decir, es un tema económico, por supuesto, pero también es una forma específica de dominación social, susceptible de existir, tanto en el sector público, como en el privado, como en connivencia con ambos, que suele ser lo habitual. Por tanto, hay que entender que el objetivo final de un corrupto puede ser, no tanto el beneficio económico como la acumulación de poder y privilegios de forma ilegítima.

Volviendo al hilo principal del libro, según el autor en algunas de sus conclusiones, nuestros mandatarios y responsables políticos rara vez han estado a la altura. Siempre hemos tenido reyes ineptos, políticos apocados, militares incompetentes, analfabetos enriquecidos con la miseria del pueblo, validos codiciosos, camarillas serviles y empresarios y banqueros sin escrúpulos que nunca tuvieron en mente sino su propia riqueza.

Y este ha sido y es el mal endémico que arrastramos. De la lista de arriba, escójase lo que se quiera para definir nuestro Gobierno actual. En enero, a las urnas.