Los datos del Eurobarómetro y la percepción de la corrupción

Tras conocerse los resultados del Eurobarómetro (PDF) acerca de la percepción de la corrupción en España, los resultados siguen siendo desoladores. El 80% de los españoles denuncian que la corrupción es “generalizada” en el seno de los partidos políticos y el 74% la percibe entre los propios políticos -nacionales, regionales y locales-, los porcentajes más elevados en toda la UE.

Estos resultados son muy superiores a la media, que sitúa en el 56% el porcentaje de europeos que cree que la corrupción es generalizada en la política de su país. Igualmente, este porcentaje de nuestro país  es seguido de cerca por países como Francia y Portugal, con un 76% y un 72%, respectivamente. En el polo contrario se encuentran suecos (nada raro) y polacos, con un 36 y un 34% respectivamente.

Pero además, nuestro país está en el grupo de cabeza de los europeos que piensan que la corrupción está extendida en todos los ámbitos, tanto de la administración, como de los bancos e instituciones financieras. De hecho, unos de los entornos en los que los ciudadanos españoles perciben más corrupción es entre las autoridades responsables de la concesión de contratos públicos y permisos de construcción.

Rematando, los españoles son los segundos en la UE que más creen que la corrupción ha aumentado en los últimos tres años en su país (63%), sólo por detrás de los chipriotas (68%). La media europea se queda en el 43% y el 36% de los europeos creen que el nivel de corrupción no ha variado.

Ante estos resultados, y teniendo en cuenta que este tema quedó en segundo plano desde que comenzó el culebrón de Cataluña, se habla de la implantación de una serie de medidas.

La primera ya tuvo lugar en 2003 dentro del seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 58/4, que aprobó celebrar a nivel mundial en 9 de diciembre el Día Internacional contra la Corrupción, que debe ser algo así como el día en que los corruptos lo siguen siendo, pero se esfuerzan en serlo menos. Una pena que este año haya sido sábado.

El caso es que Transparencia Internacional España ha aprovechado, tanto el resultado del informe, como la solemnidad de la fecha, para proponer 20 medidas urgentes (la propuesta, que la aplicación no puede serlo tanto) para combatir la corrupción.

Entre ellas destacan la promoción de la despolitización de los órganos constitucionales, así como la reducción del excesivo poder de los partidos políticos en la sociedad. Igualmente una medida ya solicitada hace bastante tiempo, como es la reducción de los aforamientos, tanto en número, como a las características del mismo.

A nivel de disposiciones legales, destaca la prohibición expresa de conceder indultos cuando el delito sea por corrupción, así como la introducción de la figura del delito por “enriquecimiento ilícito”. También aboga por la aprobación definitiva del Reglamento que desarrolla la Ley de Transparencia, que lleva paralizada cuatro años.

Entre las medidas propuestas también figuran: una ley de protección a los denunciantes, regular los lobbies, más transparencia en los partidos y eliminar el sistema de libre designación de los secretarios, interventores y tesoreros en la administración local. Desde la ONG, creen que la educación de los ciudadanos es la “solución más efectiva” y que las empresas públicas también tienen que aplicar la transparencia.

Entre otra serie de medidas, de menor importancia, pero más efectistas de cara a la fidelización de un electorado que se desangra, está la lanzada por la formación Podemos que, a través de una campaña denominada “que devuelvan lo robado”, puntualizaban que «a cada persona de este país le roban 2.000 euros al año en corrupción». La campaña incide en que se haga justicia, haciendo hincapié en la devolución del dinero malversado. Obviamente, en el punto de mira el PP es el más salpicado.

En cuanto a esta cifra que plantea Podemos, proviene de un estudio elaborado el 23 de Febrero de 2015 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. En dicho informe la CNMC proporciona una estimación de los sobrecostes por la falta de competencia en las licitaciones públicas. Esta cifra es el resultado de analizar y evaluar el impacto de diferentes componentes a la hora de ejecutar el provisionamiento público de bienes y servicios de la administración pública, esto es, las adjudicaciones de obras públicas, las concesiones, la contratación de servicios por parte de las administraciones, etc.

La falta de transparencia en el proceso de planificación y adjudicación de contratos (sean para grandes obras públicas o para contratos menores para proveedores locales) genera ineficiencias y, en el peor de los casos, abre un espacio para la corrupción. La contratación pública tiene un volumen en torno al 15% del PIB (OCDE 2011), por lo que estos problemas tienen un impacto millonario en el bolsillo de los españoles año tras año.

Sin embargo a raíz de este informe, múltiples medios de comunicación interpretan de manera ligeramente diferente sus conclusiones, estimando en 47.500 millones de €, un 4,6% del PIB, el coste de la corrupción en nuestro país. Según el informe, se estaría pagando un 25% más de dinero en la contratación pública de lo que se debería.

Sin embargo, a la hora de interpretar estos datos hay que tener en cuenta que lo analizado no es el coste de la corrupción en sí, sino la pérdida de eficiencia económica, que conlleva un desaprovechamiento de los recursos públicos. Señalando como posibles causas de corrupción los siguientes factores:

1. Elevadas barreras de entrada:grandes costos de inversión que limitan a muy pocos ofertantes.
2. Multiciplidad de órganos de contratación:En España hay más de 20.000 entes públicos contratantes, pero sólo 4.000 de ellos publican los contratos adjudicados en una plataforma como exige la ley.
3. Heterogeneidad de procedimientos y complejas curvas de aprendizaje:se estima que en 2009 se realizaron más de 2 millones de procedimientos por año para la adjudicación de contratos públicos en el ámbito europeo de acuerdo a comisión europea.
4. Problemas de información asimétrica:solo unos pocos tienen toda la información necesaria para una correcta licitación.

Lo que queda claro es pueden ser varias las posibles causas de ineficiencia que pueden dar lugar a riesgo de corrupción, pero es evidente que no toda ineficiencia es corrupción a la vista de los factores analizados por la institución.

Por otro lado, el informe de la CNMC construye su análisis con una metodología muy deficiente. Tan deficiente como que no existe metodología. Esta institución utiliza dos variables: 18,5% de PIB relativo a contratación pública en 2013 (194.000 millones de € anuales), y un alza de presupuesto público general del 25% como consecuencia de estas ineficiencias.

En cuanto al 18,5%, es la estimación de contratación pública en España de acuerdo al Observatorio de Contratación Pública. Según la OCDE, esta cifra fue del 10% en el mismo año. Y no se explica ni de donde sale el 18,5%, ni por qué no se utilizan los datos de la OCDE.

En cuanto al 25% de sobrecosto que las administraciones públicas estarían asignando de manera sistemática en las licitaciones públicas, proviene de la organización sin ánimo de lucro Transparencia Internacional, siendo un dato que no es una cifra específica para España, y además se emite sin publicar metodología, ni fuente de datos.