Articulos - 19 julio 2016

Los ajustes del Gobierno en funciones

Manuel González 19 julio 2016

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Al margen del nada edificante espectáculo que nuestro país está ofreciendo, algo que en realidad nos debería dar igual, que en todas partes cuecen habas, el hecho de que la posibilidad de unas terceras elecciones se empiece a ver como algo no descartable, puede tener algunas complicaciones que afectarían gravemente a nuestros bolsillos. Para empezar el coste directo, otros ciento y pico millones de euros por el sumidero, con lo cual estaríamos hablando de casi 500 millones de euros de gastos electorales en un año. Por no hablar de la cada vez mayor desafección a la clase política y que tendría seguramente su mayor expresión si los líderes de las cuatro fuerzas principales fuesen incapaces de llegar a un acuerdo de gobierno.

Pero los costes irán más allá, ya Montoro ha advertido que “sin Gobierno no hay presupuestos”, por lo que, si la situación de gobierno en funciones se alarga más allá de principios de agosto, se comprometerá la elaboración de los presupuestos del 2017, con lo que se tendrían que prorrogar los de este año. Las consecuencias podrían ser sumamente graves en nuestra economía; no hay que olvidar que Bruselas nos tiene bajo vigilancia: estamos por recibir una multa por nuestros “esfuerzos insuficientes en la reducción del déficit público” por un lado, por otro, los presupuestos del 2016 no gustaron en Europa y se pedían reajustes al gobierno entrante (algo a lo que se comprometió Rajoy). Y ahora resultará que tendremos, no sólo que dar por buenos los del 2016, sino que además quizás también prorrogarlos para el 2017. Con ese panorama, según Funcas (el Panel de la Fundación de las Cajas de Ahorro) el desvío del déficit amenaza este año con irse al 4,1% del PIB, el Gobierno en funciones poco podrá hacer para ajustar nada y el déficit volverá a situarse en el mismo nivel en 2017 y excederá en 16.000 millones el tope que exige Bruselas.

Por no hablar del déficit de la Seguridad Social. Con una partida de pensiones que crece cada año a un ritmo del 3% y sin medidas que alivien un desvío perenne de más de 15.000 millones, las posibilidades de bajar el déficit serán casi nulas.

A estas alturas del año, poco es lo que un Gobierno en funciones puede hacer, salvo intentar recortar el gasto todo lo posible. Con este fin, se adelantará el cierre de los presupuestos del 2016 al 20 de julio, es decir cuatro meses antes de lo previsto, para hacer efectivos los compromisos adquiridos con la Comisión Europea y asegurar el cumplimiento de los objetivos de Estabilidad Presupuestaria. Es decir, cerramos el grifo a cualquier gasto no indispensable. La limitación de gastos no afectará a las pensiones, las prestaciones por desempleo, los gastos de personal o la deuda pública, ni tampoco a otros gastos establecidos por normas legales o reglamentarias o que puedan ser autorizados o aprobados por el Consejo de Ministros. Tampoco a los pagos de compromisos ya asumidos por la Administración, que podrán realizarse hasta el 30 de diciembre para evitar que queden facturas pendientes de pago.

Otra de las medidas puesta en marcha fue el acuerdo de no disponibilidad de créditos en el Presupuesto del Estado para 2016 por importe de 2.000 millones de euros, equivalente a una reducción del 3% del presupuesto de los ministerios, de los que Fomento asumió la mayor parte.

Pero lo más esperpéntico de los métodos de ahorro puede venir de medidas como la vista en la base aérea de Los Llanos, en Albacete, en la que 12 aviones Eurofighter están almacenados sin que el Ministerio de Defensa acepte todavía ser su propietario para no incurrir en un gasto que descontrole aún más las cuentas públicas. Estos 12 aviones, valorados en 1000 millones de euros, han sido fabricados por encargo de España, pero, para evitar su reflejo en la Contabilidad Nacional, se evita su recepción oficial, con lo que siguen perteneciendo a Nefmo, que es el organismo de la OTAN encargado de gestionar los Eurofighter y que tendrá el título legal sobre los aviones hasta que sean formalmente aceptados por España, aunque estén almacenados y custodiados por el Estado en la citada base aérea. Así, de los 73 cazas que se pretendía comprar, sólo hemos comprado 47, doce los tenemos “congelados”, y no hay dinero para más. Otro tanto ocurre con el programa de compra de helicópteros y con el de carros de combate.

El caso es que como no se llegue cuanto antes a un acuerdo de gobierno (sea quien sea el que lo presida), el único color que conoceremos en breve no será azul, naranja, rojo o violeta, sino quizás la mezcla de los cuatro, que vendrá a ser así como un marrón oscuro, tirando a muy negro.