Este año no he tenido vacaciones propiamente dichas pero sí he estado casi dos meses viajando por varios puntos de España. El motivo en principio no era nada altruista, y aquí abro un paréntesis: quería investigar –para un proyecto literario de investigación- los supuestos robos de niños recién nacidos que al parecer han sucedido en nuestro país durante décadas. Pero una vez conocidos casos concretos, pruebas documentales, ocultismo de las autoridades y, sobre todo, tras ver cómo madres casi ancianas están literalmente trastornadas imaginando cómo será y dónde estará aquella criatura que hace 30 o 40 años le dijeron que había fallecido y que en realidad fue secuestrada para ser entregada a otros padres, no he podido evitar implicarme e intentar ayudar a esclarecer los hechos. Estamos hablando de decenas de milesde casos durante décadas (hay denuncias de los ´90), probablemente el mayor delito global ocurrido en España desde la Guerra Civil y en el que aún se pueden encontrar víctimas y culpables y sin embargo apenas se destinan fondos para su resolución. Para colmo, varios jueces han dictaminado el archivo de las causas porque los niños son ya mayores de edad, como si el secuestro pudiera prescribir…Y cierro el paréntesis y perdón por la digresión.

El caso es que entre tanto viaje y tanta conversación bien con empleados municipales bien con simples ciudadanos he podido formarme una idea de la mala situación económica de muchos ayuntamientos. En concreto, un conocido mío acababa de ser elegido concejal y me comentaba la imposibilidad de reducir la deuda heredada por administraciones anteriores, el alto coste de los empleados municipales y ejemplos constantes de despilfarro. Aparte de ser el típico discurso de echar las culpas al que estuvo antes, lo cierto es que me enseñó los números y claramente no cuadraban. Un consistorio que debido al parón inmobiliario lleva 4 años reduciendo ingresos apenas puede renegociar las deudas –a costa de más intereses- que tiene, debe soportar un coste en salarios desorbitado por convenios aprobados por otra administración que incluían revalorizaciones por antigüedad que elevan el coste muy por encima de IPC y –si es honesto- debe reducir todos los gastos aún a costa de que los electores piensen que no hacen nada. Pero el sistema es el que es y –como vimos en la Marbella de Gil- la gente prefiere votar a quien gasta –aunque la deuda se convierta en insostenible y aunque se salte la ley- que a quien ahorra. Este conocido argumentaba que la única solución venía de la intervención de la Administración Central, cambiando por ley los convenios (o estableciendo topes salariales para que no hubiera empleados de un municipio de 60 mil habitantes cobrando más de 100 mil euros al año por ejemplo) y asumiendo de alguna forma el coste de los créditos que se deben…no estoy de acuerdo pero puede que –al igual que muchas comunidades autónomas que no pueden pagar sus servicios transferidos y ahora los quieren devolver- acabe por ser la única solución… Luego está el tema de las comparaciones, por ejemplo dos municipios con la misma población y distantes unas pocas decenas de kilómetros tienen uno 700 empleados públicos y otro 2000.

El problema local es mucho más complejo de lo que parece porque está demostrado que quien llega a alcalde no lo hace por sus méritos sino por lo bien que medra dentro de su partido político (y aún peor si es un independiente) y llegan al cargo personas sin ningún conocimiento de gestión y además respaldados por muchísimos votantes. Baste como ejemplo Córdoba capital donde el partido de un constructor imputado por corrupción -y que se jactaba en campaña de no haber leído un libro en su vida- consiguió 5 concejales. Con esto queda claro que la responsabilidad no es sólo de los políticos pero es cierto que al menos los grandes partidos deberían cambiar su formas de elegir candidatos, ¿Tan difícil es obligar a todos los aspirantes a un curso de gestión municipal básico que se deba aprobar antes de ir en alguna lista? En lugar de eso no castigan la corrupción y utilizan las diputaciones como salida laboral para algunos miembros que no han obtenido escaño allí donde se presentaban. La percepción que el español medio recibe de la Administración fuera de las grandes ciudades viene en gran parte por la labor del equipo municipal de gobierno y lo que ve es –en términos generales- desalentador. No sólo el coste económico de la mala gestión ha contribuido a la quiebra de muchas pymes y a muchos despidos, la corrupción y el amiguismo ha influido en contaminar la educación civil de la sociedad.

Este agosto ha sido muy negativo para España: países extranjeros –a través del BCE- se han visto obligados a comprar nuestra deuda porque no convencemos a los inversores, la bolsa bajó tanto que se intentó frenar prohibiendo las ventas especulativas, nos pasamos todo el mes con más del 25% de posibilidades de impago (aunque ya sea algo habitual es muy grave), volvió a crecer el paro…eso sin comentar los cambios legislativos que amplían la temporalidad laboral por ejemplo. Septiembre no ha empezado mejor, con noticias tan insólitas como que la CAM ganó 40 millones de euros el primer trimestre, lo interviene Banco de España y de repente sus pérdidas son de 1136 millones (y con una morosidad del 19%), dando credibilidad a todas las dudas que existen sobre los “cadáveres” ocultos del sistema financiero español y sobre la incapacidad de gestores, auditores y controladores.

Hasta casi enero no tendremos un nuevo equipo ejecutivo en la Administración central al que esperemos le vaya muy bien pero aún queda un largo trimestre para eso y me da miedo que pase lo que en la mayoría de ayuntamientos tras las elecciones de Mayo: cambian las personas, quizás las políticas a corto plazo pero seguimos dando por bueno el sistema que nos ha traído a esta situación sin arreglar sus defectos. Y uno de ellos es desde luego el que un equipo ejecutivo, sea municipal, autonómico o estatal, piense más en la reelección que en la correcta gestión de los bienes públicos.